Pedro Sánchez aterriza en Rabat este miércoles para una de las citas más esperadas en la política exterior desde que es presidente: una cumbre de alto nivel con Marruecos que se le ha resistido por las delicadas relaciones con el reino alauí. Con la masacre en la valla de Melilla sin resolver –archivada en los tribunales y con un duro informe del Defensor del Pueblo que Moncloa ha ignorado–, Sánchez y una docena de ministros socialistas se reunirán con sus homólogos marroquíes para la firma de una veintena de acuerdos en materia de economía (protocolo financiero), ferrocarril, agua… La vista está puesta en el rédito comercial una vez que se ha conseguido reabrir las aduanas tras años cerradas y sobre todo, reforzar la cooperación en materia migratoria y de seguridad, que es el gran poder que tiene Marruecos sobre España y, por extensión, sobre la UE.
Uno de los asuntos prioritarios para España durante la undécima Reunión de Alto Nivel entre ambos países será la política migratoria. El encuentro se produce en un momento de bonanza a nivel diplomático entre ambos países, tras el giro histórico que Sánchez imprimió a la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental y que volverá a reiterar en la cita en Rabat. La mejora de las relaciones en el último año tuvo un efecto directo en las fronteras españolas. En 2022, las llegadas clandestinas descendieron un 25% con respecto al año anterior, alcanzando niveles de 2017, según los datos del Ministerio del Interior.
Para mantener esta tendencia, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska pretende utilizar la cumbre para dar un nuevo impulso a las líneas de actuación acordadas tras el pacto hispano-marroquí, basadas en el aumento del control migratorio, la lucha conjunta contra la trata y el incremento de las devoluciones de migrantes a Marruecos. Aunque las llegadas irregulares continúan a la baja en 2023 –alcanzando un 36% en el mes de enero–, fuentes de Interior destacan como tarea pendientes “prioritaria” en materia migratoria, la recuperación de los niveles de retorno anteriores a la pandemia, como adelantó El País.
Se trata de un objetivo clave para la política fronteriza de la Unión Europea, como quedó evidenciado en la propuesta lanzada por la Comisión Europea a los Veintisiete la semana pasada, que pretende apostar por operaciones conjuntas para agilizar las deportaciones a terceros países de migrantes llegados irregularmente a la Unión Europea, a los que no se ha concedido la protección internacional. “Tenemos un porcentaje muy bajo de retornos y eso está relacionado con un bajo porcentaje de admisiones de retorno, que es solo del 16%”, afirmó la semana pasada la comisaria de Interior, Ylva Johansson. Según los datos de Eurostat, de las 342.100 órdenes de retorno emitidas en todos los países miembros en 2021, solo se materializaron 82.700.
En España, el Gobierno solo pudo ejecutar 3.594 repatriaciones de los 42.597 expedientes de devolución o expulsión incoados, según los datos del Defensor del Pueblo. La marroquí es una de las nacionalidades mayoritarias identificadas entre los migrantes llegados a España de forma irregular. Según datos de Interior publicados por The Objective, España solo retornó al 6% de los cerca de 6.000 migrantes marroquíes que llegaron a España en 2022. Durante la cumbre hispano-marroquí, Grande-Marlaska busca conseguir un mayor compromiso del Gobierno de Mohamed VI para aumentar la cifra de repatriaciones de sus nacionales.
Volver a los niveles anteriores a la pandemia
Fuentes de Interior apuntan a elDiario.es que el objetivo es trabajar para “retomar canales que existían y no han vuelto” tras la pandemia. Tras el cierre de fronteras ligado a la COVID-19, Marruecos empezó a permitir la devolución de sus nacionales a través de tres vuelos semanales desde Canarias a El Aaiún (Sáhara ocupado) y bajo unas condiciones muy específicas, que permitían el retorno de alrededor de 80 inmigrantes a la semana. Después de una nueva orden de cierre del espacio aéreo en el país vecino debido a un nuevo pico de COVID-19, tras el acuerdo hispano-marroquí de marzo de 2022, el Gobierno alauí permitió la reanudación de las repatriaciones desde España, sumando dos rutas más –a Casablanca y Agadir–, pero aún no se han alcanzado los niveles anteriores a la pandemia. El Ejecutivo tampoco ha logrado reactivar por el momento las devoluciones semanales de ciudadanos marroquíes desde Ceuta y Melilla, habituales antes de la COVID-19.
Desde Interior valoran el descenso de las llegadas clandestinas a España y recalcan que es el fruto del impulso de una “relación de confianza” con distintos países de origen y tránsito de las rutas migratorios. Entre todos ellos, destaca Marruecos. Desde su toma de posesión, el ministro Grande-Marlaska o su equipo han visitado a su socio estrella en 13 ocasiones, incluyendo la cumbre actual. Las mismas fuentes reconocen un mayor control migratorio ejercido por el Ejecutivo alauí desde el pacto alcanzado en marzo del año pasado, pero insisten en la importancia de cuidar el nexo entre ambos países.
La migración: moneda de cambio
Marruecos, históricamente, ha utilizado la migración como herramienta de presión para alcanzar sus intereses económicos y políticos. Uno de los ejemplos más evidentes se remonta a la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021. En solo dos días, las autoridades marroquíes permitieron la entrada de alrededor de 10.000 migrantes, tras la acogida humanitaria del presidente del Frente Polisario, Brahim Ghali. Entonces, los analistas ya apuntaban a que, más allá de una reacción al enfado del recibimiento en España de un enemigo histórico de Marruecos, Mohamed VI buscaba algo más del Gobierno español, en su estrategia por sumar apoyos en su estrategia de ocupación del Sáhara Occidental.
En marzo de 2022, tras la entrada de cerca de 500 personas en uno de los saltos a la valla de Melilla, España anunció un giro histórico en su postura con respecto al Sáhara Occidental. Más allá de la decepción del pueblo saharaui, quienes primero percibieron las consecuencias del pacto fueron los migrantes subsaharianos que viven en Marruecos en su intento de alcanzar la Unión Europea. La ONG Caminando Fronteras y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos han documentado el aumento del control ejercido por Marruecos a partir de mediados de marzo, tras el acuerdo alcanzado con España. La mayor vigilancia se ha traducido, denuncian, en mayor violencia policial contra la población migrante en lugares clave de las rutas migratorias como Nador, Tánger y el Sáhara Occidental. El incremento de la vigilancia y los abusos policiales en estas zonas genera una disminución del tránsito hacia las costas de Andalucía y Canarias.
El mayor control migratorio por parte de Marruecos, ligado a las buenas relaciones con España y el aumento de fondos por parte de la UE, suele tener un precio, a menudo casi imperceptible en este lado de la frontera, en el respecto a los derechos humanos de quienes tratan de alcanzar Europa desde las costas marroquíes. La tragedia de Melilla, sin embargo, visibilizó las consecuencias de esta política, llamada “externalización de fronteras” por las ONG. La muerte de al menos 23 migrantes y refugiados el pasado 24 de junio, así como los vídeos del maltrato policial recibido por los supervivientes, evidenció la falta de vigilancia ligada a los acuerdos migratorios. Las imágenes mostraron que los agentes marroquíes llegaron a utilizar la violencia en suelo español para frenar el intento de entrada, en un operativo policial que nunca fue cuestionado por las autoridades españolas.
Tensiones en el Gobierno de coalición
Las relaciones con Marruecos han sido un foco de conflicto en la coalición desde hace dos años -ningún ministro de Unidas Podemos acude a la cumbre de alto nivel en Rabat- y la inmigración sigue siendo uno de los temas pendientes para Sánchez, que hace equilibrios para no enfadar al país vecino fundamentalmente por la dependencia que tiene España del control que ejerce en las fronteras.
Recuperar la relación diplomática con el reino alauí ha sido una prioridad de Sánchez desde 2021 incluso dando la cabeza de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, tras la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Galli, que fue lo que desencadenó la ruptura. Desde entonces, no ha habido ni una palabra gruesa por parte del presidente: ni durante la crisis de Ceuta, ni ante las sospechas de que Marruecos estuvo detrás del espionaje con Pegasus en su teléfono y el de varios ministros, ni tras la muerte de decenas de personas por la actuación policial en la valla de Melilla el pasado mes de junio.
El último episodio que refleja la supeditación del Ejecutivo a Marruecos se desarrolló en Estrasburgo a mediados de enero. En pleno escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo por una trama de sobornos que tiene el epicentro en Qatar y Marruecos, las autoridades de ese país presionaron a los eurodiputados para que rechazaran una de las primeras resoluciones críticas con la situación de los derechos humanos en ese país. A pesar de la campaña, salió adelante con una amplia mayoría: 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones. Entre los votos en contra estaban eurodiputados de la extrema derecha de Le Pen y los del PSOE.
“Desde la responsabilidad y en pro de unas relaciones bilaterales francas basadas en el diálogo y el entendimiento, hemos votado en contra de esta resolución”, argumentaban desde el PSOE en vísperas de la cita que el Gobierno lleva meses preparando. “Ese discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias y esas consecuencias no son buenas para nosotros. Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo tragando saliva o sapos, si hace falta”, describía de manera elocuente poco después el parlamentario Juan Fernando López Aguilar.
Los equilibrios de la UE
A pesar de la dureza de los discursos de la mayoría de grupos parlamentarios contra Marruecos en ese debate o la condena a lo sucedido en la valla de Melilla, la Eurocámara ha estado en el otro lado de la balanza al aprobar –con el voto de populares, socialdemócratas y liberales– un acuerdo de pesca que afectaba al Sáhara Occidental y que fue tumbado por la Justicia europea al haberse negociado exclusivamente con Rabat. Y es que también la UE hace equilibrios para no perjudicar la relación con el que es un socio estratégico, fundamentalmente para el control de las fronteras. El asunto estará en la agenda europea en los próximos meses y es una prioridad para España durante la presidencia rotatoria que inaugurará el 1 de julio.
Pero el debate ha comenzado ya. Los países con posiciones más duras respecto a la inmigración van ganando posiciones dentro de la UE y el PP europeo se ha alineado ahí ante la competencia que tiene en la extrema derecha. “No podemos volver a aparecer en las próximas elecciones europeas con las manos vacías en inmigración otra vez”, dice el coordinador del PP europeo en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Jeroen Lenaers, que cree que la Comisión Europea está siendo blanda en sus posicionamientos. Los conservadores apuestan por financiar la construcción de vallas (que separen Bulgaria y Turquía), por crear códigos de conducta para las ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo e incluso por retomar la idea aparcada desde 2018 de crear campos de refugiados en terceros países.
Por ahora, el Ejecutivo comunitario está poniendo precisamente el foco en la devolución de inmigrantes que no logran el permiso de asilo ante el bajo ratio de esos retornos (no llegan al 20%). Los 27 han defendido recientemente “introducir medidas restrictivas en los visados relacionados con los países terceros que no cooperan en los retornos”.