Así es la única clínica de salud y sexualidad LGTBI de Uganda, país que condena la homosexualidad

Una verja de hierro con una pequeña puerta separa la calle del edificio. La primera clínica dedicada íntegramente a personas LGTBI de Uganda se encuentra a las afueras de Kampala, a unos 20 minutos en moto del mercado principal. En una sala repleta de sillas, un chico pregunta qué tipo de medidas higiénicas debe tomar antes de practicar sexo. Enfrente, una doctora le contesta señalando unas palabras apuntadas en la pizarra. Es un tema del que ya se ha hablado, el chico ha llegado tarde.

La reunión la organiza Ice Breakers Uganda de forma periódica y, otra vez, ha sido un éxito de convocatoria. En un sitio tranquilo dentro de la ruidosa capital, la organización prepara espacios donde la comunidad LGTBI pueda intercambiar conocimientos, experiencias y reciba atención médica.

Solo están atendiendo y dando información a sus pacientes, pero su actividad se realiza de forma semiclandestina al encontrarse bajo un limbo legal, en un país en el que la homosexualidad está duramente penada. La actual normativa puede condenar hasta con 14 años de prisión a las personas homosexuales. 

Muchos de los asistentes son portadores del VIH u otras enfermedades infecciosas. El acceso a la salud en Uganda es frágil, ya que el precio de los medicamentos y los honorarios del personal sanitario son las grandes barreras. Pero una persona homosexual que contrae el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual tiene otro obstáculo: la homofobia institucional. Desde 2009, la ofensiva legislativa para recortar al máximo los derechos del colectivo LGTBI ha sido continua.

Ahora bien, si el Estado crea problemas de desigualdad, hay quien se junta para solucionarlos.

Brian Masinde, activista de la organización, afirma que “algunos médicos se niegan a atender a personas homosexuales. Los asocian con la enfermedad del VIH y provoca un aumento de su vulnerabilidad”. Masinde inició su vida de activista hace ya diez años, justo cuando cumplió la mayoría de edad.

Desde un principio se vinculó a los aspectos relacionados a la salud, primero como participante y ahora como encargado de la comunicación. Su década de experiencia en la organización Ice Breakers Uganda le permite decir que “la situación es mucho mejor ahora que unos años atrás, pero tenemos que seguir trabajando y recaudando fondos para dar soluciones”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 había en Uganda 1.400.000 de personas con VIH, un 5,5% de la población, y cada año se contabilizan unas 50.000 infecciones nuevas. Los niveles alcanzados a principios del milenio eran aún superiores y el gobierno de Yoweri Museveni, junto a sectores de la Iglesia, empezó una campaña para culpar a gays, lesbianas y transexuales de la rápida propagación de la enfermedad.

Grace, que no quiere dar su apellido, es la jefa de comunicación de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la organización que aglutina más colectivos dentro la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI. Afirma que “perseguir a la comunidad da votos y es bueno para la carrera de los políticos, por eso siempre nos utilizan como cortina de humo”.

Una clínica única

En el tranquilo patio, lejos del ruido de las motos y camionetas, se alzan dos sencillos edificios. Uno es la sala de reuniones, el otro una clínica equipada con recepción, laboratorio de análisis y consulta. La IBU Clinic se inauguró en 2012 en Kampala, y mientras los usuarios pasan de uno en uno, Masinde comenta que “la prevención y la educación sexual son bases de nuestras vidas de las que no hablan en ninguna escuela, y menos en el caso de las personas homosexuales. Aquí, con la experiencia de todos y la ayuda de profesionales, damos indicaciones o situaciones en las que nos podemos encontrar.”

“Para nosotros es una actividad solidaria. Como médicos vemos con total incredulidad que se tenga que realizar casi a escondidas”, dice el doctor Mike, quien no quiere dar su nombre real. Muchos colegas saben lo que hacemos y, evidentemente nos apoyan, pero aún tienen miedo de dar un paso más por lo que dirán sus superiores“.

Los participantes son jóvenes que no pasan de los 30 años. Todos ellos, antes de las revisiones médicas, repasan con un voluntario de la asociación actitudes y acciones básicas a la hora de tener sexo sin riesgo. Sentados y abarrotando la sala se van sucediendo los temas: higiene, uso del preservativo, pastillas para prevenir el VIH, etc. Cuestiones básicas, pero la marginalidad con la que ciertos sectores han tratado al colectivo homosexual provoca que todos sus derechos se devalúen.

Pero esa supuesta vulnerabilidad les hace crecer en su autogestión. En las reuniones el aprendizaje es colectivo y rompen el miedo, y el hielo, para hablar sobre sexualidad. “Aquí puedo ser como soy, vestirme como quiero, sentirme libre”, comenta Paul, que no quiere dar su verdadero nombre.

“Fuera de las reuniones entre nosotros es mucho más difícil tener este tipo de conversaciones, para ellos es una forma también de desahogarse y comportarse de forma normal, sin tener que forzar ninguna situación”, según Brian Masinde. “Imagínate cómo ha cambiado su vida, de ir entre cuatro o cinco veces a hacer presión para que te atienda un médico, a que tengan una visita privada y gratuita”.

Los intentos del Gobierno de aumentar la represión

En este contexto, el Gobierno ugandés pretende aumentar aún más las penas contra la población LGTBI. En 2009, se introdujo a debate en el parlamento una nueva ley para el colectivo LGTBI, la conocida como Ley Antihomosexual. En esos años la epidemia del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual se habían agudizado. El gobierno del Movimiento de Resistencia Nacional (MRN), liderado por Yoweri Museveni y sectores de la iglesia evangélica, culpó de la crisis de salud a aquellos que mantenían relaciones con personas del mismo sexo. Con esa premisa quiso endurecer el castigo para todos ellos: en los casos más extremos la condena podía ser la pena de muerte.

El debate legislativo coincidió con un recrudecimiento de la persecución a activistas por los derechos humanos y ONG. Ya en 2014, Museveni firmó el proyecto que se convirtió en ley, que después fue revisada de forma que las condenas no eran tan brutales. Pero por sorpresa de muchos, el Tribunal Constitucional la declaró nula, hecho que provocó una nueva revisión de la ley y el inicio de un nuevo debate que llega hasta hoy día.

La singularidad del lugar y su labor solidaria hacen que Ice Breakers, junto con otras organizaciones del colectivo LGTBI en Uganda, vean un futuro en positivo. Proyectos como el Queer Kampala Film Festival, publicaciones digitales como Kuchu Times, la revista Bombastic o asociaciones como SMUG están consolidando el movimiento.

Aun así, no hay que olvidar que su labor llega a una pequeña parte de la población, que la heterogénea Uganda vive en su mayoría desconociendo estos proyectos. Con las redes sociales su papel se va filtrando cada vez más, pero el altavoz oficial del Gobierno los sigue estigmatizando. Porque como dice Brian Masinde, “nosotros hacemos el trabajo que tendría que hacer el estado, sin ser el estado, y es un trabajo muy largo y duro”.