El buque de la Guardia Civil Río Tajo se aproximaba hacia el puerto de Nuadibú el pasado jueves con la intención de desembarcar a 168 migrantes rescatados en las costas mauritanas, cuando los agentes recibieron una respuesta poco habitual: “La autoridad policial ordenó que frenasen, que no daban permiso para desembarcar”, explican fuentes policiales a elDiario.es. A medida que la tensión aumentaba entre los náufragos durante cuatro días fondeados, en condiciones de hacinamiento, el Ministerio del Interior en funciones negociaba con el país africano una autorización para atracar. Esta nunca llegó, y el equipo de Fernando Grande-Marlaska alcanzó otra solución: la devolución de los migrantes a Senegal, el punto de partida del cayuco.
El férreo rechazo de Mauritania choca con la habitual colaboración del país norteafricano, socio clave de España en materia migratoria, donde existen patrullas conjuntas marítimas y terrestres entre la Guardia Civil y la Policía españolas y la Gendarmería mauritana. ¿Por qué impidieron entonces el desembarco de los náufragos en el puerto más cercano?
Según fuentes policiales, las autoridades alegaron de forma verbal que el Instituto Armado había “incumplido el procedimiento” en la aplicación de las operaciones mixtas de control migratorio, debido a la ausencia de un gendarme mauritano en la tripulación del Río Tajo en el momento en que ocurrió el rescate, exigido para verificar las condiciones del operativo de socorro, apuntan las mismas fuentes.
La segunda razón esgrimida por Mauritania tiene que ver con el origen del cayuco: Senegal. El acuerdo en materia de migración firmado entre España y Mauritania en 2003 permite la readmisión de nacionales, así como de migrantes procedentes de terceros países, pero bajo la condición de que estas personas hayan pasado previamente por el Estado al que pretenden retornarlos. En esta ocasión, el cayuco había partido de las costas senegalesas y a ello se aferró el país norteafricano.
En el discurso de las negociaciones para lograr atracar en Nuabidú, el Ministerio del Interior ha defendido que la patrullera de la Guardia Civil se encontró el cayuco atestado de personas y, por su situación de riesgo, debía proceder a su rescate, en cumplimiento con el derecho marítimo internacional. Y en base a la legislación, tenía que ser desembarcado en el puerto seguro más cercano. “Los agentes han alegado que lo que habían hecho era rescatar y trasladar al puerto más seguro a gente que estaba en peligro”, sostienen fuentes policiales. Sus explicaciones no lograron resultado.
Las mismas fuentes apuntan a otra razón escondida detrás de las justificaciones procedimentales esgrimidas por Mauritania. En un contexto de incremento de las salidas de senegaleses hacia Canarias debido a la represión de las protestas por parte del Gobierno de Macky Sall, su país vecino quiere evitar dar un paso más en su rol de gendarme de Europa, en lo que tiene que ver con la emigración de Senegal. “No quiere convertirse en la puerta de atrás de Senegal”, dicen fuentes próximas a la negociación. Este episodio inédito ha demostrado que el Ejecutivo mauritano rechaza hacerlo, al menos, bajo las condiciones actuales.
La cooperación hispano-mauritana en la lucha contra la inmigración irregular ha sido considerada como un ejemplo del enfoque migratorio que ha pretendido reforzar el Gobierno de Pedro Sánchez, basado en el pago de millones de euros a terceros países con el objetivo de aumentar el control migratorio desde sus costas y evitar así las llegadas a España. Mauritania ha recibido más 10 millones de euros anuales desde al menos 2017, según las resoluciones del Ministerio del Interior publicadas por El País.
Existen diferentes acuerdos de cooperación bilaterales entre ambos ministerios del Interior, que han puesto en marcha en Nuadibú equipos conjuntos de Policía Nacional y la Guardia Civil españolas con los cuerpos de seguridad mauritanos. Así, la Guardia Civil opera con dos patrulleras, un helicóptero BO-105 y, en determinado periodos, un buque oceánico. En mayo de 2014 comenzaron a ponerse en marcha patrullas terrestres conjuntas entre la Guardia Civil y la Gendarmería para la vigilancia de fronteras en el área de responsabilidad de Gendarmería, especialmente en Nuadibú.
Estas operaciones conjuntas están ideadas, aclaran fuentes policiales, para evitar las salidas desde Mauritania, un objetivo cumplido atendiendo a los datos de Interior: si en 2021 llegaron 55 embarcaciones a Canarias desde el país norteafricano, en 2022 fueron solo cinco. En lo que va de año, han alcanzado al Archipiélago español cinco barcas desde suelo mauritano. Fuentes del Ministerio defienden que la negativa al desembarco no pone en riesgo las relaciones entre ambos países, que a juicio de Interior siguen siendo “extraordinarias”.
Ante el rechazo de Mauritania de permitir el desembarco, la patrullera Río Tajo recibió este lunes instrucciones de devolver a los náufragos a Senegal, el país desde donde partió el cayuco. El buque español, que llevaba días fondeado en la bahía de Nouadhibou (Mauritania) a la espera de directrices, se encuentra rumbo al puerto senegalés de Saint Louis. Fuentes de Interior presumen que la mayoría de rescatados son senegaleses, aunque puede haber algunas personas procedentes de otros países subsaharianos. Desde el Ministerio no descartan que haya menores entre los migrantes auxiliados por la Guardia Civil.
Advertencias ante la devolución
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han advertido al Ministerio del Interior de la posibilidad de que haya personas con necesidades de protección internacional entre los migrantes a bordo del Río Tajo que pretenden ser retornados a su punto de partida. “Podría vulnerar la legislación internacional, considerando una posible devolución colectiva. Estas personas se encuentran bajo jurisdicción española [al encontrarse en un buque español] y por ello se debe cumplir con las garantías del convenio europeo de derechos humanos”, afirma la secretaria general de la ONG. “En caso de que haya personas que quieran pedir asilo, la Guardia Civil debe trasladarles a España para su formalización”.
Galán recuerda la inestable situación de Senegal, tras el arresto del líder de la oposición, que ha desencadenado diversas olas de protestas protagonizadas por la población joven y respondidas con dureza por el Gobierno senegalés: “En estos momentos en Senegal no hay garantías, hay muchas personas detenidas y el líder de la oposición está en la cárcel”.
Interior rechaza que se trate de una devolución colectiva, sino que sostiene que se trata de un rescate y su obligación era desembarcar a estas personas en el puerto seguro más cercano en el que logren autorización.
Se estima que la patrullera alcance el puerto senegalés durante la noche de este martes. El miedo a una devolución suele acrecentar los nervios de los migrantes rescatados en alta mar. A lo largo de los cuatro días que el buque pasó fondeado cerca de Mauritania, la tensión entre los náufragos aumentó en determinados momentos, debido a la incertidumbre y las condiciones de hacinamiento en la patrullera, donde 168 personas tenían que orinar en cubos. Pata contener un conato de motín, los agentes a bordo lanzaron dos disparos al aire con motivos “disuasorios”, según fuentes policiales. Interior asegura que, actualmente, la situación a bordo se encuentra “controlada”.