Dos hombres se afanan arrodillados a las puertas del Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala para limpiar del suelo la pintura roja con las palabras 'Estado Asesino'. La población no perdona y no quiere olvidar la muerte de 40 niñas, de entre 13 y 17 años, en un incendio durante su protesta en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo. Mientras, en un hospital de Ciudad de Guatemala, una niña de 13 años, una de las supervivientes, tampoco olvida y pide “ayuda” al presidente del país.
Con un hilo casi imperceptible de voz, la menor, con el rostro totalmente enrojecido por las graves quemaduras que ha sufrido, relata lo ocurrido. “Una niña a la que conocíamos como Mimí empezó a quemar las colchonetas. Solo las pusieron en la ventana y comenzaron a quemarse”. Entonces, añade, las llamas aumentaron. “Empezamos a golpear la puerta para que nos abrieran y no nos abrían”.
Tiempo después, decenas de cuerpos calcinados, apilados unos sobre otros daban cuenta del tiempo que estuvieron las adolescentes confinadas entre las llamas sin que nadie las liberara, pese a sus gritos y empujones a la puerta.
Esa jornada las menores de edad que vivían en el albergue dijeron basta de violaciones, maltratos, comida con gusanos, hacinamiento y todo tipo de vejaciones. El día anterior, 60 adolescentes lograron huir de este “infierno”, como lo calificaban, sin saber que 24 horas después el día se tornaría en tragedia. Tras disfrutar de unas pocas horas de libertad, la Policía Nacional Civil devolvió a la mayoría de ellas al centro destinado, en teoría, a proteger a niños y adolescentes desamparados, abandonados por sus familias o que habían sufrido abusos físicos o sexuales, así como a menores con discapacidades mentales, adicciones o con problemas con la ley.
La superviviente de la tragedia lanza un mensaje al presidente: “Que nos ayude. Que apoye principalmente a las demás, a las que no tienen ni a su papá ni a su mamá”, logra decir. Denuncia que las monitoras “trataban mal” a las menores internadas.
Una vez dentro, como ha reconocido el presidente del país, fue encerrada junto a 56 menores en un aula de la escuela. A las niñas se les acabó la paciencia después de las denuncias presentadas en juzgados por maltrato y violaciones desde 2015. Tras exigir sin éxito a las monitoras que las sacaran de ahí, una de las menores decidió que la única manera de lograr su liberación era provocando un fuego. Lo que nunca se imaginó es que nadie iba a abrir la puerta, que habían sido cerrada con candado por una psicóloga del centro gestionado por la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala.
Este lunes se han producido las tres primeras detenciones cinco días después de la tragedia. Se trata del exsecretario de Bienestar Social del Gobierno, Carlos Rodas; la exsubsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.
Rodas había presentado su renuncia este lunes, mientras que Keller fue cesada ayer por el presidente del país, quien también destituyó a Torres el mismo día del incendio. A todos ellos se les imputa los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad, por los cuales una jueza decretó este lunes su ingreso en la prisión militar de Matamoros.
Se siente “triste”, indica la menor en el hospital, minutos antes de emprender el vuelo junto a otras tres niñas hacia EEUU para recibir tratamiento en el Hospital Shrinners (en Galveston, Texas) especializado en quemaduras de niños. Varios médicos voluntarios estadounidenses llegaron este sábado a la capital de Guatemala para tramitar los viajes de las cuatro primeras niñas, mientras que el domingo trasladaron a otras tres hacia Boston.
Los padres o familiares de las menores supervivientes que han sido trasladadas a EEUU no han podido acompañarlas. “No va a venir ninguna familia conmigo y quiero que venga mi sobrina o mi hermana conmigo”, lamenta la menor entrevistada.
En los próximos días podrían viajar también las últimas seis menores que permanecen en los dos principales hospitales del país, de las cuales dos se encuentran en estado crítico.
En la segunda planta del Hospital San Juan de Dios, en el área de Cuidados Intensivos, Ada Kelli Alfaro está a punto de despedirse de su hija Cinthia Paola Morales, de 14 años. Ella es una de las cuatro primeras menores en viajar a EEUU ante la falta de medios en Guatemala, según han reconocido los doctores a las familias de las heridas. La mujer pudo hablar este jueves con Jimmy Morales, después de que acudiera a este hospital a visitar a las niñas: “Nos pidió disculpas por lo sucedido y garantizó que se haría justicia”.
Su hija le confesó que había sido golpeada “brutalmente” en el Hogar Seguro, donde le daban, decía, “comida con gusanos”. Ella siente que, debido a sus bajos recursos, no pudo pagar los 1.500 quetzales (215 euros) que le exigía el Juzgado para poner en libertad a la menor, que había ingresado por “rebeldía”. Alfaro no se preocupa por el lento avance de las investigaciones, en lo único que piensa, apunta, es en volver a abrazar a su hija cuando regrese de EEUU y “darle mucho amor y la bienvenida nuevamente a la vida”.
Madres que aún desconocen si sus hijas fallecieron
Mientras la Justicia sigue su curso a paso de tortuga, sigue habiendo familias que buscan desesperadamente a sus hijas. Desconocen su paradero pese haber acudido a los principales hospitales de la capital y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), encargado de la identificación de las menores fallecidas. En este caos burocrático, se encuentra Vianey Claret Hernández, quien trata de encontrar a su hija Ashley Hernández, de 14 años, para lo cual ya se ha sometido a las pruebas de ADN para verificar si se encuentra entre las fallecidas.
Después de tres horas esperando en el Hospital San Juan de Dios para poder visitar a la única herida que sigue sin identificar. Sin embargo, muestra pocas esperanzas de que sea su hija, después de que el periódico 'Prensa Libre' publicara en la portada de la edición de este viernes su foto entre un listado de siete jóvenes fallecidas, víctimas de quemaduras e intoxicación de monóxido de carbono.
Hernández muestra sorprendida la portada de este diario, dado que, según asegura, nadie le ha avisado de que su hija se encuentre entre las víctimas mortales. Forma parte del listado de 57 menores que fueron confinadas bajo llave en el aula de cuatro por cuatro metros que ardió matando en el lugar a 19 menores de edad, mientras que otras 21 han fallecido en los hospitales. “Aparezca o no mi hija voy a luchar hasta que haya culpables de esta masacre y estén entre rejas”, afirma. “El presidente de Guatemala no está haciendo nada”.
“No eran calladitas, por eso las mataron”
“No eran calladitas, por eso las mataron”; “Este cuerpo no se toca, no se viola, no se quema, no se mata”, son algunos de los lemas coreados durante la semana de manifestaciones donde centenares de personas han exigido la dimisión del presidente a quien acusan de “crimen de Estado”. Cada noche, prenden decenas de velas en homenaje a las 40 niñas fallecidas.
En el cementerio general de Ciudad de Guatemala, cada día llegan los féretros de alguna de las 40 menores acompañados por los gritos de dolor, desmayos y reclamos de justicia de los familiares. Una de las primeras niñas enterrada fue Siona Hernández, de 17 años, cuya foto es sostenida en un marco por su tía, Cari Álvarez. Con lágrimas en los ojos, espera que se haga justicia “con todas las jovencitas que han fallecido”.