Tres familias solicitantes de asilo procedentes de Georgia llevan cinco días durmiendo en la entrada de la sede del Samur Social en Madrid. No es un caso aislado. En la misma semana, una madre siria y sus cuatro hijos menores también se vieron en la misma tesitura tras ser excluidos de otros recursos oficiales al ser deportados a España en virtud del Convenio de Dublín. Sin embargo, tampoco es una situación nueva. Ya en noviembre de 2018, este medio documentaba en exclusiva el desalojo de varias familias solicitantes asilo de la sede de los servicios sociales de emergencias municipales de Madrid.
Aunque fuentes cercanas a Samur Social reconocen que, en aquel momento, el impacto mediático atrajo la activación de otros recursos, todo se vuelve a oscurecer. “Desde el día 22 de junio, 52 familias nos han solicitado alojamiento, pero se lo hemos negado porque no tenemos nada”, se queja con frustración una trabajadora que, como todas las voces consultadas, prefiere mantenerse en el anonimato.
Cansados de esta situación y en señal de protesta, la noche del domingo, buena parte de la plantilla acudió a la puerta de la sede para así, dicen, “dar visibilidad a lo que está pasando” y apelar a las administraciones a que “se responsabilicen de las competencias que le corresponden a cada una, y que se aúnen esfuerzos para dar una respuesta a esta situación”.
“Yo no puedo irme a mi casa con la conciencia tranquila diciéndole a estas familias que se quedan en calle”, confiesa con dolor y frustración una trabajadora. “No podemos más. Dentro, en la sala de convivencia, están durmiendo familias en camastros o los trabajadores están ofreciendo salas que se usan para las entrevistas, para que duerman ahí”, se queja otra persona de los equipos municipales que deja claro que, a día de hoy, “no hay plazas para atender a ninguna persona sin hogar o en situación de emergencia”.
“En otro momento mi función como trabajador social sería facilitarles un alojamiento temporal y cubrir sus necesidades básicas, especialmente por la presencia de menores; es decir, tener algo que comer, un lugar donde asearse, un espacio donde jugar y un techo bajo el que dormir. Pero hoy, como ayer, está todo completo, no hay ninguna plaza libre. Las instrucciones indican que, de producirse esta situación, debo decirles que se marchen y si no están de acuerdo y se niegan, llamar a Policía”, se desahoga un trabajador del servicio municipal en una carta que ha hecho llegar a este medio bajo el título Dolor emocional.
Esta instrucción que los profesionales dicen haber recibido por escrito ha despertado un descontento generalizado. “Nos hemos encontrado con que es la propia Policía la que se ha negado a desalojar”, comentan varios trabajadores del Samur. Lamentan también que ni sus superiores ni organizaciones sociales competentes en la asistencia de personas refugiadas y solicitantes de asilo –condición a la que corresponden a la inmensa mayoría de los casos que acuden reclamando acogida en los servicios municipales– no estén elevando la voz para que se revierta esta situación. “Mucha gente que llega a Madrid buscando refugio ha pasado previamente por Cruz Roja, CEAR o ACCEM y allí les dicen que vengan al Samur, pero nosotros no somos el recurso competente en materia de asilo, ni tenemos capacidad”, denuncian.
Algunos también han expresado su preocupación ante el silencio del Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, y temen también que las medidas del nuevo gobierno municipal hagan que la situación empeore. Sin ir más lejos, a partir del 1 de julio el centro habilitado en Francos Rodríguez por el Ayuntamiento de Madrid y cedido a Cruz Roja como albergue a cerrará sus puertas por déficits estructurales.
A la acción protesta convocada por los y las trabajadoras del Samur Social de manera improvisada y sin la organización del comité de empresa o sindicatos, también acudieron algunos vecinos y activistas de colectivos sociales para mostrar su solidaridad. “Nos parece escandaloso lo que está pasando, tanto a españoles como gente que es de fuera, porque nadie debe estar tirado en la calle, seas de donde seas”, reclama Marco, una persona sin hogar desde hace años, que acude con Javier y Constantín, otros compañeros en la misma situación que él y activistas de la acampada ‘Sin Techo, Sin derecho’, en el Paseo del Prado.
En el soportal de la entrada de la sede del Samur Social, los seis niños de las familias que se encuentran acampadas se entretienen entre ellos. El más pequeño duerme sobre una almohada y una sábana tendida en el suelo. “Hoy es su cumpleaños, cumple un año”, dice su padre ayudándose del traductor del teléfono para comunicarse.
Así ha podido hablar con Mamen, Maite y Pepa; activistas de colectivos ciudadanos como la Red Solidaria de Acogida o Red Interlavapiés, que han orientado a las familias sobre los pasos que han de seguir en su proceso como solicitantes de asilo. “Estuvimos en un hotel, pero se nos acabó el dinero y estamos aquí. Llevamos cinco días. Aquí nos prometieron que nos darían una solución, pero seguimos esperando. Si alguien nos puede ayudar, estaremos felices. Lo más importante es que estamos todos juntos”, se podía leer desde la pantalla del teléfono de uno de los padres que llevaba la voz cantante del grupo.
“No sé qué están haciendo todas esas personas que no hemos podido atender, les quedan meses de espera para las citas que les derivarán a recursos de acogida”, se preguntaba con desazón una de las personas de la plantilla del Samur Social. Aunque no es posible saber la respuesta exacta para todas ellas, muchas están siendo acogidas por la propia ciudadanía.
Por ejemplo, la Parroquia San Carlos Borromeo de Madrid abrió sus puertas el pasado 6 de junio para dar cobijo a Muna, embarazada de ocho meses, su marido Mohamad y sus hijos de dos, ocho y diez años; una familia siria, que había sido devuelta tras ser aplicado el Convenio de Dublín. Desde entonces no han dejado de recibir a más familias y personas solas que dejaron sus hogares en El Salvador o Guatemala, donde la violencia estructural liderada por las maras pone en riesgo la vida de sus habitantes, o huyeron de la delicada crisis que sufre Venezuela o de los conflictos en Siria y Palestina.
Al llegar a España, todos ellos se han topado con un sistema de acogida colapsado que les ha llevado a dormir en parques, escaleras, edificios abandonados o salas de espera del aeropuerto. Una situación de desamparo que está siendo contrarrestada con el calor y hospitalidad de la ciudadanía a través de colectivos, como la Red Solidaria de Acogida (RSA) o la Coordinadora de Barrios.
Sin embargo, estas plataformas y entidades, se preguntan “qué no serán capaces de organizar nuestras instituciones, si desde parroquias de barrio, familias o personas individuales, somos capaces de organizar una respuesta mínima” y piden de manera urgente “que se abran y se pongan a disposición de la necesidad de las personas y familias nuevos recursos públicos para abordar esta situación con la mayor urgencia”.