Un tribunal marroquí condena a dos meses de cárcel a 18 de los 116 migrantes expulsados por España desde Ceuta

El Tribunal de Primera Instancia de Tetuán ha condenado a 18 personas migrantes a dos meses de cárcel y una multa de 500 dírhams, alrededor 45 euros, el lunes 10 de septiembre. Este grupo forma parte parte de los 116 expulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos el 23 de agosto, solo 24 horas después de cruzar la frontera con España por la valla en Ceuta y ser admitidos en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI).

En total 20 personas pasaron a disposición judicial el 27 de agosto en el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán. El juicio se aplazó a petición del abogado para preparar la defensa y por falta de intérpretes. En ese momento, una persona quedó en libertad.

De las 19 personas restantes, uno tiene una acusación diferente al resto, “difamación y desprestigio a las autoridades públicas”. A este le habían otorgado la fecha del juicio para el día 3 de septiembre, pero el abogado de Manos Solidarias, que lleva el caso desde el inicio del proceso, solicitó aplazar el juicio hasta el lunes 10 de septiembre para que así todos los acusados declararan el mismo día. En el caso de esta persona no ha habido condena aún porque el letrado demandó la presencia de un intérprete de inglés, ya que el acusado no entiende francés y será juzgado el próximo lunes.

La fiscalía no había concretado una propuesta de condena aunque había pedido lo máximo en su acusación. La organización que llevaba el proceso detalla que estaban acusados de “inmigración ilegal”, “violencia contra las fuerzas de seguridad” marroquíes y “uso de identidades falsas”, por lo que podrían haber sido condenados a hasta tres años de cárcel, según ha explicado a eldiario.es Karima Dadi, de la asociación marroquí Manos Solidarias. Las penas que recaen sobre los 18 sentenciados han sido las más leves posibles, dos meses de cárcel y una multa de 500 dírhams. Desde la Plataforma de Migrantes en Marruecos ASCOMS, que ha llevado el proceso junto a Manos Solidarias, lo atribuyen “al trabajo de los abogados y a la movilización”.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador, que viene informando de las “irregularidades y la discriminación” que están sufriendo los migrantes en las redadas en el norte de Marruecos, ha calificado este proceso como “el juicio de la vergüenza” por su “devolución ilegal en Marruecos y basarse en acusaciones arbitrarias”.

La prensa marroquí ha considerado la decisión del tribunal “una sentencia sin precedentes”. De momento no existe el texto del fallo, solo se realizó el pronunciamiento, ya que el veredicto se pronunció a las 18 horas del lunes, y el martes fue festivo en Marruecos, que celebraba el nuevo año musulmán.

Los condenados ya están recluidos en la prisión de Tetuán y desde Manos Solidarias explican que su intención es recurrir el fallo del tribunal marroquí. “La sentencia es injusta. Vamos a presentar el recurso” en el Tribunal de Segunda Instancia de Tetuán en el plazo de 10 días, ha comentado este martes Dadi.

La asociación, una de las pocas que trabaja con población migrante en Tetuán, también apunta a España y considera que “no se ha respetado el procedimiento especificado en el acuerdo bilateral que firmó en 1992 con Marruecos” relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros. Este pacto prácticamente en desuso, aplicado por el Gobierno español en una operación inusual en la frontera sur, “no contempla el juicio en Marruecos, sino el devolverlos a sus países de origen o desde los que han entrado”, según defiende la organización.

Una vez que la Policía Nacional española devolvió a los migrantes a la Gendarmería Real, en grupos distribuidos en furgonetas por la frontera terrestre, fueron trasladados a la comisaría de la policía de Tetuán para su investigación y luego a la Fiscalía, según indican desde Manos Solidarias.

¿Dónde se encuentran el resto de los expulsados?

Del resto de las personas devueltas a Marruecos el 23 de agosto se desconoce cuál es su paradero exacto a día de hoy. Las ONG locales y comunidades de migrantes llevan días buscándolos, escribiendo a posibles conocidos y familiares, preguntando a todas aquellas personas que podrían saber algo de su paradero mientras proliferaban los rumores sobre su posible destino.

Asociaciones de derechos humanos marroquíes apuntan a que un grupo fue conducido forzosamente en autobuses a ciudades del sur como Tiznit, como las autoridades marroquíes vienen haciendo regularmente con los subsaharianos que viven en Tánger, Tetuán y Nador desde el pasado mes de julio en las redadas impulsadas tras la promesa de fondos europeos.

La ONG Caminando Fronteras, que lleva días tratando de seguir su rastro, ha logrado saber que a varios de ellos los dejaron en Tiznit “sin documentación, solo con la carta de identificación del CETI”. Asimismo, la organización ha localizado a un grupo devuelto a su país de origen, Guinea Conakry, aunque aún desconoce el número exacto de personas expulsadas.

Desde la devolución exprés desde la frontera de Ceuta a Marruecos el 23 de agosto, a ambos lados de la frontera, abogados, activistas y ONG han tratado de cruzar los datos para identificar a las personas devueltas en menos de 24 horas. Intentan conocer los nombres e historias escondidos detrás de una cifra muy mencionada. ¿Hay algún menor entre los expulsados? ¿casos de asilo? ¿cómo fue el proceso de devolución? ¿qué pasó una vez entregados por la Policía Nacional española a las fuerzas de seguridad marroquíes? Son preguntas a las que las organizaciones locales tratan de dar respuestas.

Algunos de los abogados de oficio de Ceuta que asistieron a los 116 expulsados han estado en contacto con algunas ONG locales, como Manos Solidarias, para tratar de localizar a sus defendidos, dado que acordaron interponer un recurso de alzada contra la decisión del Ministerio del Interior de expulsar de forma inmediata a los migrantes que sortearon la alambrada ceutí.

Según el Colegio de Abogados de la ciudad autónoma, los letrados no fueron avisados de la inmediatez con la que iban a aplicar la devolución de estas personas y no tuvieron el tiempo “suficiente” para cumplir con las garantías jurídicas. Los doce abogados de oficio que formaron parte del servicio extraordinario activado para formalizar la expulsión exprés estudian interponer una denuncia contra el Ministerio por vulnerar los derechos fundamentales de sus defendidos.

Conocer el lugar donde han sido deportados es clave para continuar los trámites y documentar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales vinculadas a la devolución. “Estamos muy pendientes, en contacto con las ONG locales para poder realizar seguimiento”, ha explicado Halid Mustafa, el que fue el abogado de oficio de diez de las 116 personas deportadas en Ceuta.

Los letrados de Ceuta decidieron interponer el recurso con un doble objetivo: revocar la orden de devolución, con lo que se abriría un camino para su regreso a España; y suspender la prohibición de entrada a España durante un periodo de tres años, sanción ligada a la aplicación de una devolución forzosa. “Si el juez lo considera oportuno, el inmigrante podría acceder a un permiso de entrada por razones humanitarias”, argumenta Mustafa.

Los 116 migrantes que sortearon la valla de Ceuta fueron devueltos tras cerca de 24 horas, en una expulsión exprés enmarcada en la aplicación del acuerdo bilateral hispano marroquí de 1992. Las ONG pro derechos humanos y abogados expertos en Extranjería denunciaron la “falta de garantías” vinculada a la operación, debido a la falta de tiempo para proporcionar una asistencia jurídica de calidad, lo que conlleva la posibilidad de interponer recurso y solicitar asilo.

Desde Interior defienden haber cumplido con todas las garantías y justifican su decisión con la supuesta “violencia” empleada por algunas de las personas que sortearon la alambrada en el último intento de entrada colectivo a través de Ceuta. La explicación del Gobierno despertó las críticas de ONG especializadas en derechos humanos: “No se puede castigar a un colectivo completo por un supuesto delito cometido por unas personas concretas”, respondió la activista especializada en inmigración, Helena Maleno.