El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido con un “cierto” a la información de Tom Fitton, el presidente de la organización conservadora Judicial Watch, publicada en Truth Social —la red social fundada por el mismo Trump—, en la que sugiere que la administración entrante está “preparada para declarar la emergencia nacional y usar los activos militares” para llevar a cabo su programa de deportaciones masivas.
Trump, que prometió empezar a deportar personas migrantes desde el día uno de su mandato, aún no ha revelado más detalles de cómo logrará llevar a cabo la “deportación más grande de la historia” de Estados Unidos. Hasta el momento, sí que se podía intuir que Trump usaría la mayoría en el Congreso para destinar más fondos a sus políticas migratorias. En una entrevista reciente en la NBC, Trump aseguró que su plan de perseguir a los migrantes y expulsaros no tendría “límites en coste”.
En anteriores ocasiones, él y su círculo más cercano ya habían sugerido la participación del ejército a la hora de aplicar sus políticas migratorias. Durante la campaña, Trump prometió deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), una ley del siglo XVIII que permite la detención y expulsión sumaria de cualquier ciudadano extranjero mayor de 14 años que provenga de un país en guerra con Estados Unidos. Aunque Estados Unidos no ha declarado formalmente la guerra a ningún país desde 1942.
La intención de usar los militares y el poder presidencial para declarar la emergencia nacional aún ensombrece más las perspectivas en la frontera. En su futuro gabinete, Trump ya se ha rodeado de los antiguos arquitectos de sus políticas migratorias pasadas, como el supremacista blanco Stephen Miller o Thomas D. Homan, a quien Trump bautizó como su “zar fronterizo”. Homan fue uno de los artífices de la política que separaba a familias migrantes en la frontera del sur estadounidense. Más de 5.500 menores fueron separados de sus padres en la frontera con México bajo su política de “Tolerancia Cero”.
Las organizaciones que trabajan con personas migrantes, tanto gestionando los refugios como bridando ayuda legal, ya se están preparando para una rápida acción ejecutiva por parte de la presidencia de Trump una vez jure el cargo. Una de las voluntarias que trabaja brindando asistencia a los migrantes que llegan a Washington DC, explicaba a elDiario.es que ya se preparan para un “enero caliente”. En Arizona, tres semanas antes de las elecciones, Tim Doherty, un voluntario que trabaja con Los Samaritanos en la frontera con México, denunciaba el caso de un hombre migrante en Tucson que había sido deportado después de que unos vecinos lo denunciaran a la policía por una discusión. “Este tipo de situaciones aumentarán con la llegada al poder de Trump, no tengo ninguna duda”, explicaba Doherty.
Los nombramientos de su gabinete y las pistas que Trump va dejando sobre su plan de deportación masiva también son una herramienta de la política del miedo con la que está jugando con las personas migrantes. Cada uno de los movimientos y palabras del presidente electo busca arengar a sus seguidores —quienes le han votado esperando ver una deportación masiva— y asustar a los migrantes para que incluso sean ellos quien se vayan por su propio pie del país.
Declarar una emergencia nacional
En 2019, durante su primer mandato, Trump ya declaró la emergencia nacional con la frontera con México. En ese momento lo hizo para poder desbloquear a miles de millones de dólares que el Congreso se negó a aprobar para que construyera el muro. El uso del poder presidencial para declarar una falsa emergencia nacional para resolver un conflicto político e imponerse al legislativo derivó en un conflicto constitucional.
La ley de Emergencias Nacionales, permite al presidente declarar emergencias con solo una firma en una orden ejecutiva, y los presidentes pueden renovar esas emergencias cada año indefinidamente. El Congreso puede votar para poner fin a una emergencia, pero, en la práctica, necesita una mayoría a prueba de veto para lograrlo. Más de 30 organizaciones, como el Brennan Center for Justice, presentaron en octubre una carta al Congreso para reformar esta ley antes de que acabara el año. De no reformarse, Trump podría volver a usarla.