“Golpeaban la puerta sin parar, mi hija pequeña se asustó, todos estábamos asustados”. Ante la fuerza de los golpes, Melike y Nihat abrieron la puerta. Con ello, su vida cambió. Aquella madrugada, que comenzó como otras muchas más y concluyó con un calvario que aún se prolonga cada vez que asisten a una nueva declaración ante el juez o son interceptados por la Policía.
El matrimonio, cuyos nombres no quieren revelar por miedo a represalias, vive en algún lugar de la profunda Anatolia. La joven habla en primera persona porque su marido lleva meses en prisión: “A mí me dejaron libre para poder cuidar de mi hija, pero también seré juzgada por lo mismo”.
Al igual que miles de personas en Turquía, han sido acusados de “pertenecer al grupo terrorista” FETÖ, siglas que apuntan a la cofradía de Fetullah Gülen, acusada de instigar el intento de golpe de Estado de 2016. Ambos se enfrentan a penas de cárcel de hasta seis años y serán juzgados próximamente.
Purgados por Erdogan
Eran unos niños cuando se vieron por primera vez. Se casaron y tuvieron una hija. La familia, de clase media, ganó lo suficiente como para poder pagar una vivienda y tener una vida sin sobresaltos. Eran felices viviendo en su pueblo natal y ejerciendo sus respectivas profesiones. Él era policía y ella, profesora. En pasado, porque como cientos de miles de turcos más, fueron purgados.
A partir del 15 de julio de 2016, el día del golpe fallido, vieron los esfuerzos de toda una vida reducidos a un controvertido proceso que les ha llevado a perder el trabajo y a remar a contracorriente para evitar el ingreso en prisión.
“En este país, el grupo de Gülen y el Gobierno de Erdogan estaban juntos, pero todo el mundo sabía que muchos de los que ostentaban los cargos claves eran integrantes de FETÖ”, explica Melike. El mayor deseo de Nihat era entrar a formar parte del cuerpo de Policía, institución con un amplio número de integrantes del Cemaat –FETÖ para sus detractores–.
Según asegura la mujer, “todo el mundo sabía que si querías ser policía y eras integrante de FETÖ, lo tenías mucho más fácil”. A día de hoy, el Gobierno pone parte de su foco en la institución policial para encerrar a miles de turcos, entendiendo que FETÖ infiltró a muchos de sus miembros en la Policía.
“Los nombres ya estaban escritos”
Poco después del fallido golpe de Estado, Nihat caminaba por la calle hacia su trabajo cuando unos hombres se lo llevaron. Tres días después, tras comparecer ante el juez, pudo volver a abrazar a su esposa e hija. “¿Te comunicaste con FETÖ?, ¿qué periódicos comprabas?, ¿ibas a sus cursos?, ¿te dieron alguna beca?, ¿te has casado con alguna chica que FETÖ te ha buscado?, ¿eres cliente de sus bancos?, ¿utilizas alguna aplicación tecnológica como ByLock?”, le preguntaron.
Las dos últimas preguntas desencadenaron unas acusaciones que derivaron en un proceso judicial aún en curso. “Todo el interrogatorio era un mero trámite”, asegura, “los nombres ya estaban escritos en alguna lista”.
La aplicación de mensajería instantánea ByLock, similar a Whatsapp, fue ampliamente usada, según el Gobierno de Erdogan, por el colectivo gulenista. Hoy sirve como prueba para encarcelar a sus supuestos miembros, los cuales niegan haber descargado la aplicación.
Nihat y Melike también lo niegan, al igual que en su día lo hizo el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, acusado de pertenecer a FETÖ por la misma razón. A pesar de que cuatro exámenes periciales del teléfono determinaron que nunca hubo instalada tal aplicación en el aparato, su condena podría llegar a 15 años de cárcel y ya lleva más de 300 días encerrado.
La otra acusación sobre la joven pareja vino motivada por la entidad bancaria que utilizaban. En 2012, acudieron a Bank Asya, entidad que brindaba créditos a unos atractivos intereses. “Pedimos un préstamo para comprarnos una casa”, cuenta Melike, que a día de hoy observa ese sueño convertido en crimen.
Bank Asya estaba estrechamente relacionado con la cofradía de Fetullah Gülen, y era en gran medida su brazo financiero, algo que nunca fue motivo de temor, pues hasta 2013 Gülen y Erdogan tenían un trato cercano. A partir de ese año, la guerra entre ambos se hizo patente por una operación anticorrupción desvelada por fiscales gülenistas que salpicaba a los más altos cargos del Ejecutivo. Entonces, Erdogan culpó a Gülen de haber perpetrado un golpe de Estado judicial.
Paralelamente, Bank Asya sufrió una fuga de capitales que hizo que Gülen efectuase un llamamiento a sus seguidores para que la entidad no cayese en bancarrota. Algunos obedecieron: las arcas de la entidad recibieron una inyección de grandes cantidades de liras turcas.
Mientras, Melike y Nihat se esforzaban por pagar un préstamo del que se liberaron justo antes del intento de golpe militar. Cuando el Gobierno acusó al grupo de perpetrar la asonada, las represalias hacia el banco y sus usuarios se incrementaron: no solamente fueron señalados como una de las bases de financiación de FETÖ, también se realizó una persecución hacia todos los ciudadanos que hubiesen realizado pagos a la entidad después del llamamiento de Gülen en 2014.
Exactamente, Melike y Nihat habían participado, según el juez, en tal financiación de forma mensual. “Nosotros lo llamamos hipoteca”, afirma ella en modo sarcástico. Por aquel entonces, en 2014, Gülen no era considerado un terrorista y muchos turcos eran usuarios del banco en cuestión. A día de hoy, el gigante bancario está confiscado por el Gobierno de Erdogan.
Despido, tortura y marginación
Junto a la acusación de ser miembros de FETÖ, llegaron las represalias civiles. Nihat fue despedido del cuerpo de policía y ella, del centro educativo donde impartía sus clases: “En mitad de la clase me dijeron que estaba despedida porque habían descubierto que mi marido era un terrorista”. A la carga judicial se le sumaron las consecuencias económicas. Salieron adelante gracias a la compra de una camioneta de reparto que les ha ayudado a sobrevivir de forma autónoma. No había otra opción: ninguna empresa se arriesgaba a contratar a un presunto gulenista.
La angustia seguía cuando caía la noche y ciertas visitas se presentaban a las cinco de la mañana golpeando reiteradamente su puerta. “Entraron seis policías, me arrastraron por el suelo delante de mi hija, tuve una crisis de ansiedad y me administraron un medicamento”, relata.
Según su testimonio, en comisaría continuaron las vejaciones y presuntas prácticas que, según las convenciones internacionales, podrían constituir la tortura. “Me desnudaron delante de las cámaras de seguridad para registrarme y también me ahogaron continuamente bajo el agua en el lavabo”. Su relato prosigue: “Terroristas. Tú y tu marido sois unos terroristas. No llores. No grites”.
Poco después y sin darle explicaciones, la dejaron libre: “¿Y ahora por qué me soltáis?”. La pregunta, dice, le costó una bofetada y una escueta respuesta: “Ha sido un error, ya te puedes ir”. Melike cuenta que desde entonces debe frecuentar la consulta de un psicólogo para cicatrizar un daño que no se limita a los golpes y moratones: “Me he intentado suicidar dos veces”.
Meses más tarde, sin ninguna novedad en el proceso judicial que ya tenían abierto ni algo que lo hiciese presagiar, Nihat fue definitivamente encarcelado y su camioneta no volvió a salir del garaje. “Al ser llevado ante el mismo juez que anteriormente había determinado su libertad a la espera de juicio, le preguntó por qué no estaba en la cárcel con sus amigos”, afirma Melike.
Ella se libró para poder cuidar de su hija, con quien ahora debe vivir bajo el techo de sus padres sexagenarios por razones económicas. Después de ser purgada de su trabajo, se resigna a malvivir impartiendo algunas clases particulares. Su madre no trabaja, mientras su padre se enfrenta a largas jornadas laborales para sostener el peso de esta nueva vida.
“La ley se mezcla con la política”
Nihat y Melike defienden su inocencia. La vista oral ha sido pospuesta en más de una ocasión, la última hace escasos días. En uno de los juicios tuvo lugar un suceso que aún les inquieta. “Estábamos todos en el juzgado menos el abogado que nos defiende a mí y a mi marido”, destaca la acusada. Al parecer, el letrado recibió una llamada anónima argumentando que Melike había sido arrestada, razón por la que retrasó su comparecencia en los tribunales. Cuando el abogado contactó con Melike, acudió al juicio, pero no le dejaron entrar. Mientras, el juez interrogó a los acusados sin la presencia de ningún abogado. El juicio fue pospuesto otra vez a petición del mismo abogado defensor cuando pudo acceder, finalmente, a la sala.
El letrado, que tampoco quiere revelar su identidad, asegura llevar cerca de 150 casos de la misma naturaleza. Él mismo también fue purgado cuando ocupaba un cargo público pocos días después del intento de golpe. No esconde su deseo de la justicia finalmente se imponga en su país, pero lo ve complicado: “Desafortunadamente la ley se mezcla con la política. Si esto funciona así, no hay posibilidades de ganar”, argumenta en referencia a los clientes que representa.
Melike y Nihat pronto volverán a ser interrogados por el juez, al igual que miles de turcos que desean despertar de una pesadilla cuyo final puede ser la cárcel, que les ha arrebatado sus respectivos trabajos, les ha condenado a la marginación social y, en muchos casos, también se traduce en negar el derecho a abrazar a sus hijos más de una vez por semana. Erdogan, por su parte, se someterá a su propio juicio el 24 de junio, día en que millones de turcos están llamados a las urnas para reafirmar o rechazar la Turquía del presente.
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ACTUALIZACIÓN: la Justicia turca ha condenado finalmente a Melike y Nihat a seis de años de cárcel para cada uno por pertenencia al “grupo terrorista” FETÖ.