Las autoridades turcas han empezado a detener, internar y, en algunos casos, a devolver a refugiados sirios a “zonas de guerra”, según ha denunciado este miércoles la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) en un informe. La ONG relaciona esta nueva tendencia de arrestos arbitrarios, que aseguran que se iniciaron en septiembre, con las conversaciones entre la Unión Europea (UE) y Turquía para frenar la llegada de refugiados y que convierte a este último país en “el portero de Europa”, como reza el título del informe.
Las investigaciones de Amnistía Internacional documentan que un centenar de casos en el que las autoridades turcas detuvieron a refugiados sirios en las provincias occidentales de Turquía, punto de partida habitual para intentar alcanzar las islas griegas, y los trasladaron a dos centros de internamiento en el este y sur del país
Una vez internados en los centros de Edirne y Muðla, la ONG asegura que los refugiados se quedaron aislados del exterior, sin permiso de comunicarse con sus familiares ni con sus abogados. Según documentaron, la mayoría obtuvo la libertad semanas o meses de encierro.
Otros fueron forzados a firmar una declaración de regreso “voluntario” a Siria y trasladados al paso fronterizo en la provincia de Hatay, cuyo lado sirio está bajo dominio de grupos islamistas, señala el documento de Amnistía. “Para muchos la terrible experiencia de detención ilegítima fue seguida de la expulsión a Siria o a Irak, tras ser presionados para que firmasen unos documentos en turco que no entendían”, denuncian desde la ONG.
“Presionar a refugiados y solicitantes de asilo para que regresen a países como Siria e Irak no es sólo intolerable, sino que también infringe directamente el derecho internacional”, afirma John Dalhuisen, portavoz de Amnistía Internacional, en un comunicado.
Amnistía Internacional afirma que hay indicios de que los dos centros de internamiento, uno ubicado en la provincia de Erzurum, en el este del país, y el otro en la de Osmaniye, en el sur, fueron construidos con fondos de la Unión Europea, asignados a Turquía en 2013.
Según señalan, los refugiados recluidos en el centro de detención de Erzurum mostraron a Amnistía Internacional etiquetas en camas y armarios que anunciaban que el centro se financiaba con un programa de la UE previo a la adhesión. Funcionarios de la Unión Europea en Ankara confirmaron a la organización que los seis centros de recepción abiertos financiados por la UE incluidos en el borrador de plan de acción del 6 de octubre serán en realidad centros de detención.
“Es un escándalo que se esté usando dinero de la UE para financiar un programa de detenciones y devoluciones ilegítimas. La UE debe garantizar que sus fondos y su cooperación en materia de migración con Turquía promueven los derechos de las personas refugiadas y migrantes y no los menoscaban”, ha denunciado Dalhuisen. “La Unión Europea corre el riesgo de convertirse en cómplice de violaciones de los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo”, han alertado desde la ONG.
Turquía alberga a unos 2,2 millones de sirios y a unos 230.000 demandantes de asilo de otros países, por lo que los casos documentados por Amnistía, que sólo empiezan a registrarse desde septiembre, se pueden considerar “excepcionales”, admite la propia ONG.
La Unión Europea se comprometió a finales de noviembre a conceder 3.000 millones de euros a Turquía, con el objetivo de frenar el flujo de refugiados y migrantes hacia Europa. Al día siguiente de formalizar el acuerdo, los guardacostas turcos detuvieron a 732 refugiados en operaciones simultáneas en ocho puntos diferentes para frenar a los que intentaban llegar a las islas griegas, según publicó el medio local Daily Sabah.
“Se está utilizando a Turquía como Portero de Europa”
“Es difícil evitar la conclusión de que este tratamiento ilegal (...) ha sido desencadenado por las demandas políticas y logísticas de la Unión Europea pidiendo frenar a los cientos de miles de personas que cruzan la frontera marítima a Grecia”, sentencia AI.
Ante la presencia de muchos miles de refugiados sirios en las provincias occidentales, estas detenciones, además, parecen arbitrarias, apunta la ONG, que admite desconocer por qué a algunos se les libera pronto y otros son internados largamente o deportados.
“Al emplear a Turquía como portero de Europa en la crisis de refugiados, la UE corre el riesgo de ignorar, y ahora de fomentar, violaciones graves de derechos humanos. La cooperación en materia de migración entre la UE y Turquía debe cesar hasta que se investiguen estas violaciones y se las ponga fin”, han solicitado desde la ONG.