Desde “amigas de terroristas” a falsificadoras de pruebas y “violadoras de derechos humanos”. Son algunas de las descalificaciones que grupos de ultraconservadores, encabezados por el mexicano José Antonio Ortega Sánchez, lanzan de manera continua contra las dos mujeres que integran el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Te quieren matar moralmente, matar tu profesionalidad y tu prestigio”, explica la experta Ángela Buitrago, “pero estas campañas te dicen algo bueno: que tu investigación está en el camino correcto”.
La abogada colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz recuerdan por qué llegaron a México: “Vinimos para ayudar porque el Gobierno mexicano lo pidió”. Son las dos mujeres que forman el grupo independiente de expertos (GIEI) –junto a Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain–, de la CIDH, que acudió a México para colaborar con las autoridades mexicanas en descubrir qué pasó el pasado 26 de septiembre de 2014. Ese día se perdió el rastro a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (pequeña localidad del estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México), cuando se dirigían a México DF a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco.
Los currículum de Ángela Buitrago y Claudia Paz colocaron a las profesionales en este grupo de especialistas. Buitrago es profesora en la Universidad Externado de Colombia y, como fiscal delegada ante la Corte Suprema colombiana de Justicia, trabajó en importantes casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia y llevó la acusación pública contra gobernadores, políticos y senadores.
Claudia Paz y Paz, por su parte, fue la primera mujer Fiscal General en Guatemala, en 2010, y su labor como fiscal y jueza ha sido galardonada por numerosos premios. Bajo su gestión como fiscal, Guatemala celebró el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, por su papel en el genocidio del pueblo maya.
La versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de 'los 43', la llamada “verdad histórica”, concluyó que los estudiantes fueron detenidos por la policía local, entregados al cartel de los Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula. Pero el GIEI y un grupo de forenses argentinos, refutaron esa versión en dos informes independientes.
Su informe tumbó la “verdad histórica”
La investigación del grupo de expertos del que forman parte Ángela Buitrago y Claudia Paz detalló que el peritaje en la zona de Cocula indicaba que “no hay pruebas de que se haya quemado ni un solo cuerpo” en ese basurero y llamó la atención sobre una nueva evidencia, pasada por alto en la investigación oficial. Las autoridades hablaron de cuatro autobuses en los que viajaban los estudiantes hacia DF, tras haberlos requisado, pero los especialistas señalaron que había cinco. En este último, desalojado pero no atacado, el GIEI sospecha que había heroína con destino a Chicago.
Las dos expertas indican que la campaña en contra de su credibilidad tomó fuerza tras la publicación de este informe, que desacreditó la investigación oficial y señaló la presencia del Batallón 27 del Ejército mexicano en el lugar de los hechos –sin que intervinieran–. “El informe no ha sido cuestionado porque está muy documentado. En él abrimos nuevas líneas muy graves, como el traslado de heroína desde Iguala hasta Chicago”, afirma Claudia Paz y Paz en una conversación telefónica.
Desde entonces, el GIEI ha sido criticado por José Antonio Ortega y “otras voces a su alrededor”, pero “para nuestros compañeros los insultos han sido aislados y, para Claudia y para mí, continuos”, precisa Ángela Buitrago. Ambas profesionales, así como varias organizaciones de defensoras de derechos humanos (Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders), consideran que hay una discriminación de género en estos hostigamientos. “Creo que tiene que ver que estos grupos ultraconservadores protegen valores desde los que se sienten vulnerables por el trabajo de estas mujeres. Piensan algo así: '¿Cómo se atreven estas mujeres a venir aquí?”, critica María San Martín, de Front Line Defenders.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que defiende legalmente a las familias de los 43 estudiantes, cree que hay un cierto componente de género, pero “hoy por hoy las difamaciones han afectado a todos los integrantes del grupo de expertos”. Aguirre destaca que estos ataques son lanzados por “grupos minoritarios”, pero encuentran espacio en “un sector de la prensa más cercano a posiciones gubernamentales. Vemos la presencia de algunos grupos asociados a sectores del conservadurismo extremo en México, y en los casos de Ángela y Claudia, han traído personas a México desde Colombia y Guatemala para denostar a las expertas en su desempeño como funcionarias en sus países”.
Una de las personas que ha viajado hasta tierras mexicanas es el militar retirado Luis Alfonso Plazas Vega, que fue condenado a 30 años de cárcel, cuando Buitrago ejercía como fiscal, por la desaparición de varias personas en la liberación Palacio de Justicia de Colombia en 1985. Plazas Vega –“amigo de Álvaro Uribe”, destaca Ángela Buitrago– fue liberado y absuelto de los cargos por falta de pruebas el año pasado. Entonces, viajó a México, donde de la mano de José Antonio Ortega acusó a la abogada colombiana de falsificar pruebas para incriminarle, relacionarse con terroristas y de tener un interés personal en desprestigiar a los ejércitos latinoamericanos. “Hay un reportaje que ha publicado Proceso en el que se muestran las relaciones de José Antonio Ortega con el grupo ultracatólico de El Yunque y con militares”, afirma Buitrago.
La jueza que encarceló a Plazas Vega, María Jara, tuvo que exiliarse a Alemania después de recibir numerosas amenazas. Sobre todo, tras el caso contra el coronel Plazas Vega, denunció la magistrada desde Europa.
“Quieren que renuncies”
Ángela Buitrago reconoce el “desgaste” personal que ocasionan estos ataques. Pero indica que Claudia Paz y ella están lejos de contentar a sus opositores: “Es un ataque muy ruin, cargado de mentiras que te obligan a salir a dar explicaciones sobre ellas continuamente. Lo que quieren es distraerte de tu investigación, que te canses y renuncies”. Ambas profesionales sostienen que están centradas en los dos meses que les quedan para terminar su mandato en México, con un objetivo: “Saber dónde están los estudiantes”.
En Front Line Defenders están acostumbrados a este tipo de campañas de despretigio de defensores de derechos humanos, “sobre todo en Latinoamérica”, y por ello han escogido este caso para arrojar luz sobre las maniobras de acoso y derribo que sufren muchos profesionales. “Buscan crear la duda, desprestigiarlos de cara a la opinión pública” –explica María San Martín– “pero, además, lo más preocupante es que este tipo de campañas puede afectar a la seguridad de las defensoras porque muchas veces preceden a ataques más graves, casos de amenazas y agresiones”.
Ángela Buitrago, que se ha enfrentado en los tribunales de su país contra políticos y gobernadores poderosos, afirma que las campañas que ha sufrido “suelen provenir, sobre todo, de militares”.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh, cree que la labor del grupo de expertos es incontestable –“su informe es tan sólido que no ha sido negado”– pero estos ataques intentan oscurecer a las figuras que lo forman y se encuentran con un hecho que los alimenta: “El Gobierno mexicano no ha salido a respaldar al grupo de expertos de manera oficial, con un comunicado de prensa, por ejemplo. Es destacable que durante la última reunión de la procuradora general de la República con los familiares de los 43 estos exigieron un respaldo público al grupo de expertos por el Gobierno y, aunque la procudora los defendió a puerta cerrada, no aceptó la petición de las mamás y los papás de los estudiantes”.
Las expertas coinciden en que el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto no ha defendido su labor como han exigido a las autoridades mexicanas. “Ha hablado algún funcionario, pero no las figuras con las que tenemos interlocución, que son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación”, afirma Claudia Paz. El representante del Centro Prodh sostiene que esta postura oficial aumenta la desconfianza de los familiares respecto a las autoridades mexicanas. “Eso a los padres y a las madres les pone frente a una pregunta: ¿Qué es lo que se está queriendo encubrir?”, afirma Santiago Aguirre.
Buitrago espera que en los dos últimos meses de trabajo del grupo de expertos la atención esté centrada en los afectados, las familias que hace más de un año vieron por última vez a sus hijos y que se encuentran hoy ante el silencio. Para los que lideran los insultos y las descalificaciones en contra de ella y su compañera Paz no tiene mucho que decir. “Parafrasearé a un amigo: 'La renuncia es una opción, pero no es la mía”.