Siete familias refugiadas y solicitantes de asilo han presentado su queja ante la Secretaría de Estado de Migraciones por su exclusión de los dispositivos oficiales de acogida. Son 30 personas, entre ellas 14 menores, que se encuentran acogidas por la Parroquia San Carlos Borromeo de Madrid. “Queremos que nos escuchen y se respeten nuestros derechos”, decían mientras preparaban su marcha en la mañana de este miércoles al órgano del Ministerio de Trabajo.
A las 10:30 horas, en sede ministerial, han presentado de manera individual un total de 66 reclamaciones en los que, como explica Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios y Red Solidaria de Acogida, “se plantea la vulneración de derechos fundamentales”. Si en un plazo de 10 días no cambia la situación, adelanta la letrada, “interpondremos demandas de vulneración de derechos fundamentales”. Fernández también ha señalado que hay “unas 4.000 personas” solicitantes de asilo que están a la espera de ser atendidas bajo el sistema de acogida y se ven en una “situación vulnerable”.
Además, advierte, están detectando “un sufrimiento oculto que no está saliendo a la luz”, como por ejemplo, “situaciones de chabolismo” e “incluso personas a las que se les ha ofrecido alojamiento solidario por parte de una persona y luego han tratado de someterlas a abusos sexuales e inducción a la prostitución”.
Tras la concentración, fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado que la Secretaria de Migraciones “estudiará cada una de ellas e intentará dar una solución teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad”. “Dentro del sistema nacional de acogida se trata de optimizar los recursos de la mejor posible para dar solución a los casos más vulnerables”, han recalcado estas mismas fuentes.
La lucha de Claudia, Muna o Mahmud
Claudia recibió amenazas de muerte de gente que “probablemente pertenecía a una mara”. Según la fundación Insight Crime, hay una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en El Salvador, de donde huyó esta madre soltera con sus hijos de cuatro y diez años. Ella ha sido una de las primeras en entrar al organismo oficial del Ministerio para reclamar su derecho a ser protegida y acogida.
Muna, con un embarazado en un estado muy avanzado, y su marido Mahmud Al Haaj entraron en las inmediaciones de la Secretaría acompañados de la menor de sus hijas que, ajena a la lucha de sus padres, reía y jugueteaba con todo aquel que le hiciera carantoñas. Sus hermanos se quedaron jugando en unas actividades preparadas especialmente para ellos y el resto de niños y niñas que, desde esta semana duermen en la iglesia vallecana al calor de la hospitalidad y acompañamiento de voluntarios de la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios. Al salir, con el comprobante de entrega, querían asegurarse de sí habían hecho bien el trámite.
La noche antes, Mahmoud recogía de la terraza de la parroquia las pancartas que habían hecho para protegerlas de la tormenta de verano que caía sobre Madrid. “Refugiado sin refugio”, se leía en una de ellas. Este padre de familia reconocía que, desde que llegara a España devuelto por el Convenio de Dublín, esposado y excluido del sistema de acogida, siente que “ya no tienen nada que perder” y quiere que la gente conozca su situación para evitar que le ocurra a otras personas. Pero, sobre todo, quiere pelear por los derechos de su familia, que huyó de Siria hacia Europa para vivir en paz.
En la fila unos 15 chicos de origen subsahariano aguardaban su turno para hacer llegar su requerimiento. Entre ellos había solicitantes de asilo o deportados por el Convenio de Dublín, la normativa europea que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez. Ninguno había podido acceder a los recursos del sistema de acogida, dependientes del Ministerio de Trabajo.
“Hay un grupo grande que está en El Vivero, el albergue municipal gestionado por Accem. Otros están alojados en parroquias, casas y de acogida de máxima emergencia. Alguno de ellos también está en situación de calle”, explicaba Carmen Cabrillo de la ONG Sercade.
La batalla de los solicitantes de asilo y las organizaciones sociales vuelve a resurgir así seis meses después de que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dictara una instrucción, tras una condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que reconocía el derecho de las personas devueltas a España en aplicación de la normativa europea a ser reingresadas en los programas de acogida, de los que estaban excluidos.
Este domingo, buena parte de la plantilla del Samur Social protestó contra el abandono de familias de refugiados por el colapso de los recursos.Querían “dar visibilidad a lo que está pasando” y apelar a las administraciones a que “se responsabilicen de las competencias que le corresponden a cada una, y que se aúnen esfuerzos para dar una respuesta a esta situación”.