Esta vez ocurrió en Gambella, región de Etiopía próxima a la frontera con Sudán del Sur. Un equipo de Acción contra el Hambre se desplazaba el pasado jueves desde su centro de nutrición infantil en el campo de refugiados de Nguenyyiel cuando un grupo de individuos armados los emboscó. Dos trabajadores etíopes de la organización han sido asesinados, según confirmó la ONG a eldiario.es. Su identidad aún no ha trascendido. La entidad se vio forzada a suspender sus operaciones en la zona, aunque aseguró que iba a continuar proporcionando asistencia humanitaria.
En lo que va de año, al menos 62 cooperantes han sido asesinados en todo el mundo, según se desprende de las cifras más actualizadas de Humanitarian Outcomes, un equipo de investigadores especializados en ayuda humanitaria.
Los ataques contra los trabajadores de Acción contra el Hambre se suman a una larga lista que, en 2018, registró su segundo peor año. Hasta el pasado diciembre, 405 trabajadores humanitarios se vieron afectados por actos de violencia graves, de acuerdo con el último informe de la organización: 131 fueron asesinados, 144 resultaron heridos y 130 fueron secuestrados. El número supone un aumento desde 2017, cuando se contabilizaron un total de 313 empleados afectados, y se debe principalmente a un incremento de los secuestros.
Los investigadores de Humanitarian Outcomes insisten: la mayoría de las víctimas son siempre personal nacional del país en el que trabajan, ya sea para organizaciones locales o internacionales, como es el caso de los cooperantes de Acción contra el Hambre. La tendencia se repitió una vez más en 2018 y volvieron a llevarse la peor parte: el 93% de las víctimas eran trabajadores procedentes del país donde fueron atacados, 376, frente a 29 extranjeros.
En el recuento figuran profesionales de Naciones Unidas, así como miembros de ONG y de Cruz Roja y la Media Luna Roja. Son ellos, los empleados locales, quienes tienen por lo general mayor presencia en los proyectos y operaciones humanitarias. En 2017, según la red de organizaciones del sector ALNAP, eran originarios de los países afectados 68.000 de los 79.000 miembros de Agencias de la ONU, 304.000 de los 331.000 cooperantes de ONG y 143.000 de los casi 160.000 integrantes de Cruz Roja.
Hasta ahora, el número mucho más bajo de personal internacional en el país hacía que los expatriados presentaran una tasa de ataques mayor en comparación con sus homólogos nacionales. Sin embargo, en 2018, la proporción de profesionales locales de la ayuda humanitaria víctimas de actos violentos ha aumentado. La tasa de mortalidad de estos trabajadores también es más alta que la de los extranjeros.
Estos datos, a juicio de Humanitarian Outcomes, se deben a que la ayuda humanitaria se está concentrando cada vez más en zonas “de alto riesgo” provocadas por los conflictos y evidencian problemas de falta de seguridad para el personal local que desempeña esta labor.
“En estos entornos, la cobertura humanitaria de las necesidades en las zonas más peligrosas es baja y depende cada vez más de las organizaciones nacionales asociadas, ya que las organizaciones internacionales han reducido su presencia o la han consolidado en zonas más seguras”, sostienen los investigadores. “El efecto es la transferencia de riesgos a los socios locales y a su personal (...) y plantea cuestiones éticas apremiantes sobre los recursos para la gestión de los riesgos de seguridad que se ofrecen a los actores locales”.
Además de hacer frente a un número cada vez mayor de emergencias, los trabajadores humanitarios corren graves riesgos a la hora de ejercer su labor en un contexto de violencia creciente contra la población civil. Sudán del Sur es el país con el mayor número de ataques. Le siguen Siria y después Afganistán, donde aumentaron los secuestros. Los actos violentos se dispararon en República Democrática del Congo, debido a un aumento de la actividad de los grupos armados en 2018 y la inseguridad en la respuesta contra el ébola: desde finales de 2018, murieron cuatro trabajadores y ocho resultaron gravemente heridos.
“En los últimos años, la violencia, la inseguridad, las amenazas y las obstrucciones deliberadas al personal humanitario están restringiendo notablemente su capacidad de actuación”, afirma Andrés R. Amayuelas, presidente de la Coordinadora de ONGD de España.
Sin embargo, Amayuelas recuerda que no es un fenómeno que solo tiene lugar en los países golpeados por la violencia y las emergencias humanitarias. “La persecución de quienes salvan vidas no se realiza solamente en situaciones de conflicto o por parte de grupos armados. Esta persecución se produce también desde los Gobiernos”, indica.
“En algunos países personas cooperantes están siendo perseguidas e incluso expulsadas por cuestionar prácticas gubernamentales que atengan contra los derechos humanos; en otros, enfrentan enormes trabas impuestas legalmente que les impiden realizar su trabajo de manera adecuada; Marruecos o Nicaragua son ejemplo de estas prácticas. Constatamos una criminalización de los ONG en todo el mundo, también en Europa”, sentencia.