Con casi 60 años, Raquel ha pasado media vida luchando contra las leyes migratorias de Estados Unidos. Natural de Tijuana, cruzó por primera vez la frontera con 19 años para buscar una mejor vida con su marido y sus dos hijos. Ya establecida en California, tuvo otros cuatro bebés. La más pequeña nació con una grave enfermedad, y tras varias deportaciones, el Estado se la arrebató para mantenerla en un centro bajo tutela. Ahora sobrevive en Tijuana vendiendo lo que encuentra en un mercadillo.
“Voy a cruzar la frontera. No tengo paz, quiero recuperar a mi hija antes de que llegue Trump”. Su niña no habla ni camina, tiene ataques epilépticos y distrofia muscular. Usa pañales y necesita cuidados todo el día. Tiene 25 años, “ya es una mujer”, lamenta.
Raquel padece de una hernia discal, “de cargarla”, pero sus dolores no la van a frenar en su intento de atravesar el desierto una vez más. “En México estoy sola, tengo que buscarme la vida para pagar la renta. He pasado muchos periodos de depresión porque no entiendo por qué no me dejan volver con ella. No soy ninguna criminal”.
Enrique Morones, director y fundador de la organización pro derechos de los migrantes Border Angels en San Diego, habla de un sentimiento que crece en las familias migrantes desde la victoria de Donald Trump. “Nunca hemos recibido tantas llamadas en nuestra historia. Tras la noche de las elecciones, no ha parado de sonar el teléfono y los colegas de otras organizaciones coinciden: es el miedo de la gente”.
Morones explica que la amenaza de deportaciones masivas y el discurso racista del presidente electo están empujando a migrantes y familiares separados por la frontera a tomar acciones desesperadas. “Nos preocupa mucho que se extienda el pánico por el temor a que se endurezca la situación y empiecen a tomar decisiones arriesgadas antes de que llegue el próximo presidente. Esto es muy peligroso, porque hace que aumenten los fraudes por parte de personas que se aprovechan de los migrantes, como abogados, notarios y algunas organizaciones que cobran mucho dinero conociendo la situación y vendiendo mentiras. Se aprovechan de la desesperación”.
En su opinión, Trump impulsará algún tipo de reforma migratoria, “por supuesto nada relacionado con la obtención de la ciudadanía”, pero duda de la promesa de deportar a entre dos y tres millones de migrantes con antecedentes, como defiende Trump.
“En realidad no son ni un millón los que están en esta situación, por lo que no sabemos a quién quiere deportar realmente”. Aunque Morones afirma que la campaña del republicano se centró en atacar a la comunidad mexicana, el flujo de migrantes ha bajado un 45% durante los últimos años, siendo las personas procedentes de Centroamérica el grupo más importante que actualmente está llegando a los Estados Unidos.
Derechos que nunca llegan
La historia de Raquel dibuja la inhumanidad de un sistema migratorio que pocos comprenden y que, según ella, no entiende el amor de las familias. Su calvario con las autoridades migratorias se inició tras ser víctima de un intento de secuestro, y pese al paso de los años y los sucesivos gobiernos, parece no encontrar solución.
“Trabajaba en un restaurante de comida mexicana pero el salario no me alcanzaba para pagar la renta y los gastos de mi hija discapacitada y los otros cinco. Además vivíamos en un barrio blanco y constantemente sufríamos racismo. Nos llamaban wetbacks (espaldas mojadas). Quise trasladarme a Bakersfield, donde tenía una buena oferta de trabajo, así que cuando pude ahorrar lo suficiente fui a buscar un transporte privado que me ayudara con la mudanza. Un señor con una camioneta que se ofreció para llevarme, me subió al carro y entonces vi que se iba en dirección a México. Me estaba secuestrando”.
Aunque Raquel pudo escapar de su captor lanzándose por la ventanilla del auto, se encontró cerrada la puerta de entrada a los Estados Unidos cuando intentó regresar al país donde llevaba viviendo y trabajando durante años. Era una sin papeles, pese a que cuatro de sus hijos tenían la ciudadanía por nacimiento.
“Toda golpeada intenté entrar otra vez por la garita, pero los agentes no me dejaron entrar. Por más que les imploré que me dejaran regresar, que tenía niños pequeños que me estaban esperando y que acababan de sacarme a la fuerza del país, no les importó. Me sacaron a la calle. Yo solo podía pensar en mi niña enferma, que por suerte quedó al cuidado de mi hermana”.
Raquel acudió a la oficina de Derechos Humanos y al consulado estadounidense de Tijuana, pero no sirvió de nada. Optó por utilizar el pasaporte de su hermana para intentar cruzar la frontera. “Cuando fue mi turno de pasar, me tocó una mujer en la aduana, y se dio cuenta de que yo no era la persona del pasaporte. 'Tú no eres esta mujer', me dijo, y llorando le dije que no, que le suplicaba que me dejara pasar porque tenía a mis hijos al otro lado. Pero me encerró durante varias horas. Al final, la misma agente me forzó a firmar una salida voluntaria sin siquiera permitirme hablar con un abogado”. En cuanto firmó la salida, la expulsaron inmediatamente a Tijuana.
Raquel regresó ilegalmente a Fresno contratando los servicios de un pollero que la escondió en el tanque de gasolina de un camión. “Casi me ahogo, pero de cualquier forma debía llegar con mis hijos”. Sin embargo, los agentes del ICE (migración y control de aduanas, por sus siglas en inglés), la detuvieron en menos de un mes para volver a expulsarla a México.
Tras la deportación, no dudó en pagar de nuevo a los traficantes de personas para que le facilitaran el cruce por el desierto, aunque ya estaba en el radar de las autoridades migratorias, y no tardó en ser nuevamente deportada.
“La última vez, el Estado de California se llevó a mi hija discapacitada. La tienen en un centro y desde entonces estoy en Tijuana tratando de regresarme como sea a por ella. No entiendo por qué no me permiten vivir con mi familia, nunca he cometido un crimen, solo he trabajado y me he preocupado de mis hijos”, cuenta.
Como ella, grupos de madres separadas por la frontera se han organizado en México durante los últimos años, tratando de unir fuerzas para presionar a la sociedad y la clase política estadounidense. Sin embargo, esta nueva etapa parece que no aguarda nada bueno para ellas.
José Luis Cárdenas, veterano paracaidista del Ejército de EEUU deportado en Tijuana, explica que Hilary Clinton prometió en campaña que si ganaba iba a devolver a los veteranos deportados a Estados Unidos. “Ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros, Trump tiene un discurso racista y no va a tratar a los veteranos como Clinton”.
A sus 66 años, Cárdenas no piensa volver a Estados Unidos y solo le queda resignarse. “Ojalá nos dejaran volver a entrar legalmente por ser veteranos, pero a mi edad no quiero estar escondiéndome de la ley. Solo quiero que reconozcan mis derechos y me otorguen las ayudas médicas que necesito. Aquí ya han muerto varios veteranos deportados, y yo padezco secuelas por más de 200 saltos a más de 15.000 pies (4.000 metros de altura). La organización ACLU (American Civil Liberties Union), está ayudándonos en lo que pueden, pero no pueden cambiar las leyes, y con Trump no sabemos lo que va a pasar, pero parece que se va a poner peor”.
Un gobierno antimigrantes
Enrique Morones se muestra profundamente preocupado por la elección de Trump como presidente. “Hemos dedicado toda la vida a decirles a nuestros hijos que debemos tratar a las personas con respeto, cariño e igualdad, y Trump hace bullying contra nuestros hermanos latinos, migrantes y mujeres. Es una vergüenza. Esto le manda un mensaje claro a la gente: que es aceptable este tipo de actitud, y eso nos preocupa mucho a los defensores de derechos humanos”.
El activista afirma que desde el inicio de la campaña por la presidencia se han incrementado los crímenes de odio, y desde la victoria de Trump la discriminación ya es más abierta. “Los comentarios racistas o sexistas ya se hacen en público porque parece que existe la sensación de legitimidad al tener un presidente que hace lo mismo y que dice que está bien hacerlo. Además, las autoridades sienten que tienen el poder de demorar o de maltratar”.
El mexicano-estadounidense aclara que los activistas van a estar unidos y no van a permitir deportaciones de personas “cuyo único delito que cometieron fue nacer pobres”. “Están cruzando fronteras precisamente para dar de comer a su familia. Ese es un derecho humano universal, más allá de lo que diga el presidente del país más poderoso del mundo”. Frente al discurso de Trump, declara Morones, todos los países (incluyendo España) deberían defender la idea de que “todas las religiones, razas y géneros merecen respeto y dignidad”.
Raquel ya está preparando un nuevo cruce clandestino, presionada por la entrada del nuevo Gobierno. “Me cansé de sufrir, voy a cruzarme con un pollero antes de que entre Trump, si no, va a ser imposible volver con mis hijos. En todos estos años solo he visto que las leyes van a peor, y muchos vamos a hacer lo necesario antes de que llegue Trump y empiece a deportar mexicanos”.