Se buscan gobernantes capaces de entender y ordenar el fenómeno turístico

“La ciega entrega a la especulación y al turismo llevaba tiempo dejando el centro de la ciudad sin vecinos y sin libros. Sólo policías y gente desorientada”. Javier Pérez Andújar asegura en la promoción de su último y estupendo libro, La noche fenomenal (Anagrama, 2019), que se ha querido refugiar en la ficción pura. Pero, como se ve en este entrecomillado sacado de esa ficción, ni siquiera pasándose a la literatura fantástica ha podido evitar retratar la ciudad resort en la que habitamos. Él escribe sobre Barcelona pero lo que dice vale para cualquiera. El turismo urbano está tan masificado que hasta se cuela con sus consecuencias en las novelas como parte del paisaje. Por lo que se ve, son los que tienen que gobernarlo los únicos que no se enteran de esta realidad tan presente. Igual es que leen poco.

La Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana su decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT) y, quién lo iba a imaginar, ha salido cruz. La nueva norma establece la obligatoriedad de los anfitriones de presentar una declaración responsable y un certificado de idoneidad, de contratar un seguro, de respetar un número de ocupantes determinado por los metros de la casa y de informar a la policía de quién llega y a los que llegan, de las normas básicas de convivencia. No se mete a regular el alquiler de habitaciones sueltas y establece como VUT cualquiera que se ponga completa en el mercado aunque sea sólo un día del año. Es una normativa que pone los intereses de los turistas y de los anfitriones —o sea, de los consumidores y de los empresarios— por encima de los derechos de los ciudadanos. Es una regla que nace vieja, como si no llevásemos una larga temporada en todo el mundo soportando y analizando el impacto de las VUT en las ciudades. Y es, sobre todo, un ejemplo evidente de la descoordinación entre administraciones y un reflejo del despiste en el que están los territorios con esto del turismo.

Como se sabe, la capital ha aprobado recientemente un Plan Especial de Hospedaje que se ha anunciado con titulares como “El Ayuntamiento reducirá un 90% las VUT” o “Madrid aprueba limitar a 90 días los alquileres turísticos”. Lo que quizá no todo el mundo sabe es que las competencias sobre turismo las tienen las comunidades autónomas y que el gobierno de Carmena, como todos los locales, sólo puede intervenir a través de normas de urbanismo. Por eso el Plan Especial municipal pretendía limitar las VUT profesionales, las que superasen los 90 días que se establecía en la ley regional anterior. Y por eso ahora, al no haber ese máximo de alquiler anual para lo colaborativo, la combinación de ambas normas hace que todas las VUT ubicadas en la almendra central de Madrid que no tengan salida directa a la calle, como establece el Plan Especial, sean ilegales y, por tanto, que sea cierto ese primer titular entrecomillado en este párrafo. La situación, de todos modos, hay que considerarla transitoria por varios motivos.

En primer lugar, porque las dos normativas, muy especialmente la del Ayuntamiento, se enfrentarán a unos cuantos recursos que pueden alterarlas e incluso revocarlas. Y, también, porque estamos en pleno baile electoral y en junio ya veremos quién tiene mando en todo esto. Los responsables del decreto de la Comunidad son muy conscientes de ambos factores y prevén la próxima caída del Plan Especial municipal. Sin él, sólo con la regulación regional, Madrid tendría las puertas abiertas de par en par a las VUT como ninguna otra ciudad en Europa. El típico desastre previsible que igual se podría arreglar votando.

¿Paradoja o contradicción?

De todos modos, y como muy bien mostraba la noticia publicada en eldiario.es por Sofía Pérez Mendoza y Fátima Caballero, son fascinantes las reacciones que ha provocado el decreto de la Comunidad en el Ayuntamiento. Fuentes del área de Desarrollo Urbano Sostenible, responsable del Plan Especial, han dicho que ya tenían previsto al redactarlo el cambio de la norma superior, pero también han reconocido su fastidio por la desaparición del máximo de 90 días que deja fuera a quienes practican la “economía colaborativa” y han pedido establecer “vías de diálogo”. La cosa se podría resumir en que se han dado cuenta de que van a tener que ser fieles a su argumento de la prohibición total de las VUT y no les ha hecho mucha gracia. ¿Paradójico? En realidad, no.

Tanto el gobierno regional como el municipal ven en el turismo uno de los motores de la economía madrileña —algo que tiene un montón de matices, a ver si lo cuento un día por aquí— y, por eso, aumentan su inversión en promoción y presumen de los éxitos logrados. El año pasado, la comunidad recibió 7,1 millones de turistas internacionales, un 6,3% más que el anterior. Madrid es ahora mismo una de las ciudades del mundo más atractivas para esa nueva especie de turista urbano que no para de crecer. El PP y sus socios de Ciudadanos lo celebran y legislan abiertamente para que esto siga y vaya a más. Ahora Madrid, no. No lo hace tan abierto, quiero decir. El Plan Especial no sólo ha tardado demasiado tiempo en aprobarse sino que no quiere ser, como se vendió, una ilegalización total de la VUT. Carmena y compañía saben que los visitantes que llegan a la ciudad ni caben ni quieren alojarse sólo en los hoteles disponibles. Los ahora gobernantes quieren que venga la gente, que venga más gente, pero pretenden que eso no genere conflictos. Y eso es imposible. Lo explica, casi sin querer y en dos frases, Javier Pérez Andújar en su última novela y lo explican otros libros, como Ciudad de vacaciones, de Milano y Mansilla, y Exceso de equipaje, de un servidor (con perdón). Pero, sobre todo, lo demuestran las experiencias de lugares como Barcelona, Ámsterdam, Lisboa y... el centro de Madrid.

No se puede frenar, desde un poder local o regional, la tendencia creciente al aumento de visitas turísticas en ciudades. Y tampoco es nada fácil paliar los conflictos urbanos que genera esta actividad tal y como se está desarrollando actualmente. Por eso precisamente se requieren legisladores con capacidad para entender la magnitud del fenómeno y sus consecuencias, gobernantes con la intención y el criterio para tratarlo con una visión estratégica y no cortoplacista que trabaje para el beneficio real de la ciudad. En Madrid, ahora mismo, no hay.

“La ciega entrega a la especulación y al turismo llevaba tiempo dejando el centro de la ciudad sin vecinos y sin libros. Sólo policías y gente desorientada”. Javier Pérez Andújar asegura en la promoción de su último y estupendo libro, La noche fenomenal (Anagrama, 2019), que se ha querido refugiar en la ficción pura. Pero, como se ve en este entrecomillado sacado de esa ficción, ni siquiera pasándose a la literatura fantástica ha podido evitar retratar la ciudad resort en la que habitamos. Él escribe sobre Barcelona pero lo que dice vale para cualquiera. El turismo urbano está tan masificado que hasta se cuela con sus consecuencias en las novelas como parte del paisaje. Por lo que se ve, son los que tienen que gobernarlo los únicos que no se enteran de esta realidad tan presente. Igual es que leen poco.

La Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana su decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT) y, quién lo iba a imaginar, ha salido cruz. La nueva norma establece la obligatoriedad de los anfitriones de presentar una declaración responsable y un certificado de idoneidad, de contratar un seguro, de respetar un número de ocupantes determinado por los metros de la casa y de informar a la policía de quién llega y a los que llegan, de las normas básicas de convivencia. No se mete a regular el alquiler de habitaciones sueltas y establece como VUT cualquiera que se ponga completa en el mercado aunque sea sólo un día del año. Es una normativa que pone los intereses de los turistas y de los anfitriones —o sea, de los consumidores y de los empresarios— por encima de los derechos de los ciudadanos. Es una regla que nace vieja, como si no llevásemos una larga temporada en todo el mundo soportando y analizando el impacto de las VUT en las ciudades. Y es, sobre todo, un ejemplo evidente de la descoordinación entre administraciones y un reflejo del despiste en el que están los territorios con esto del turismo.