La semana pasada Cristina Cifuentes anunció que su gobierno empieza los trámites para modificar el Decreto sobre Viviendas de Uso Turístico (VUT). La noticia fue acogida con cariñosos titulares y poco análisis. La mayoría de los medios ha sacado a hombros la medida que establece que las comunidades de propietarios podrán prohibir las VUT en los edificios, pero hay más: se elimina el límite de cinco días, como ya estableció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; continúa la obligación de incluir el piso dentro del Registro de la Comunidad de Madrid y se considera infracción grave no hacerlo; se propone crear un certificado de idoneidad que garantice unos mínimos de calidad de la vivienda; el propietario tendrá que contratar un seguro de responsabilidad civil y disponer de hojas de reclamaciones, además de informar a la policía sobre los ocupantes; y, quizá lo más relevante, las plataformas pasan a ser consideradas empresas turísticas y por eso a estar sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo.
El proyecto está subido en el portal de transparencia hasta el 13 de julio a la espera de su aprobación después de recibir las aportaciones de asociaciones del sector y, espero, alguien más. Yo, por si acaso, hago algunas por aquí.
¿Proteger al turista pero no al vecino? “No estamos en contra de las VUT, pero queremos que haya más seguridad, sobre todo, para los usuarios”. Son palabras de Cristina Cifuentes recogidas por los medios. Así pues, el objetivo de esta reforma es proteger turista, no tanto a los vecinos o a las propias ciudades donde se desarrolla esta actividad económica. Raro. Se supone que los gobiernos legislan para el bien de los residentes, no para el de los visitantes. No son los usuarios de Airbnb y Homeaway los que necesitan protección, sino quienes habitan las ciudades donde estas plataformas desarrollan su actividad, que son quienes sufren los traumas que ya todo el mundo conoce. Seguro que el Gobierno de la Comunidad también.
No asume la gravedad del problema. Otra cosa que dijo Cifuentes es que se trata de una actividad “perfectamente legal” que aún no es tan problemática en Madrid como en Barcelona. Otra negación de la evidencia. El registro obligatorio ya existente es sistemáticamente incumplido por la mayoría de los apartamentos listados en las plataformas, y la Comunidad también lo sabe. En cuanto a lo de que no estamos tan mal como en Barcelona, voy a dar algunos datos.
En Madrid ya hay tantas camas en VUT como en hoteles: algo más de 80.000. En los primeros seis meses de 2017, el negocio de todas las plataformas en la capital ha generado 120 millones de euros, más de la mitad son del Distrito Centro, el más saturado. En Centro hay más de 12.000 apartamentos en oferta, o sea, más de 47.000 camas, 331 por cada mil habitantes. Son datos extraídos de una herramienta de mapeo creada por una empresa española que registra la actividad de todas las plataformas en todo el mundo y que está empezando a ofrecer sus servicios a ayuntamientos y administraciones que quieren de verdad protegerse de la invasión. Una empresa, por cierto, que cuando me enseña su software me pide que no diga su nombre para protegerse de posibles reacciones de las plataformas, que trabajan cada día para entorpecer su labor y la de otras herramientas como Inside Airbnb.
Las comunidades de vecinos tienen muy difícil prohibir las VUT. Para cambiar los estatutos de una comunidad de vecinos hace falta unanimidad. Si hay un propietario que ya tiene una VUT, la cosa no saldría adelante. Se podría denunciar judicialmente a esos vecinos, pero tampoco parece una solución sencilla. Todo esto se explica en este artículo de Somos Malasaña.
El número de registro debe estar en el anuncio. Lo malo de esa frase que se escucha tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, la de “no estamos tan mal como Barcelona”, es que no sólo no es consciente del follón en el que estamos metidos, sino que se niega a aprender de los mayores, en este caso Barcelona y Cataluña. Uno de los logros de la norma de la Generalitat que legisla sobre VUT es la obligatoriedad de mostrar el registro en el anuncio. Así, tanto para el usuario como para los inspectores municipales que empiezan en algunas ciudades a vigilar la legalidad de las ofertas –y hasta para Hacienda, que también– es todo mucho más fácil.
Acabo. La Comunidad de Madrid se equivoca seriamente en este tema. Entiendo que su intención es no manchar el incremento de turistas que cada año se da en la región. Supongo que con la táctica de no reconocer el problema quiere ver si así desaparece. Y sé que el turismo es un objetivo estratégico y uno de los sectores económicos en el que más se invierte porque se cree que es el que mejores resultados puede dar a estas alturas del modelo económico. Pero el Gobierno autonómico debería ponerse las pilas a la hora de normalizar esta anomalía. Lo están haciendo todas las regiones con criterio del mundo porque el asunto se está saliendo de madre.
Insisto, no se trata de prohibirlo sino de regularlo con cabeza, de redistribuirlo. Y hay que hacerlo ya, porque la cosa va creciendo exponencialmente y devorando barrios, pueblos y ciudades. Y vecinos que, recuerdo a quien pueda interesar, son votantes.
