150 días de guerra entre el Gobierno y las eléctricas: plantes, amenazas y miles de millones en juego

Sigue el pulso entre Gobierno y grandes eléctricas, en especial Iberdrola, por los recortes del Ejecutivo a su retribución, en paralelo a la histórica escalada del mercado mayorista de electricidad por la estratosférica subida del gas. Este lunes se cumplen 150 días desde que el 28 de mayo se abrieron las hostilidades al trascender la intención del Ejecutivo de recortar los denominados beneficios caídos del cielo que reciben las empresas por la subida de la cotización del CO2.

Lo que empezó como un enfrentamiento más o menos soterrado ha acabado en guerra abierta, a medida que la espiral de subidas en el famoso pool crecía imparable, y con la primera eléctrica del país, Iberdrola, y su primer ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, como cabeza visible de un desencuentro que ha ido creciendo.

En estos casi cinco meses, las grandes del sector han amenazado con un cierre anticipado de las nucleares; se les ha acusado de vaciar embalses para maximizar sus beneficios; han anunciado la paralización de inversiones; se han borrado de la última subasta de renovables o han utilizado las subidas de precios a la industria como moneda de cambio para intentar neutralizar los recortes.

El último episodio se vivió el jueves. “Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras” y “habrá muchas personas que considerarán extremista al señor Galán”, decía Teresa Ribera sobre el presidente de Iberdrola en una entrevista en El Periódico de España en la que afirmaba que toca “reclamar a las eléctricas el compromiso social que tanto aparece en sus memorias y en su publicidad”.

Horas después, la multinacional vasca contraatacaba. En un inusual comunicado, instaba al Gobierno a retirar el Real Decreto-Ley que aprobó hace un mes, ya avalado por el Congreso, para atajar la sobrerretribución que, según el Ejecutivo, reciben las empresas por el efecto de la subida del gas en el mercado mayorista. Iberdrola exige no ya matizar el decreto, como ha prometido Ribera, sino la “retirada” de esa norma que, asegura, contiene “tributos lesivos” y obliga a las compañías a devolver 1.000 millones de euros al mes.

Tras los anuncios de paradas de cerca de una decena de fábricas por los altos precios de la energía, la eléctrica vasca ofrece a cambio de que se retire el decreto “no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española”. “Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios”, asegura.

El supuesto error del Gobierno al que hace alusión la compañía sería ese drástico recorte de ingresos a hidroeléctrica, nuclear y algunas renovables (las más antiguas) a través de un mecanismo de minoración temporal que estará vigente hasta marzo y que Ribera ha ofrecido matizar si las eléctricas garantizan “precios razonables” a la industria a través de contratos a largo plazo que se salvarían de esa detracción de ingresos.

Escalada de precios que pulveriza previsiones

El decreto persigue cumplir la promesa de Pedro Sánchez de cerrar 2021 con precios de la luz similares a los de 2018, que el propio presidente del Gobierno reiteraba este viernes que se va a cumplir, reduciendo un 96% la parte regulada del recibo que fija el Ejecutivo, los cargos (con mayor peso en los pequeños consumidores), con un recorte que Transición Ecológica cifró en septiembre en 2.600 millones. Pero la propia Ribera ha reconocido que la escalada de la cotización del gas ha pulverizado sus previsiones.

Así, si a mediados de septiembre la referencia del mercado ibérico Mibgas rondaba los 63 euros por megavatio hora (MWh), en octubre ha llegado a superar ampliamente los 100 euros. El recorte a las generadoras de electricidad superaría así los 5.000 millones, según las empresas, que temen además que la medida vaya más allá de marzo. Pasado el invierno se espera que la cotización del internacional del gas se relaje. Pero los futuros de la electricidad apuntan a precios muy elevados hasta, como pronto, 2023.

Las eléctricas clamaban hace un año contra el destrozo que, aseguraban, estaba provocando para las nucleares el desplome que sufrió el mercado mayorista en 2020 por efecto de la pandemia. Y ahora que el pool está en niveles nunca vistos, aseguran que tienen vendida a plazo el 100% de su producción de base (nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses, a precios muy inferiores a los actuales, que hace seis meses nadie preveía. 

Ribera, que ha incidido en la falta de transparencia de esos contratos y en el escaso peso de los acuerdos de suministro a largo plazo en la industria, estudia vías para excluir del mecanismo de minoración a las generadoras con acuerdos bilaterales a precios que necesariamente serán muy inferiores a los más de 200 euros/MWh de lo que, de media, llevamos de octubre. 

La ministra se abrió a matizar el decreto tras las advertencias del PNV, socio preferente del Gobierno históricamente vinculado a Iberdrola, después de una ronda de contactos previa a su aprobación y en vista de las “manifiestamente incongruentes” propuestas de Bruselas ante la crisis energética. Los líderes de la UE han aplazado las posibles soluciones, como pronto, hasta diciembre, con España liderando la presión para reformular el sistema marginalista de formación de precios, por el que la última central que casa oferta y demanda marca lo que cobra el resto. Las eléctricas europeas han presionado por carta a varios gobiernos europeos para que los recortes aplicados en España no se extiendan a otros países.

Plantón en la subasta

El penúltimo episodio del conflicto ha sido la decisión de Iberdrola y Endesa de no acudir a la subasta de renovables del pasado martes, tras confiar Ribera en que fuera “una buena señal” para la economía española “en complejo contexto”.

Tras el plante de las dos grandes y “en las circunstancias más complicadas que hemos vivido en los últimos años”, según la ministra, por primera vez en una convocatoria de este tipo no se cubrió todo el cupo subastado. Se adjudicó el 95% de la potencia prevista, 3.123 megavatios (MW), a un precio de 30,56 euros/MWh. A años luz de la cotización actual y futura del pool, pero más de un 20% por encima de la anterior subasta de enero. Un peaje “razonable”, según Ribera, teniendo en cuenta la actual inflación en la industria de bienes de equipo y las materias primas.

En el sector fotovoltaico no ha sorprendido la ausencia de Iberdrola y Endesa. Al otorgar visibilidad de ingresos a largo plazo, estas subastas son especialmente interesantes para operadores que necesitan respaldo financiero a sus proyectos y pueden carecer del músculo de las grandes, que además pueden cerrar contratos a largo plazo a precios superiores. El vacío de Iberdrola y Endesa lo han cubierto operadores como Capital Energy (que ya arrasó en la subasta de enero) y la aragonesa Forestalia, que en convocatorias anteriores fue una de las grandes ganadoras, aunque luego vendió buena parte de su cartera de proyectos. 

La filial de Enel ya ha señalado en el pasado que no comulga con estas convocatorias pues entiende que no son necesarias. Iberdrola, que ya en septiembre anunció la paralización de inversiones en España, sí ha dejado claro que no ha acudido por la inseguridad jurídica que, afirma, existe por culpa del [en palabras de Galán] “terrorífico intervencionismo” del Gobierno.

El día en que se descolgó de la subasta, Iberdrola anunció una inversión de 7.200 millones en eólica marina en Reino Unido y distribuyó una foto de Galán con Boris Johnson, aunque dos días después, su filial Scottish Power cargaba contra los topes de precios que tienen allí las comercializadoras, que aseguraba, van a provocar una “masacre” en el sector si las autoridades británicas no actúan.

Mientras se aclara el futuro del polémico decreto-ley, otro frente de esta partida se juega en el Congreso, que tiene sobre la mesa el citado proyecto de ley para minorar el exceso de beneficios por el CO2, aún en fase de enmiendas. El texto busca recortar, en este caso de forma permanente, los ingresos extra a las centrales previas a 2003 (básicamente, hidroeléctricas y nucleares), que se benefician de la subida de los derechos de emisión de carbono, que no soportan, y cuya cotización este año ha llegado a superar los 60 euros por tonelada, el triple que la media de los últimos años.

El proyecto de ley fue aprobado a principios de agosto, en vísperas de la polémica por el “escandaloso” desembalse de presas hidroeléctricas gestionadas por Iberdrola, y mientras llovían noticias sobre cómo esta tecnología marcaba las ofertas más caras en el mercado mayorista. Tras abrir la puerta a que una empresa pública gestione las concesiones caducadas, el Gobierno abrió varios expedientes informativos e invitó a las empresas afectadas por el recorte del CO2 a devolver a la Administración las concesiones hidroeléctricas afectadas si entienden que no van a ser rentables.

Vuelve la “expropiación”

Las eléctricas calificaron en junio de “confiscatoria” la propuesta de minorar los beneficios por el CO2. Entonces ya plantearon adelantar el cierre escalonado de las nucleares pactado a partir de 2027, amenaza que repitieron en septiembre, al asegurar que ese proyecto de ley y el decreto del Gobierno abocaban a un cierre “desordenado” de las plantas. Hasta hace unos días, planeaban una parada simultánea de hasta tres reactores en noviembre, cuando muy probablemente se cierre uno de los dos gasoductos que abastecen de gas a España desde Argelia, lo que añadirá aún más presión al precio de la luz.

Es casi una tradición que con cada reforma eléctrica de calado, el sector califique las medidas de “expropiación”. Esa palabra ya la sacó a colación el primer ejecutivo de Endesa tras la llegada de Podemos al Gobierno para tranquilizar a los inversores: “No nos van a expropiar”, dijo entonces José Bogas. Y en 2012, ante la reforma que entonces aprobó el PP de Rajoy, el entonces presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes, ya la utilizó para abroncar en plena vía pública y tras un acto en Madrid al entonces director de Política Energética del Ministerio de Industria, Jaime Suárez. Ahora, han vuelto a aludir a la expropiación directivos de las eléctricas y en público, y el propio Pablo Casado nada más aprobarse el Real Decreto-Ley de septiembre.

Con Unesa reconvertida en Aelec, el papel más duro contra el Gobierno lo ha asumido un Galán, que es el responsable de contratar en plena bronca con el Ejecutivo al exconcejal socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de su filial española. El salmantino, gran aficionado a la caza, no se ha arredrado tras su imputación en el caso Villarejo poco después de cumplir 20 años como ejecutivo de Iberdrola, y dispara a matar. Las espadas siguen en alto mientras en Bruselas se retrasan las medidas para hacer frente a la mayor crisis energética en medio siglo.