El 69,7% de los españoles cree que sería conveniente una intervención pública para controlar el precio de la luz, según el barómetro de noviembre publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que recoge que un porcentaje minoritario de la población, el 14,1%, cree que esa medida tendría efectos negativos para el sector eléctrico.
Según el último barómetro, el 83,2% de los encuestados por el CIS considera que el actual sistema de fijación del precio de la luz es totalmente (50,7%) o bastante incorrecto (32,5%). Para un 7,2% de la población, la subida de tarifas energéticas está entre los principales problemas de España, frente al 3,4% del anterior barómetro.
El organismo que preside Félix Tezanos ha incluido en su último barómetro una batería de preguntas sobre la electricidad, coincidiendo con la crisis de precios de la luz que arrancó el pasado verano y que llevó a que el mercado mayorista de electricidad pulverizarse todos sus récords el pasado octubre. Al 64,9% le preocupa “mucho” esta subida y al 27,3%, bastante. El 97,5% de los encuestados considera que la electricidad debería ser considerado un bien de consumo básico, como el agua.
Pese a la escalada, hay un 10,1% de encuestados que asegura que su recibo no ha subido “nada”. Otro 21,8% afirma que lo ha hecho “un poco”. Para el 28,5% ha subido “bastante” y para el 19,7% lo ha hecho mucho. Y es que los récords del mercado mayorista de electricidad tienen reflejo directo en los consumidores que están en la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), donde están el 40% de los suministros de baja tensión, y para los que el coste de la energía está directamente indexado al del denominado pool.
La mayoría de los suministros de baja tensión, 60%, está en el mercado libre, a los que estas subidas no les afectan de manera inmediata, aunque acabarán haciéndolo. Estos clientes, que históricamente han tenido tarifas superiores a las de los que están en PVPC, están por ahora fuera del universo que tiene en cuenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) para calcular la inflación. En octubre, el IPC se disparó hasta el 5,4%, su máximo en 29 años, en buena medida por el efecto de la subida de la electricidad, que el organismo cifró en el 62,8% interanual. Esa foto es incompleta porque solo tiene en cuenta al PVPC, lo que va a llevar al organismo a cambiar su metodología en enero.
La escalada de precios de la electricidad llevó al Gobierno a aprobar en septiembre un Real Decreto-Ley para, entre otras cosas, recortar 2.600 millones a las eléctricas mediante un mecanismo de minoración de los ingresos excesivos de las tecnologías no emisoras de CO2 que luego corrigió al dejar fuera a los contratos bilaterales, para proteger a la industria de las subidas.
Con ello, el recorte será muy inferior a lo anunciado en septiembre por el Gobierno, que ha abierto la batalla en Bruselas para tratar de desindexar los precios de la electricidad de los del gas por el funcionamiento del mercado mayorista. La cotización de esta materia prima lleva meses disparada. Esta semana el gas ha vuelto a experimentar fuertes subidas tras la decisión de Alemania de suspender la licencia del gasoducto ruso Nord Stream II. Tras ello, este miércoles la referencia del mercado gasista holandés TTF ha vuelto a superar este miércoles los 100 euros/megavatio hora (MWh). A eso se suman los nuevos máximos históricos de los derechos de emisión, que ya superan los 67 euros por tonelada. Estas dos magnitudes, y en especial el gas, tiene impacto directo en los precios del pool eléctrico.
Tras corregir el recorte aprobado en septiembre, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que los productores de renovables que tienen una retribución garantizada (con una rentabilidad del 7,4%) puedan adelantar la devolución de los ingresos extra que deben reintegrar en el futuro como consecuencia de las subidas del pool. Pero la medida no ha encontrado consenso, según admitió hace unos días la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. El Gobierno mantiene que el recibo acabará el año en niveles similares a los de 2018, como prometió el pasado septiembre Pedro Sánchez.