Iris tiene 29 años, vive en Navarra y trabaja en un pequeño 'escape room'. “Abrió en julio. Yo iba a entrar en agosto pero no había trabajo suficiente. Ahora la propuesta es septiembre, pero no hay nada seguro. Aquí estamos con rebrotes. No sabemos si habrá más restricciones, si se aplicarán, si habrá ERTE para mí. ¿Cuánto tiempo se van a ampliar? ¿Es asumible que yo siga? No sé si la empresa podrá con esto”, relata. “El casero nos rebajó el alquiler, pero cuando acabó el estado de alarma ya no. Iberdrola hizo una moratoria y ahora han llegado todas las facturas de golpe. Mis compañeras de piso retomaron su actividad. Yo tengo sensación de incertidumbre y de tiempo retrocedido”.
De acuerdo a los últimos datos, Iris es una de las 959.000 personas que siguen en ERTE en España. La recuperación de todo ese empleo suspendido −que a finales de abril incluía a 3,4 millones de trabajadores− sigue su curso. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, compartió en su cuenta de Twitter las cifras (más actualizadas que las que ofrece la propia Seguridad Social cuando da los datos de afiliación mensual) y habló del “buen ritmo” de activación durante la primera semana de agosto. El 72% de quienes estuvieron en un ERTE en lo peor de la pandemia ya han salido.
El problema es ese otro 28%. A quienes siguen ahí les pesan los seis meses sin trabajar, los problemas que muchos han tenido para cobrar y las dudas sobre qué será de ellos a partir de septiembre. “Son los casos más desesperados. Si no se han incorporado ya a la empresa es porque están en el límite”, sostiene Florentino Felgueroso, investigador asociado en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). “Hay peligro de que en los próximos meses acaben mal, en el paro porque no han podido incorporarse. El turismo y el comercio lo están prolongando mucho, los que más”.
La mayoría de quienes siguen en ERTE están en uno por fuerza mayor. De estos, más de la mitad se concentran en tres sectores: comidas y bebidas, comercio y servicios de alojamiento. Los datos no distinguen entre ERTE a tiempo completo y a tiempo parcial, en los que los trabajadores hacen una parte de su jornada. Los ERTE por fuerza mayor terminan el día 30 de septiembre, aunque tanto Escrivá como Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Reyes Maroto, ministra de Industria, han confirmado la intención de prorrogarlos aún más. Empresarios y sindicatos sugieren como fecha el 31 de diciembre. La pregunta es: pasada la temporada turística, de la que muchas empresas dependen, ¿habrá actividad? ¿Habrá vuelto el consumo interno a la normalidad? ¿Habrá, en definitiva, trabajo?
“Salvo en Canarias, la relación con el turismo es muy estacional. Evidentemente, para recuperarse tiene que pasar un año”, continúa Felgueroso. “Dependerá mucho de cómo aguanten las empresas, de qué reservas tengan y de si reciben ayudas suficientes. Muchas se han creado recientemente y no tienen colchón para una crisis”.
“Nadie te dice qué va a pasar”
Jesús tiene 34 años y cotiza desde los 16. Trabaja como conductor en el autobús turístico de Barcelona y lleva desde marzo en un ERTE. “Yo quiero trabajar, no puedo estar parado. Me da igual irme a un supermercado, a otra empresa de autobuses. Lo que no voy a hacer es irme gratis de mi empresa cuando llevo once años dando la cara”, cuenta. “El problema es que nadie te informa ni te dice qué va a pasar: ni la empresa ni el SEPE. Y los fijos discontinuos estamos con el miedo de no tener paro”. En principio, las medidas del Gobierno amparan a este tipo de trabajadores, que podrán cobrar el paro aunque el coronavirus haya afectado a su período de actividad.
Otro de los temores de quienes siguen en ERTE es si la prestación se reducirá del 70% al 50% del sueldo cuando llegue septiembre, ya que la regulación plantea esa reducción a partir del sexto mes. “La gente tiene pánico”, dice Carmen Pérez, que forma parte de la Asociación de Afectados por Impagos de ERTEs. “Esperábamos que llegara septiembre y la empresa nos dijera qué hace con nosotros. Pero seguir más meses con una prestación aún más reducida es insostenible. Desde marzo, yo solo he cobrado 800 euros por errores del SEPE. Estoy divorciada, así que me ayudan mis amistades: uno con el alquiler, otro con el teléfono, las amigas me invitan a su casa. Lo suyo sería que las empresas nos indemnizaran si tienen que despedirnos, pero entiendo que con la crisis que viene y lo mal que están arrancando intentarán no pagar”.
Los ERTE por fuerza mayor exigen que las empresas mantengan el empleo de los trabajadores incluidos durante al menos seis meses, con la excepción de aquellas que estén en “riesgo” de quebrar, lo que deja la puerta abierta a que muchas pymes −las más débiles y con mayor falta de liquidez− destruyan empleo.
“Si alargan los ERTE al 50% será muy difícil sobrevivir. Yo no sé cómo la gente podrá hacerlo”, dice Isabel, una camarera del barrio de Barajas, en Madrid. El bar en el que trabaja ha reabierto pero no ha recuperado a todos sus empleados. “De once que somos, solo han salido cuatro. Trabajamos mucho con el aeropuerto, los pilotos y azafatas, y las ferias de IFEMA. No hay movimiento, no hay trabajo”. Los rebrotes complican que con el nuevo curso se recupere la actividad.
Aunque Isabel ha cobrado todos los meses, su situación es delicada. Su marido, conductor de VTC, también está en un ERTE. Y tienen un bebé. “Al 50% entrarían en casa 1.000 euros al mes. Pagamos 650 de alquiler. Desde la asociación de afectados por impago nos han ayudado, en Cáritas nos han dado algo de comida y hemos tirado un poco de mis padres, que son jubilados. Yo entiendo que la situación es crítica, pero deberían ayudar a las familias”. Su expectativa, concluye, es encontrar un trabajo nuevo. Ha mirado puestos de atención al cliente que le permitan teletrabajar. “He hecho un par de entrevistas, porque me planteo que ya no puedo seguir así”.
Lo difícil viene ahora
¿A partir de qué momento dejan de ser sostenibles los programas de protección de empleo? El investigador Felgueroso publicó, junto a Marcel Jansen, una valoración de los ERTE del coronavirus, comparándolos con medidas similares adoptadas en Europa y analizando sus costes y beneficios. Por un lado, apuntan, son un instrumento útil para evitar despidos ineficientes y preservar a empresas viables, lo que facilita la recuperación de la economía. Al sostener la renta de los trabajadores, contribuyen a evitar los costes asociados a la pérdida de empleo (económicos, psicológicos y de salud) y un desplome del consumo mayor.
Sin embargo, “como toda subvención, también producen efectos no deseados. La literatura económica suele enfatizar el riesgo de peso muerto y efectos de desplazamiento”, continúa el análisis. El peso muerto se genera cuando un puesto de trabajo incluido en un ERTE se hubiera preservado igual sin él. Los efectos de desplazamiento se refieren al caso que nos ocupa: cuando el ERTE preserva empleos que serán inviables sin ayudas tras la recuperación. Existe también un riesgo de que retrasen la recuperación del empleo; es decir, que eviten que los trabajadores se muevan a sectores más productivos. Y de que las empresas se aprovechen y los mantengan durante más tiempo del necesario para ahorrar en personal.
La nueva normalidad no es exactamente igual que la antigua. Hay sectores en los que el consumo aún está lejos de recuperarse y habrá empresas −por ejemplo, hostelería y comercios en zonas de oficinas− en las que la demanda no vuelva a ser como antes. “En esta fase, los programas de protección de empleo por fuerza mayor dejan de tener sentido: habría que diseñar una transición hacia ERTE por razones económicas que permitan una reinserción gradual”, añade Felgueroso. Esto es lo que el Gobierno ha llamado ERTE de transición y lo que, en principio, termina en septiembre.
“Lo difícil viene ahora”, indica. El Gobierno debería compaginar un nivel adecuado de protección con “incentivos a la movilidad para los trabajadores cuyo puesto de trabajo no se pueda garantizar”, especialmente aquellos sectores donde no habrá actividad hasta que no haya vacunas. Véase todos los asociados al turismo.
La sugerencia de los investigadores es que se facilite el trasvase de empleados de sectores parados, trastocados por las restricciones y los cambios de hábitos del consumidor, a sectores en los que haga falta gente. ¿Cómo? “Como primer paso, se podrían mejorar las condiciones de los ERTE si las empresas ofrecen formación a sus empleados durante las horas de inactividad. Además, existe la opción de permitir la compatibilidad, parcial y limitada en el tiempo, de la prestación con el salario si el trabajador acepta otro empleo”, concluye.
En esta transición, el SEPE podría jugar un papel valioso y adelantarse a los hechos, ofreciendo sus servicios a empresas y preparándoles planes de reubicación de personal.