El lobby de Airbnb presiona con fuerza en Bruselas para vetar las iniciativas regulatorias de las ciudades

Como muchas empresas, AirBnB y otras plataformas de alquiler vacacional mantienen un lobby en Bruselas. De las regulaciones de la Comisión Europea depende en gran parte su negocio, que asciende a 15.000 millones de euros en toda Europa según un informe de PWC de 2016. Es la mayor cuantía dentro de la autodenominada “economía colaborativa”, seguido, con 5.000 millones, por las plataformas de transporte.

Su grupo de presión, la Asociación Europea de Casas de Vacaciones (European Holiday Home Association) ha llegado a presentar quejas ante la Comisión Europea contra las medidas adoptadas por Barcelona, Berlín, París y Ámsterdam para regular su actividad, según el informe 'UnFairbnb', del Observatorio Empresarial Europeo (Corporate Europe Observatory). Estas quejas aún siguen su curso y podrían acabar en el Tribunal de Justicia Europeo.

En dos años el gasto del lobby de Airbnb en la UE ha aumentado desde menos de 100.000 euros hasta más de 500.000, según las últimas últimas cifras disponibles, de 2015-2016.

Las medidas que colisionan con el negocio de AirBnB

El motivo por el que se han presentado quejas contra estas cuatro ciudades en concreto es que sus corporaciones municipales han sido particularmente activas en la regulación y han entrado directamente en conflicto con la empresa estadounidense.

En Barcelona en 2014 se suspendió la concesión de permisos de alquiler a corto plazo en el centro de Barcelona (Ciutat Vella), y en 2015 se suspendieron todas las nuevas licencias turísticas. Los siguientes años estarían marcados por un conflicto serio entre AirBnB y el municipio, culminando con una multa de 600.000 euros tanto para AirBnB como para HomeAway. El conflicto, a día de hoy, continúa abierto. La ciudad ha abierto 6.000 expedientes, de ellos 3.000 sancionadores. Se han dictado 2200 órdenes de cese de actividad, se han detectado 300 casos de realquiler, y se han precintado 127 pisos turísticos ilegales, informa Barcelona En Comú.

En París, donde se calcula que hay 65.000 casas en esta plataforma, se ha limitado la posibilidad de alquilar a través de AirBnB a 120 días anuales y se ha establecido un registro obligatorio que ha sido impugnado por AirBnB.

La ciudad de Bruselas estableció unos requisitos administrativos complejos para los propietarios, así como unos requisitos mínimos en el alojamiento en cuanto a potencia eléctrica y accesorios para los visitantes (perchas, toallas, vasos...).

Berlín probablemente ha ejercido la mayor oposición, y llegó a prohibir otorgar nuevos permisos para el alojamiento turístico, una decisión avalada por los tribunales. Según sus cálculos, las distintas normas de control que han ido aprobando han logrado “devolver” al alquiler residencial 8.000 viviendas.

Fuentes de la plataforma han indicado a eldiario.es que apuestan por el turismo sostenible y trabajan por lograr “normas justas y simples en todas las ciudades para beneficiar a las familias que comparten casa y a las economías locales”. En esta línea, remarcan que desde el año pasado “se está avanzando con Barcelona”, ya sea con la implantación de la política de “One host, One home” como con la retirada de más de 1.000 anuncios de la plataforma. Asimismo, recalcan que en febrero se anunció que en Andalucía a partir del 1 de mayo sería necesario contar con el número de registro para poder tener un anuncio. “Airbnb colabora con más de 300 gobiernos en todo el mundo y seguirá hablando y negociando con los gobiernos de todas las ciudades para lograr normas justas”, señalan.

La “hospitalidad” de la Comisión con AirBnB

Según los autores del informe, la Comisión Europea interpreta de manera reiterada las normas de la UE a favor de las plataformas de alojamiento turístico. La ofensiva del lobby europeo que representa a AirBnB (a pesar de su pequeño tamaño) ha logrado ya importantes concesiones. “En la CE hay una fuerte convicción de que las plataformas online son embajadoras de la innovación y del crecimiento sostenible”. Por ello, en numerosas ocasiones han señalado que las medidas para un turismo más sostenible entran en colisión con las leyes europeas existentes.

En la actualidad, la CE está elaborando una “guía de políticas” sobre el alquiler turístico. Pero según el Observatorio no es de esperar que se cambien las leyes existentes o se generen otras nuevas. Al respecto, recuerdan que recientemente el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución que consideraba el alquiler turístico como “un excelente modo de aprovechar recursos y espacios infrautilizados” y condenaba “las regulaciones impuestas por algunas autoridades para restringir el alquiler turístico a través de la economía colaborativa”.

El principal interés de estas empresas es seguir encuadradas en la “economía colaborativa”, lo que les permite eludir determinadas regulaciones, según el Observatorio, como controlar la actividad ilegal en su web.

“Si queremos defender el derecho a unas viviendas asequibles y evitar que parte de las ciudades se transformen en parques temáticos muertos, debemos actuar. La parte del león de este problema debe tener lugar a nivel local. Pero la resistencia local no será suficiente a largo plazo si no se complementa con una campaña pan-europea”, señala el informe. A su juicio, estas plataformas no son la única razón por la que escasea el parque de viviendas asequibles –sitúa primero la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda social– “pero sacar decenas de miles de casas del mercado regular de alquiler tiene un efecto”, concluyen.