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Juezas y Jueces para la Democracia exige la dimisión del magistrado que ha paralizado la doctrina sobre las hipotecas

Juezas y Jueces para la democracia denuncia la gestión del magistrado Luis María Díez-Picazo

elDiario.es

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha emitido este lunes un comunicado exigiendo la “dimisión inmediata” de Luis María Díez-Picazo, presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo por su “nefasta gestión” ante la petición de revisión de la sentencia de las hipotecas.

Díez-Picazo solicitó el pasado viernes la revisión de la sentencia que dictaminaba que eran los bancos y no los clientes quienes debían abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentales (AJD) en la firma de hipotecas, por haber provocado una “enorme repercusión económica y social”.

La asociación JJpD reconoce que las decisiones de la Justicia pueden tener “impacto, no solo en la vida y economía de la ciudadanía en particular, sino en la sociedad en su conjunto” pero, sostienen: “Esta es la labor que nos encomienda la Constitución”.

El comunicado emitido por JJpD manifiesta sorpresa ante la decisión “sin precedentes” de Díez-Picazo y recuerda que en enero el mismo magistrado admitió a trámite el recurso analizado por el Tribunal Supremo, donde reconoció la “importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso”.

Como ya habían adelantado expertos en derecho, esta “insólita actuación” debe ejercerse “antes del dictado de la Sentencia”. De lo contrario, afirman desde JJpD, el juez se enfrenta “a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado”, a lo que suma el “descrédito de sus propios compañeros a los que preside”.

Con la decisión del magistrado, JJpD mantiene que han generado “alarma social” y “desconcierto en la ciudadanía”, además de una “inseguridad jurídica” y una “imagen lamentable” de la Justicia, por la utilización indebida de las facultades legales.

Este lunes el presidente del Supremo ha reunido al presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, junto a los seis jueces que dictaron sentencia para hacer una evaluación de daños de ambas actuaciones. La reunión, de carácter interno, no revocará la decisión de revisar la nueva jurisprudencia.

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