La agencia Moody's prevé un impacto “limitado” para la rentabilidad de la banca si deben pagar el impuesto hipotecario

El sector financiero, las asociaciones de consumidores y los bufetes de abogados tienen marcado en rojo en el calendario el 5 de noviembre, el próximo lunes. Ese día está previsto que el Tribunal Supremo dictamine quién debe ser, a partir de ahora, quien pague el impuesto de actos jurídicos declarados en la formalización de hipotecas, el banco o el cliente.

La decisión del Supremo, que sentenció el 18 de octubre que tenía que ser el banco aunque luego suspendió la decisión a falta de que la sala decida la doctrina a seguir, puede marcar un cambio en una práctica de más de dos décadas, que obliga al cliente a abonar dicho impuesto.

Las entidades financieras han evitado hacer sus cuentas públicamente sobre el impacto de este cambio y se han limitado a defender que debe ser el consumidor el que haga frente a un gasto que supone entre el 0,5% y el 1,5% del valor de la hipoteca, dependiendo las Comunidades Autoónomas.

Sin embargo, la agencia de rating Moody's ha publicado este martes un breve informe en el que contempla tres probables escenarios que pueden hacer que el coste para la banca vaya de los 640 millones de euros al año a tener que hacer frente a más de 16.000 millones si tiene efectos retroactivos.

El escenario más probable, según dicha agencia de análisis crediticio, es que el Supremo dictamine que, a partir de ahora, tienen que ser los bancos los que abonen este impuesto. Según sus estimaciones, esto supondría un coste para la banca de 640 millones. En este sentido, Moody's considera que el impacto en la rentabilidad de las compañías es “limitado” ya que los prestamistas “tendrían varias herramientas para transmitir el coste al cliente, incluyendo el alza en los tipos de interés o las comisiones”.

En el segundo escenario, Moody's sitúa la posibilidad de que los clientes puedan reclamar los últimos cuatro años del impuesto. En este caso, entiende la agencia, las autoridades podrían reclamar estos importes a las entidades financieras. En este caso, considera que el coste para los bancos rondaría los 2.300 millones de euros, lo que sería “igualmente manejable” para las entidades.

Sin embargo, considera que “no está claro” que las haciendas autonómicas puedan reclamar esta devolución. En este sentido, remarca que los bancos habían “cumplido” con la regulación fiscal hasta la fecha. Este es el argumento que utiliza el sector para considerar que no se debe aplicar retroactividad a la sentencia.

Por último, considera un tercer escenario que supondría que los bancos tuvieran que hacer frente a las cantidades abonadas por los clientes desde antes de 2014. En concreto, estima que si se considerase desde el año 2004, debería hacer frente a 16.400 millones de euros. Sin embargo, entiende que esta hipótesis es “menos probable”.

En cualquier caso, Moody's matiza que sus estimaciones son “a la baja” debido a distintas variables que implicarían un aumento en las cantidades que tendrían que abonar las entidades en caso de una sentencia “adversa” a sus intereses.