Narcís Serra declara el martes por agujero de 720 millones en Catalunya Caixa

El expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra declara este martes en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por el presunto agujero patrimonial de más de 720 millones de euros causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares entre 2000 y 2013.

Junto al que fuera ministro de Defensa comparecerán los ex directores generales de la caja Adolf Todó y José María Loza, quienes inaugurarán la primera ronda de declaraciones acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, desde que admitiera a trámite la querella de Anticorrupción hace casi un año.

También se someterán al interrogatorio, aunque un día más tarde, el director general adjunto de Catalunya Caixa entre 1998 y 2005 Lluís Gasull y los exdirectivos Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güell.

El jueves 22 será el turno de cuatro de los antiguos miembros de la comisión ejecutiva, Joan Manuel Pla, Josep Alonso, Joan Echániz y Josep Molins; mientras, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn harán lo propio el viernes.

Finalmente, el exvicepresidente de Catalunya Caixa y presidente de Enagás, Antonio Llardén, cerrará este turno el próximo día 27 tras modificarse su citación.

La presente causa investiga una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).

En su escrito, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos “relevantes”, y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

El Ministerio Público señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía “un riesgo en la inversión”.

De este modo, la caja habría adquirido inmuebles y “compromisos económicos relevantes” y habría concedido créditos “desproporcionados”.

Asimismo, la Fiscalía destaca que el Consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevara estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente.

Límites que posteriormente se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.

El fiscal, que inició las diligencias a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), señala que durante 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos.

Unas irregularidades entre las que también identifica un posible conflicto de interés, ya que varios terrenos eran propiedad de alguno de los socios.

Al margen de la presente causa por presunta administración desleal, Serra y Todó se encuentran pendientes del juicio por los presuntos sobresueldos concedidos a la cúpula de la caja cuando sufría pérdidas e iba a ser intervenida por el FROB, en el que la Fiscalía solicita hasta cuatro años de prisión.