El Santander pedirá 1.000 millones en créditos fiscales este año por Popular

El presidente del Banco Santander España, Rodrigo Echenique, ha destacado hoy el “esfuerzo ímprobo” por reflotar Popular desde su compra hace poco más de un año y ha confirmado que el grupo pedirá 1.000 millones en créditos fiscales este mismo año.

El Ministerio de Hacienda será el que decida si esos 1.000 millones en créditos fiscales los hace mediante pago o mediante compensación (de la factura fiscal), ha explicado el también presidente del Banco Popular durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis.

En la última presentación de resultados, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, recordó que la entidad había solicitado a la Agencia Tributaria una devolución de 485 millones en créditos fiscales por las pérdidas del Popular en 2016 y podía pedir este año 1.000 millones más por los números rojos de 2017.

Ahora Echenique ha confirmado esa cifra a preguntas de los diputados y ha reconocido que el Banco Santander seguía “muy de cerca” la evolución del Banco Popular, aunque esta entidad “no era un objetivo prioritario ni inmediato”.

Explicó que en mayo de 2017 el grupo analizó los números del Banco Popular, “con la misma información que otras entidades”, pues estaba en venta y en el Santander concluyeron que no podían presentar una oferta en ese proceso privado, aunque la situación cambió tras la intervención por parte de las autoridades europeas.

En su opinión, era una solución “pésima” para el sistema financiero, ya que es “dramático” que un banco de 140.000 millones de euros de activos se encuentre en esa situación, pero, llegado el momento, Echenique ha justificado que el Santander se quedara con Popular por el precio simbólico de un euro.

Ha defendido que el grupo presidido por Ana Botín ha actuado “con la máxima lealtad y transparencia” y ha insistido en que el coste de la compra del Popular, que “no valía nada”, ha sido muy superior a ese euro porque hubo que reforzar el capital con 7.000 millones e inyectar 13.000 millones en liquidez para que siguiera funcionando.

La actuación del Santander ha sido la mejor posible, ha opinado, ya que el rescate de Popular ha tenido coste cero para el contribuyente, ha dado estabilidad al sistema financiero y ha permitido a los clientes mantener íntegramente sus depósitos, algo que hubiese estado en peligro en el caso de liquidación.

Aún así, la mano derecha de Botín ha asegurado que no se han encontrado “ninguna joya en el cajón” de Popular, sino un banco que había perdido la confianza de los clientes y el mercado, con una plantilla desanimada que llevaba un año sin poder prestar y que tenía que “refugiarse” en las oficinas porque venían clientes que eran accionistas a preguntar por la situación.

Ha negado cualquier conspiración para que el Banco Santander acabara quedándose con el Banco Popular por un precio simbólico o que el gigante financiero aprovechara la compra para tapar agujeros.

También ha descartado irregularidades en las cuentas de 2016 del Banco Popular, las últimas bajo el mandato de Ángel Ron, y ha mostrado su “tranquilidad” respecto a los litigios por la entidad.

El banquero ha asegurado que tras analizar esas cuentas no han detectado ni errores ni falsedad alguna, aunque ha matizado que en última instancia deben determinarlo los auditores y la justicia.

Ha explicado que esas cuentas se elaboraron con la información y la normativa vigente y ha dado por buena la reexpresión llevada a cabo por el Popular a consecuencia, entre otros, de insuficiencias de provisiones.

Anunciada en abril de 2017, esta operación hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas del último ejercicio.

Al respecto, ha indicado que el propio socio de PwC, firma encargada de la auditoría externa del banco durante tres décadas, descartó que Popular estuviera abocada a una reformulación al no generar “un impacto significativo”.

Para Echenique, “no hubo ocultación sino mala operatividad” de los procesos internos del Popular, una circunstancia a la que se sumó la dotación “insuficiente de medios técnicos y humanos”, ha añadido.