Ábalos retrasa la negociación con Unidas Podemos de la ley de vivienda hasta lograr “una posición común” en su Ministerio

La ley estatal de vivienda no estará lista para su tramitación parlamentaria este mes de febrero, como se habían comprometido el PSOE y Unidas Podemos durante la negociación presupuestaria. A finales de octubre se dieron tres meses de plazo para terminar el Anteproyecto conjunto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia Segunda. Pero este jueves el ministro José Luis Ábalos ha asegurado que todavía no hay “una posición común” dentro de su ministerio, por lo que no puede presentar a sus aliados un texto a discutir. La primera reunión para negociarlo no será hasta después de las elecciones catalanas, lo que ha provocado malestar en Unidas Podemos, que cree que es una materia “urgente”.

Las partes se habían convocado esta semana para un encuentro que no se ha producido. Fuentes de Transportes aseguran que el miércoles hubo una conversación entre los dos negociadores, los secretarios de Estado de Vivienda, David Lucas, y la de Agenda 2030, Ione Belarra. “Quedaron para el 15 de febrero”, sostienen desde el departamento de Ábalos.

En Unidas Podemos niegan esta conversación y aseguran que “después de que esta semana se conocieran importantes discrepancias” con el PSOE, el Ministerio de Transportes “se negó” el miércoles “a compartir el borrador completo del texto legislativo, tal y como se había acordado”. Según esta versión, se han pospuesto de forma unilateral los trabajos “hasta que se celebren las elecciones catalanas”.

Las mismas fuentes de Unidas Podemos aseguran que “los socialistas siguen negándose o ignorando la gran mayoría” de sus propuestas. Y barruntan que la ausencia del borrador se debe a la “falta de ambición del mismo”. “Es conocido que las leyes catalanas en materia de vivienda son de las más avanzadas del Estado y un texto con medidas poco ambiciosas, como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, podría serle perjudicial al candidato [Salvador] Illa”, concluyen, apuntando a la campaña socialista como el motivo por el que no avanza la negociación.

En Transportes rebajan la tensión y creen que las posiciones no están tan alejadas por lo que reconocen cierta sorpresa por la reacción del socio minoritario. El propio Ábalos ha explicado que “hay unos compromisos políticos con Unidas Podemos”, pero que aún no hay una propuesta cerrada por parte de su ministerio, que es el proponente. 

“Tenemos que trabajar en el proyecto. A mí me gustaría, antes de ponernos a discutir con otra formación política, en este caso socio de gobierno, conocer ese proyecto. Es normal que tengamos una posición común dentro del ministerio y estaremos en condiciones de compartirla en primer lugar con Unidas Podemos”, ha señalado Ábalos, que ha negado que esté “paralizado”: “No es un problema de aplazamiento, es un problema de nuestra propia agenda”.

La respuesta desde la Vicepresidencia ha llegado a través de dos mensajes de Belarra en Twitter. La secretaria de Estado recuerda que “en el marco de la negociación de presupuestos acordamos con el PSOE ser co-proponentes de la ley y tenerla lista para ser presentada en el Consejo de Ministros en un plazo de tres meses”. Y zanja: “No se justifican en esta situación ni retrasos, ni deslealtades al acuerdo de Gobierno”.

Según Unidas Podemos, las diferencias son cuatro: las aportaciones de los grandes propietarios a la vivienda social; la prohibición permanente de los desahucios a personas vulnerables; la salida de vivienda vacía al mercado del alquiler; y la regulación de este mismo mercado, con la posibilidad de que los ayuntamientos limiten los precios. Desde Transportes eluden pronunciarse sobre los aspectos concretos de la negociación.

Varios de estos puntos están recogidos en el acuerdo de coalición, como la necesidad de “estudiar obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda” a la hora de ofrecer alternativas habitacionales a personas desahuciadas, así como establecer un “marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables”. También el de regular el precio del alquiler allí donde suba mucho o el de aprobar medidas “fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía”.