El grupo ACS no se conforma con las millonarias indemnizaciones que ha recibido tras la clausura del fallido almacén de gas Castor y no espera “perjuicio alguno” de la sentencia del Tribunal del Constitucional que en diciembre pasado anuló el mecanismo ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy para compensar a la constructora por el cierre de la infraestructura.
En sus cuentas de 2017, remitidas este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ACS indica que la concesionaria del fallido almacén, Escal UGS, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo “que a la fecha de las presentes cuentas anuales no se ha resuelto” contra una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 18 de noviembre que Escal había recurrido previamente en alzada “por considerar que las indemnizaciones aprobadas en la misma no son razonables”.
ACS no detalla estas indemnizaciones que su filial considera insuficientes y que están explicadas en las últimas cuentas presentadas por Escal, correspondientes a 2016. Se trata de 295,585 millones de euros correspondientes a “retribución financiera a la inversión” (253,3 millones) y 42,279 millones en concepto de “operación y mantenimiento”. Fueron reconocidas a la empresa con posterioridad a la indemnización de 1.350 millones que anuló en diciembre pasado el Constitucional y que recibió en octubre de 2014.
Las pretensiones de ACS no acaban ahí: la concesionaria también presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 17 de octubre de 2016 del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo que denegó a la empresa la devolución de los avales depositados durante la tramitación de la infraestructura.
Se trataba de una garantía por valor de 23.627.478,00 euros, equivalente al 2% del presupuesto de las instalaciones que figuraba en el proyecto, que ACS ha intentado recuperar sin éxito. El TSJM rechazó en noviembre pasado las pretensiones de Escal que, según fuentes del Ministerio de Energía, no ha recurrido la sentencia, por lo que esta ha devenido firme.
La constructora que preside Florentino Pérez recuerda en sus cuentas que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en diciembre anuló “determinados artículos del RDL 13/2014 al considerar el Tribunal que no concurre el llamado ”presupuesto habilitante“ para el uso de un decreto-ley (situación extraordinaria y urgente necesidad)”. “El Grupo, con el apoyo de sus asesores jurídicos, no considera que se pueda derivar perjuicio alguno como consecuencia de esta situación”.
El perjuicio es para otros, porque ACS ya cobró la indemnización que le permitió cancelar los créditos contraídos con sus acreedores y, principalmente, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para construir la fallida infraestructura gasista. La deuda fue adquirida por Santander, Caixabank y Bankia, que adelantaron el dinero a cambio de recuperarlo (con intereses) durante 30 años a través de la factura del gas.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, estas entidades se han quedado sin cobrar porque los pagos se han quedado sin cobertura jurídica. En ausencia de soluciones, el Gobierno se ha limitado a pronosticar una “enorme litigiosidad” por este asunto.
Respecto al proceso penal que instruye un juzgado de Castellón por el caso Castor por un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales como consecuencia de los centenares de microseísmos detectados en la zona del almacenamiento, ACS se limita a señalar en sus cuentas que “se encuentra en una fase inicial de instrucción” y el juzgado que la instruye “no ha dictado a la fecha ninguna resolución”.