Alberto Carmona es delegado sindical de CGT. Su sindicato está negociando la renovación del convenio estatal del sector de Contact Center, caducado desde 2019, y la patronal ha ofrecido una subida de los salarios del 0% para 2020 y 2021, y un anticipo del 2,5% en 2022, mientras continúan las conversaciones. Con este punto de partida, ve complicado lograr defender su poder adquisitivo y el de sus compañeros con una clausula que ligue los sueldos al IPC (Índice de Precios de Consumo). “Mi padre [trabajador jubilado desde hace ya casi 20 años] sí tenía esa protección”, lamenta.
“Ese tipo de clausulas las firmaban casi todos los sectores, empresas, administraciones en los 70 y los 80...”, recuerda José Luis Pérez, que, como delegado del Colectivo autónomo del Ministerio de Defensa, negoció en aquellos años de inflación abrasiva el primer convenio colectivo de la institución, y asegura que ligar los sueldos al IPC no fue un problema. “Hubo que pelear las horas extra, la nocturnidad, la peligrosidad...”, enumera. Proteger a los trabajadores de la inflación se daba por hecho.
Hoy no se plantea, salvo excepciones, aunque se están reeditando los récords de inflación de aquella crisis mundial del petróleo, como la subida de los precios del 10,8% de julio, no vista desde 1984. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, del total de 2.428 convenios “con efectos económicos en 2022”, solo 358 tenían cláusula de actualización de los sueldos para compensar total o parcialmente la inflación. Una cifra ligeramente por debajo del 15%. Si se observa el número de trabajadores protegidos con este tipo de clausulas, son 1.737.503, un 25% de los 6.872.707 cuyas condiciones laborales se rigen por un convenio.
En febrero, justo antes de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania y detonara definitivamente la inflación -que golpea principalmente a las familias vulnerables por su origen en la energía y su traslado a alimentación, ambas necesidades básicas que suman la mayor parte del gasto de los más pobres, junto a la vivienda-, el Banco de España ya señaló que los convenios que se actualizan con la inflación habían caído del 70% al 15% en los últimos 20 años.
En el mismo sentido, el Banco Central Europeo (BCE), con datos del conjunto de la eurozona, realizó en su último boletín económico una comparación entre la evolución de los salarios en la crisis del petróleo respecto a la inflación de la energía de estos meses. Según la institución, la participación de los sueldos en el PIB, es decir, en el crecimiento de la actividad económica, se elevó a cerca de 4 puntos porcentuales en los 70 (ver gráfico), principalmente por el aumento de los salarios reales, teniendo en cuenta la inflación. En la crisis energética actual, esta participación de los sueldos en el PIB en la eurozona es negativa. O lo que es lo mismo, las subidas de precios están mellando los salarios.
Las consecuencias de la menor protección de los trabajadores se puede observar con otros datos más actualizados (el cálculo del BCE se queda en el primer trimestre de este año). La retribución media de los trabajadores en España apenas acumula una subida del 2,6% en 2022, según los datos de 'Ventas, empleo y salarios en grandes empresas y pymes' de la Agencia Tributaria, a cierre del segundo trimestre. En 2021, la mejora fue del 3,2%, según la misma estadística.
Si se estudian las subidas salariales pactadas en los convenios este año, la mejora se queda en el 2,56%, hasta julio, según el último dato publicado por el Ministerio de Trabajo. Para el conjunto de la eurozona, este aumento es del 2,1%, a cierre del segundo trimestre, con la previsión de que la inflación media acabe por encima del 8% en 2022. “No debería sorprender a nadie”, comenta Oliver Rakau, economista jefe para Alemania de Oxford Economics. Esta cifra salió incluso por debajo del 2,8% que se vio entre enero y marzo, cuando el experto recuerda que hubo “pagos excepcionales”.
“Conseguimos duplicar el sueldo”
La historia fue otra en la crisis del petróleo. José Ramón Palacios, sindicalista de la CNT, formó parte de la primera comisión de trabajadores que recibió el Ministerio de Trabajo en la Transición, a finales de la década de 1970, tras tres meses de huelga en el sector de la construcción. “Estábamos negociando el convenio y conseguimos el 100% de lo que pedíamos”, celebra. “Se dobló el sueldo base pactado, porque la inflación era muy alta, y se necesitaba un salto”, continúa.
“En cifras aproximadas, se pasó de cerca de 400 pesetas diarias de salario base, a casi 800 pesetas”, relata Palacios, quien reconoce que “era habitual conseguir estas mejoras”, y añade que “los empresarios tenían asumido subidas de los sueldos con el IPC mínimo, no las podían discutir... y los derechos adquiridos se respetaban”.
“Hubo un cambio drástico desde mediados de los 80, con el segundo gobierno del PSOE, cuando se empezó a romper la tónica de mejorar siempre”, prosigue, y los trabajadores fueron perdiendo poder de negociación. Hasta hoy.
Más pobres y desprotegidos
“La crisis de Ucrania nos ha hecho más pobres, en torno a un 7% [en renta de las familias respecto al PIB] hasta el momento [sin incluir los últimos récords de inflación] según nuestros cálculos”, explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en un documento reciente. Y mientras, el BCE ha decidido iniciar un ciclo de incremento de los tipos de interés oficiales para endurecer las condiciones de financiación y elevar el coste de los préstamos y de las hipotecas, con el objetivo de dejar de alimentar la inflación. Una estrategia que aumenta el riesgo de ahogar el consumo, y la actividad en general, y, así, de provocar una recesión.
“En general, los hogares con menores ingresos tienen menos margen para absorber la subida de precios sin sacrificar nada esencial y además dedican una parte mayor de sus gastos a alimentación, energía y transporte”, continúa Ángel de la Fuente, que llama a buscar el pacto de rentas, que prácticamente desde que se inició la invasión rusa de Ucrania el Gobierno ha intentado impulsar para repartir el golpe de la inflación entre empresas y trabajadores.
La propuesta desde abril de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT fue una revalorización salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024. Un acuerdo plurianual. Aunque, este mismo lunes y atendiendo a la necesidad de proteger a los más vulnerables -que incluso recomiendan el propio BCE o el FMI-, UGT pidió un aumento del salario mínimo (SMI) del 10% hasta los 1.100 euros al mes, respecto a la negociación, que comenzará en paralelo en próximas semanas, sobre esta nueva subida del SMI, a la que se ha comprometido el Ministerio de Trabajo de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Por su lado, las conversaciones para el pacto de rentas están rotas desde hace semanas, y desde la patronal no existe ninguna propuesta sobre la moderación de los márgenes de beneficio (la capacidad de convertir en ganancias las ventas), que no han parado de aumentar en los últimos meses, sobre todo en los sectores relacionados con la energía. Los sindicatos ya han prometido una intensificación de las protestas en otoño, como continuación de la campaña que iniciaron en junio bajo el lema “salario o conflicto”.
Pacto de rentas
“Ante esto [la pérdida de poder adquisitivo], caben básicamente dos opciones: aceptarlo y tratar de repartir la pérdida de renta de una forma más o menos equitativa, o tratar de pasarle la pelota al vecino, subiendo nuestros precios o salarios. Si optamos por lo segundo, seguiremos siendo un 7% más pobres en promedio, pero el reparto de los costes será muy desigual y pondremos en marcha una espiral de precios y salarios que tenderá a cronificar la inflación y agravará el problema, entre otras cosas, porque nos hará perder competitividad con respecto a otros países menos afectados por la crisis o que sepan lidiar mejor con ella”, explica el economista de Fedea.
El debate entre los expertos está candente, y la cuestión principal es que debido a la duración de la inflación y de la guerra y a la brecha cada vez mayor entre las subidas de precios y las mejoras de los beneficios empresariales y el crecimiento de los salarios aumenta el riesgo de conflictividad social, y de la espiral de precios y salarios que describe Ángel de la Fuente.
“El objetivo de la política tiene que ser el de ayudar a los sectores productivos y segmentos de la población más afectados, primero a superar el shock sin consecuencias catastróficas, y luego a adaptarse a su componente permanente”, continúa el director adjunto de Fedea.
Baja vinculación a la inflación en España
Según distintas variables que maneja la agencia de calificación de deuda Moody's para comparar las economías de la UE y su vinculación a la inflación, los trabajadores en España parten de una posición en la que tienen difícil conseguir algo más que “moderación salarial” ante el actual mordisco que suponen los incrementos de precios para la capacidad de consumo. Y lejos estará entonces la temida espiral de precios y salarios, que conlleva mayor permanencia de la inflación combinada con un riesgo severo de recesión.
Destaca la baja densidad sindical en nuestro país, que solo es menor en Francia. Apenas un 12,5% de los trabajadores está afiliado a un sindicato. En el país vecino, un 8,9%. Lo que contrasta con el 65,2% en Suecia, el 49,1% en Bélgica o el 32,5% en Italia.