Un acuerdo para apostar por el arbitraje como solución al problema de las participaciones preferentes en España. Esto es lo que el martes vendieron los dos principales partidos políticos, intentando convencer a los ciudadanos que habían consensuado una solución para apoyar a los usuarios afectados por la mala comercialización de preferentes en Bankia, que será extensible al resto de entidades financieras que reciban o hayan recibido ayudas públicas.
Más allá de la noticia de que por fin Gobierno y oposición han conseguido un tema en el que ponerse de acuerdo, los expertos en materia financiera y las asociaciones de consumidores y afectados desconfían de su efectividad. Motivos no les faltan.
Lo que quieren impulsar PP y PSOE es que se imponga el arbitraje como medida para solucionar el conflicto entre las entidades financieras y quienes suscribieron participaciones preferentes con el objetivo de evitar ir a juicio y asumir el sobrecoste de pagar abogado, procurador, y el “tasazo de Gallardón”.
Efectivamente, en el texto presentado PP y PSOE definen unos criterios objetivos y subjetivos que deben cumplir los afectados para conseguir una devolución del 100% de las cantidades aportadas a la compra de preferentes incluidos los intereses en un arbitraje. Edad, la cultura financiera o el capital del afectado, etc. son unas pautas que en el mejor de los casos sirven de indicativo al árbitro, ya que este siempre tendrá la última palabra en la decisión.
“Viene a ser un resumen para evitar que el árbitro pueda hacer otras interpretaciones de la norma vigente”, explica Jordi Ruiz de Villa, socio responsable de litigación bancaria del despacho de abogados Jausas. Por su parte, el diputado socialista Valeriano Gómez asegura que está convencido de que “si hay un acuerdo previo por las partes, lo lógico es que el árbitro se limite a sancionarlo. Y nosotros hemos sentado las bases para que se llegue delante del árbitro con todo ya decidido”.
Pero la realidad no es tan simple. Este perfil de afectado es exactamente el mismo que se aprobó y se está aplicando a los afectados de Novagalicia Banco y Catalunya Banc. Y la experiencia no es muy satisfactoria. Entre otras cosas, porque eso que han querido definir ahora los políticos, el perfil del que puede recibir una devolución del 100%, es tarea de un tercero. En concreto, de una consultora contratada por la entidad financiera, KPMG en el caso de Bankia, que decide quién va y quién no al arbitraje.
“Hasta ahora, apenas han autorizado la opción de ir al arbitraje a entre un 10% y un 20% de los afectados de Novagalicia Banco y Catalunya Banc”. Y los criterios que plantea este acuerdo político no han ampliado los que se han aplicado en casos anteriores. Por lo que es difícil pensar en que los afectados de Bankia vayan a tener mucha más suerte“, denuncia Javier Contreras, portavoz de Adicae.
Javier Flores, director de análisis de Asinver va más allá: “El mecanismo propuesto es irregular. No responde en realidad al espíritu de un arbitraje y pervierte su sentido, ya que deja el cumplimiento del contrato al arbitrio de un tercero, en este caso KPMG, lo que resulta del todo contrario al artículo 1256 del Código Civil”. En palabras de Manuel Pardos, presidente de Adicae, “manda la banca, los asesores financieros y los auditores. Son ellos los que deciden qué usuarios pueden acceder al arbitraje”.
Por si estas dificultades de aplicación no fueran ya un motivo de desconfianza, los objetivos de la propia comisión levantan aún más suspicacias entre los afectados. Entre los principales están: el seguimiento de los procedimientos, la elaboración de un informe estadístico y elevar propuestas que mejoren la transparencia de la comisión. Es decir, la comisión no pasará de la mera observación de la situación, que para más inri estará encabezada por la CNMV y el Banco de España, los mismos supervisores que habían estado encargados de velar por la correcta comercialización de esos productos y que en su dejar hacer han provocado el caos actual (también participarán en esta comisión representantes del Instituto Nacional de Consumo, del Tesoro, de la Administración regional y de asociaciones de protección de consumidores).
“Los políticos lanzan estos mensajes porque necesitan vender esperanza. La verdad es que eso no viene mal ya que la situación psicológica de muchos afectados es muy delicada. El problema es que detrás de este anuncio no hay más que una comisión política, pero sin ningún efecto más allá del registro estadístico”, advierte Carolina Poyatos, abogada de la Plataforma de afectados por las hipotecas.
Canje por otros productos financieros
El tercer punto que no convence a los afectados es la discriminación que implica esta solución. ¿Por qué compensar con el 100% a unos sí y a otros no? “Es tan difícil de creer que haya cero engañados, como que todos los que compraron preferentes desconocieran su riesgo. No se les puede tratar igual”, asegura Valeriano Gómez.
El diputado recuerda que acceder al 100% de la compensación no será tan fácil. “Si quienes suscribieron preferentes recibieron en su momento unos intereses muy por encima del interés medio del mercado, no se puede tolerar ahora que el Estado tenga que asumir esos extratipos. En esos casos se restará al precio de canje, la diferencia entre el tipo aplicado, Caja Madrid llegó a pagar el 10%, el tipo medio que se calcule para el momento de la comercialización”, explica el que fue ministro de Trabajo con Zapatero.
Por supuesto, el argumento ha indignado a los afectados. “La única solución válida para el problema de las preferentes sería que todo el mundo fuera recompensado. Sin discriminación de ningún tipo”, insiste Poyatos. Javier Flores, director de análisis de Asinver, va más allá: “Pretenden establecer que la única posibilidad es el canje. Pero esto no es verdad, porque la Ley 9/2012 también estipula que las entidades pueden devolver el dinero cuando en su artículo 40.1 plantea la recompra de estos títulos mediante pago en efectivo”. A su juicio, el objetivo de esta tendencia es evitar que los afectados vayan a juicio y consigan que debido a la mala praxis del banco las operaciones deban ser calificadas como nulas. Algo que está ocurriendo en muchos casos con los afectados de Catalunya Banc.
Pero de momento, no está de más reconocer la parte positiva de este acuerdo. Al menos eso es lo que invita a hacer Jordi Ruiz de Villa: “Ahora sabemos que el Estado está dispuesto a asumir el coste de compensar por las preferentes de Bankia, algo que dado su volumen total y las presiones de Bruselas para aplicar una quita del 40%, no estaba tan claro”, recuerda.