La Administración central se ha saltado tres de los cuatro años que lleva en vigor (desde 2013) la misma regla de gasto por la que Hacienda justifica intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, según datos del propio Ministerio de Hacienda.
Respecto a 2016, sólo un cambio en el modo de hacer las cuentas introducido recientemente por la oficina de estadística comunitaria Eurostat ha permitido que se considere cumplida la norma presupuestaria. Eso sí, esta modificación efectuada por el organismo con sede en Bruselas ha llevado a computar un desembolso de 1.591 millones de 2016 a 2015, con lo que el quebranto de la norma en este último año, que ya se había producido, se ha disparado.
La regla de gasto es una norma impuesta a España en pleno rescate financiero en 2012 y que entró en vigor en 2013. Bebe de la “regla de oro” con la que se reformó la Constitución en 2011 e implica que el gasto de los tres subsectores de la administración (central, autonómica y local) puede elevarse cada año respecto al anterior como máximo un porcentaje que está definido por el crecimiento medio esperado para la economía.
El primer año de aplicación, 2013, la regla de gasto en España fue del 1,7%; en 2014 del 1,5%; en 2015 del 1,3%; y en 2016 del 1,8%. En 2017 la línea roja es del 2,1%.
Según uno de los principales organismos de control de las cuentas públicas en España, la AIReF, la Administración Central “podría cumplir la regla de gasto en 2017”, aunque “podrían existir tensiones en el cumplimiento de la regla de gasto en el caso de que los cambios normativos tributarios no tuviesen el efecto recaudatorio previsto”.
El cambio de Eurostat
El informe del Gobierno donde se reconocía el incumplimiento de 2016, del pasado mayo, confiaba en que después del verano se produciría un cambio de criterio por parte de la oficina de estadística comunitaria que con carácter retroactivo permitiría respetar la norma presupuestaria, y que finalmente se ha producido. Sin él, la Administración central gastó en 2016 un 2,8%, un punto más de lo estipulado, que un año antes. Y si no se hubiesen descontado las ayudas a la banca, el incumplimiento habría sido todavía superior, un 5,7%. Un nuevo informe, publicado con fecha de 13 de octubre, introduce los nuevos parámetros.
La modificación se refiere al cómputo de un desembolso que es únicamente del Estado (los ingresos derivados de la subasta de los servicios de televisión y radio), por lo que no se aplicará a otras administraciones que no los tuvieran, explican fuentes de Hacienda a eldiario.es.
Así, pese a estos cambios, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró que no tiene intención de retocar la aplicación de la norma para el resto de las administraciones hasta que España salga del protocolo de déficit excesivo a ojos de Bruselas (con un déficit por debajo del 3% del PIB), lo que como mínimo ocurrirá en 2018.
Ahora Madrid denuncia un “trato injusto”
Según los actuales gestores de la capital (Ahora Madrid), está claro que existe una doble vara de medir la actuación del Ayuntamiento y la de otras administraciones. La portavoz del Gobierno, Rita Maestre, afirma que “el Ayuntamiento de Madrid rechaza el trato injusto al que el Ministerio de Hacienda está sometiendo a una administración que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido su deuda en un 40%, en más de 2.000 millones de euros, en dos años”.
La AIReF recalca que otros ocho ayuntamientos incumplirán las reglas presupuestarias de Montoro de cara al cierre de 2017. Pero el ministro insiste que Madrid es la única que “se niega” a amoldarse a las reglas impuestas. Hacienda ve “evoluciones” en los planes económico-financieros (PEF) del resto, y asegura la situación de la capital no tiene parangón.