Indignación ante la prohibición de PP y Vox de dormir en vehículos en Palma: “Los caravanistas no son terroristas”
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“Diga su nombre y la entidad a la que representa, por favor”, pide el alcalde de Palma por el micrófono. “Jesús Gallardo Ramírez, presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma”, le responde a Jaime Martínez Llabrés el hombre que, durante diez minutos, ha defendido delante de los veintinueve concejales que forman el pleno municipal de la capital de las Illes Balears el derecho a vivir en una autocaravana o en una furgoneta camperizada. A partir de primavera, cuando supere el período de exposición pública y una última votación, estará prohibido en Palma. Pasar la noche dentro de un vehículo se castigará con una multa de 1.500 euros. Lo plasmó el equipo de gobierno en la ordenanza cívica que los once concejales del PP –el partido del alcalde Martínez– y los seis de Vox –su apoyo externo para sacar adelante la mayoría de las votaciones– acaban de aprobar. Justo después de la votación alguien que se sienta entre el público suelta un “quina vergonya”. La pulla resuena con claridad en la sala noble del Ayuntamiento, entre tapices y retratos pintados al óleo. Una hora más tarde, el abogado Gallardo tomará la palabra en el turno de ruegos y preguntas para decir, encendido, frases como estas:
–Los caravanistas no son terroristas, son trabajadores que viven y consumen en esta isla. ¿Qué hacemos con estas familias? ¿Las tiramos al mar? ¿Se las endosamos al alcalde de al lado, como ya está ocurriendo (y si es de otro partido, mejor)? (...) Prohibiéndoles el derecho a pernoctar en sus vehículos se incumple la Constitución. ¡El artículo 47! (...) Hay jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional, que considera que una caravana es un domicilio. La DGT considera que una autocaravana es un vehículo más; no se le puede prohibir el derecho a estacionar.
La intervención de Gallardo acaba entre aplausos. Le aplauden los palmesanos que viven en caravanas, y que después de haberse concentrado en la puerta del Ayuntamiento junto a varios activistas provivienda, se han pasado todo el pleno exhibiendo las mismas pancartas que aireaban junto al olivo del siglo XVI que hay en la Plaça de Cort, uno de los símbolos de la ciudad. Aparcar no es acampar / Sí pernoctar. Sí permanecer dentro. Son vehículos vivienda, se lee en cartones y sábanas.
Le aplauden, también, representantes de varios colectivos de artistas callejeros, a los que también afectará la nueva ordenanza, y muchos de los representantes de las asociaciones vecinales, que han entrado en Cort para preguntar por las subvenciones de 2025, todavía sin convocar. Pero las caravanas monopolizan la mayor parte del toma y daca dialéctico. Xisco Ducrós Salvà, el portavoz de los socialistas, califica de “trumpista” la pinza del PP y Vox, que contesta a través de Fulgencio Coll Bucher, general en la reserva y portavoz del partido de Santiago Abascal en la capital balear: “La ordenanza no pretende criminalizar a nadie, simplemente nos protegemos de los criminales y de los que no respetan la convivencia y la libertad de los otros. Y no criminaliza la pobreza. Ustedes los comunistas son los que han provocado la actual falta de vivienda después de ocho años de mal gobierno progresista en vivienda, limpieza y seguridad”.
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El precio de la vivienda
Ha sido, por tanto, un pleno caliente, donde la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda se filtraba por defecto en casi todos los puntos del día. Para muestra, la compra –también aprobada con la misma correlación de fuerzas: derecha y extrema derecha, a favor; PSIB, Més y Podem, en contra– del edificio de GESA en un “espacio expositivo de vanguardia”, como lo define el PP. Es decir, un museo con marca internacional. El coste de la operación, 25 millones de euros, a sumar el precio de la reforma. De momento, ya se ha firmado un acuerdo de colaboración con los Thyssen-Bornemisza para enviar obras de Madrid a Palma a partir de 2027.
Desde la bancada popular, Óscar Fidalgo, el concejal de Urbanismo, defiende que se resucita “un cadáver urbanístico con el que la izquierda no había sabido qué hacer durante quince años”. Desde la banca socialista le afean al concejal que se replique “el modelo Málaga”. Una ciudad costera, con un tamaño parecido a Palma y donde gran parte de la población sigue teniendo el mismo problema para encontrar una vivienda por la burbuja inmobiliaria. Eso sí, como en todo, hay clases: si Málaga gana a Palma en número de museos, Palma gana a Málaga en el precio por metro cuadrado. Un alquiler, de media, en la capital balear cuesta unos cientos de euros más que en la capital andaluza.
A ese muro (más de 1.400 euros el metro cuadrado), infranqueable para la mayoría de sueldos, se refiere Jesús Gallardo en su intervención: “La pobreza en Mallorca existe. Decir otra frase sería faltar a la verdad. Otra cosa es quererla disimular. (...) Una cama cuesta 500 euros al mes: no se puede pagar. (...) En esta ciudad hay, al menos, quinientas personas viviendo en caravanas y vehículos similares. (...) El sistema los ha abocado a estar ahí y los políticos son los responsables del sistema. (...) Aparte de ser políticos son personas y tienen sentimientos. Pónganse la mano en el corazón. Ayudar a todas las personas por igual. Habiliten áreas de estacionamiento para caravanas, con luz, fosa séptica y agua corriente. Si se quiere, se puede. Comunidades como Canarias ya lo han regulado. Este Ayuntamiento tiene un presupuesto de 605 millones de euros. Tanto derecho tiene un caravanista a ducharse como los turistas que se duchan en estas playas, y gratis: nunca he visto a un extranjero meter un euro”.
Proliferan las caravanas en la ciudad
Son Güells, son Malferit, son Hugo, son Moix, son Xigala: son nombres de antiguas fincas agrícolas situadas al otro lado de la Via Cintura, la circunvalación que abraza a Palma formando una U de once quilómetros. Aquellas possessions hace décadas que se transformaron en polígonos industriales y zonas residenciales, normalmente, urbanizaciones de viviendas unifamiliares. Allí, por la facilidad para aparcar, por la amplitud de los espacios, por la lejanía del centro, es donde se reúnen las caravanas desde hace años.
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Hay vehículos solitarios y colmenas; pequeñas, dos, tres caravanas, y también grandes, que se cuentan por decenas. El número podría aumentar si, como termómetro, se toma el diagnóstico que hace uno de los manifestantes que han acudido a Cort: “Me dedico a camperizar furgonetas y caravanas. Vivo en Mallorca desde hace dos años y, aunque ahora he podido alquilar, he vivido, por decisión propia, en una caravana hasta hace unos meses. Sólo esta semana he entregado dos, y tengo tantas peticiones que no doy abasto. Mis clientes no serían pobres en muchos lugares de la península: ganan de 1.500 euros al mes hacia arriba. Si no, no podrían financiarse un vehículo como los que vendo. Los compran porque les sale bastante más barato que un alquiler”.
Me dedico a camperizar furgonetas y caravanas. Sólo esta semana he entregado dos, y tengo tantas peticiones que no doy abasto. Mis clientes no serían pobres en muchos lugares de la península: ganan de 1.500 euros al mes hacia arriba. Si no, no podrían financiarse un vehículo como los que vendo. Los compran porque les sale bastante más barato que un alquiler
El 8 de febrero los caravanistas palmesanos han convocado una manifestación para escenificar su rechazo a la ordenanza que, la pasada primavera, el alcalde Martínez ya defendía con rotundidad: “No se puede vivir en una autocaravana, las personas tienen que residir en viviendas dignas”. En el pleno, por boca del abogado Gallardo, le acusaron directamente de “impedir” empadronamientos: “‘Sigo instrucciones políticas’, les ha dicho algún funcionario del padrón a varias personas que han intentado empadronarse en su vehículo. No se les puede negar el padrón, es un derecho fundamental”.
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Mientras Jesús Gallardo habla, Jaime Martínez, a sus doce, le sostiene la mirada. Las gafas, sostenidas por la mano izquierda, le cruzan la cara; un rictus serio e impasible, que sólo rompe para intercambiar algunas palabras con Javier Bonet Díaz, su primer teniente de alcalde, sentado a su derecha. A su izquierda tiene a Lourdes Roca Calafell, pero a la concejala de Servicios Sociales no le dice nada el alcalde: absorbida por el móvil, no deja de teclear mientras habla Gallardo. Los concejales de Vox miran incrédulos el alegato del abogado: el gesto es casi una coreografía, los seis arquean las cejas y llevan un puño al mentón. En las sillas de enfrente, algún concejal del PSIB y la podemita Lucía Muñoz sacan del bolsillo sus teléfonos, los desbloquean y le dan al rec.
La batalla contra la ordenanza parece que no será sólo en las redes sociales y en la calle. También se prevé que salte a los tribunales. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mallorca quiere acudir a la Justicia. Hay jurisprudencia. En 2016, 18 mil multas quedaron en el aire cuando el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears anuló la ordenanza, también de corte cívico, que había impulsado, en 2014, el equipo de gobierno presidido por Mateu Isern Estela, como el alcalde Martínez Llabrés, también del Partido Popular. Triunfó la demanda que interpusieron una plataforma formada por más de veinte entidades y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma.
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