Los afectados por la caída de Banco Popular perfilan sus acciones judiciales

“Invertí 9.000 euros en acciones de Banco Pastor hace 10 años que tras la compra de Popular pasaron a ser de éste”, explica Pepe, un jubilado gallego que tras la intervención y la resolución de Popular vendido por un euro a Santander ha perdido todo el dinero invertido en el banco. “Lo vas dejando pensando en que tardarás tiempo en recuperar tu inversión pero que al final irán subiendo un poco las acciones”, cuenta y recuerda que fue yendo a las anteriores ampliaciones de capital, pero que ya a la del año pasado decidió no acudir.

Pepe en principio da por perdida su inversión porque considera que su caso, como el de otros pequeños inversores, es complicado de recuperar. En todo caso esperará a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. 

Conforme va pasando el tiempo tras la intervención europea sobre Banco Popular, se van perfilando cómo serán las líneas de actuación en las acciones judiciales de los afectados. Los expertos señalan que habrá que tener paciencia porque los procesos serán largos. Tanto grandes accionistas como minoritarios están estudiando diferentes acciones que pasan por la vía administrativa, civil o penal. A esta diversidad de caminos se suma una multiplicidad de situaciones que va desde los accionistas tradicionales hasta los que entraron en las últimas ampliaciones.

Por un lado, se ha abierto la opción de una vía penal después de que varios despachos de abogados y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) hayan presentado querellas ante la Audiencia Nacional. “De momento se ha iniciado la vía penal en un supuesto concreto contra los antiguos responsables del Banco y los auditores (PriceWaterhouseCoopers) por su actuación en la ampliación de capital de 2016”, señala Enrique García, portavoz de la organización. La OCU plantea que la información que se ofreció en ese momento no fue un fiel reflejo de la realidad.

La asociación de consumidores de servicios bancarios, Asufin, también se plantea presentar una nueva querella. Patricia Suárez, presidenta de la asociación, señala que están en proceso de presentarla porque primero han querido tratar de reunir todas las pruebas posibles. Suárez explica que la vía penal es una forma para conocer lo que ha sucedido con el banco. En estos días, muchos de los que eran accionistas se están acercando a preguntar por su situación.

A pesar de que las asociaciones de usuarios estén utilizando la vía penal, esta opción es más bien para tener información sobre lo ocurrido, más que una medida para los pequeños accionistas, a los que recomiendan la vía civil aunque también les piden paciencia. “Ahora mismo no es el momento de presentar demandas civiles”, apunta Suárez y recuerda que las primeras demandas de Bankia por la salida a bolsa se perdían en los tribunales. Señala que hay que esperar hasta que se vayan recabando pruebas de lo ocurrido.

Marcelino Tamargo, socio del despacho Espacio Legal, explica que hay varios tipos de afectados por la quiebra de Popular. Por un lado, los accionistas de toda la vida, por otro lado los que acudieron a la ampliación del año pasado y por último, los especuladores. Tamargo señala que estos últimos ya sabían a lo que se enfrentaban y que no podrán tomar acciones. En el caso de los accionistas de toda la vida, la línea de actuación sería pedir la responsabilidad civil de la entidad (ahora en propiedad de Santander). Mientras que en el caso de la ampliación, las acciones serían contra el antiguo consejo de administración por administración desleal.

Respecto a los afectados por la ampliación de 2016, cuando el banco captó 2.500 millones de euros, Banco Santander ha dicho que está estudiando la opción de compensarles con algún tipo de producto de la entidad. La compensación podría ser en forma de bono, depósito o algún otro producto. Todavía no hay un plazo establecido por la entidad para decir cuál será la opción elegida.

Alberto Ruiz-Ojeda, socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo, que canaliza la actividad de los litigios de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), explica que habrá que estudiar acciones penales y/o civiles contra los administradores por información privilegiada o abuso de mercado. “Lo normal para los pequeños accionistas sería agruparse”, apunta al señalar que así podrían tener más fuerza.

Los recursos contra el mecanismo

Respecto a las actuaciones, Ruiz-Ojeda también señala que preparan una vía para impugnar la resolución de Popular. Una acción contra las decisiones tomadas por la Junta Única de Resolución y el FROB.

Esta vía que están tomando varios despachos de abogados se basa en interponer recursos administrativos tanto contra la JUR como contra el FROB por las acciones que se llevaron a cabo en el momento de la resolución. Un proceso en el que todavía quedan por aclarar algunas cuestiones, como la valoración hecha por Deloitte del banco. De hecho, según ha adelantado Vóz Pópuli, podría haber hasta tres informes de la consultora que valorarían al banco desde el escenario más negativo, en el que valdría -8.000 millones de euros hasta 1.500 millones de  euros en el escenario más positivo.

Entre los grandes accionistas se encuentran nombres como el del presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, o la familia del empresario chileno Andrónico Luksic. Ambos han emprendido acciones legales después de haber pérdido su inversión tras la intervención en el Popular. En el primer caso, Revuelta ha creado una plataforma para agrupar a otros pequeños accionistas en sus acciones. En el caso de Luksic han contratado al despacho Roca Junvent, que por el momento ha optado como primer paso esta vía administrativa, aunque no descartan en el futuro añadir otras alternativas.

Jordi Calvo, socio de este despacho, explica que los afectados todavía no saben en base a qué se tomó la resolución de Popular. En este sentido, señala que habrá que dilucidar si bien está mal legislado y  no se cumplió con la normativa. O bien si se cumplió con ella pero se aplicó una legislación incorrecta para esa situación. Se ha asegurado que la resolución se debió a un problema de liquidez y la normativa que se aplicó está pensada para entidades en quiebra.

A todos estos supuestos habría que añadir las acciones que puedan tomar los fondos de inversión que tenían acciones en el banco. Los grandes fondos han fichado al despacho al despacho de abogados estadounidense Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan para que les represente en los pleitos que quieren interponer contra la resolución de la entidad, según informa Expansión.

Veinte días después de que se haya puesto en marcha por primera vez el mecanismo único de resolución bancaria están abiertas varias vías judiciales y habrá que ver si el saldo del uso de este mecanismo no acaba siendo un nuevo frente judicial de la banca en los tribunales. Para añadir más aristas al debate, se suma la actuación de la junta de resolución en el caso de los bancos italianos donde se dejó la intervención en manos del estado italiano. Por el momento, lo que sabemos es que Pepe ha visto cómo desaparecían sus acciones de Popular.