La reforma de pensiones aprobada la pasada legislatura, en dos bloques, ya se está desplegando. Algunas medidas eran de aplicación inmediata, como la recuperación de la subida anual de las pensiones según el IPC, mientras que otras se irán implementando poco a poco. Uno de los elementos de la primera fase de la legislación, los incentivos para acercar la edad efectiva a la que se retiran los trabajadores a la edad legal, ya están dando sus primeros frutos, destaca el Ministerio de la Seguridad Social. Tanto con un aumento de las jubilaciones demoradas como con cierto cambio –aún muy inicial– en los meses a los que se retiran quienes optan por la jubilación anticipada voluntaria.
Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social destacan los primeros efectos de este paquete de incentivos, a propósito del informe recién publicado 'Proyecciones del gasto público en pensiones en España', que el Gobierno había comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación.
Estas medidas alcanzaron a la jubilación anticipada voluntaria y también a la demorada (aquella a partir de un año después de la edad legal para la jubilación), con las que la Seguridad Social busca el retraso de la salida de los trabajadores del mercado laboral mediante incentivos económicos y no con normas obligatorias. Hay que recordar que la edad legal de jubilación no se tocó en la última reforma y sigue aún en aumento progresivamente desde la reforma de 2011, hasta alcanzar los 67 años en 2027.
El efecto más claro señalado por el Ministerio de la Seguridad Social radica en el aumento de las jubilaciones demoradas, con las que se premia económicamente a las personas que posponen más de un año su retiro a partir de cumplir la edad legal para jubilarse.
El ministro Escrivá ya había informado del gran auge de esta opción en 2022, con un 65% de aumento, un alza que se ha intensificado en 2023. Estas jubilaciones suponían menos del 5% del total de las nuevas altas antes de la reforma y en 2022 el dato escaló al 5,5%. En lo que llevamos de año, con datos hasta agosto, las jubilaciones demoradas suponen un 8,3% del total. En términos absolutos son 17.573 pensiones, que de media acceden a la pensión a los 68 años.
El impulso de la jubilación demorada se aplicó en varias direcciones. Por un lado, se incrementó el plus en la pensión por retrasar la pensión. Antes, por cada año de retraso se concedía un plus a partir de un 2% adicional en la cuantía de la pensión y la nueva regulación amplió ese porcentaje al 4%. Por otro lado, se abrió la puerta a percibir un pago único en el momento de la jubilación, en lugar del aumento de la pensión cada mes, y por último se permitió una opción “mixta”, por la que se pudiera percibir un pago al jubilarse y también un aumento porcentual de la pensión, que en el Ministerio destacan que está teniendo “una gran acogida” entre las clases pasivas.
El Ministerio prevé que “como consecuencia del impacto de los nuevos incentivos a la demorada, la tasa de ocupación de los mayores de 65 años pasará desde el 18,4% hasta el 27,8%, mientras que la de mayores de 55 años se incrementaría desde el 43,8% hasta el 48,9% en 2050”, recoge en el informe enviado a Bruselas. “En este escenario se producirá un aumento de la edad media de jubilación de 1,6 años en 2050”, añade el análisis.
En los últimos años, la edad media efectiva de jubilación ya se está incrementando y en 2023 se ha alcanzado por primera vez los 65 años.
Los incentivos también se dirigieron a la jubilación anticipada voluntaria. Por un lado, se buscó el retraso de algunos meses en la salida de las personas del mercado laboral. Es decir, que quienes opten por esta opción no adelanten su jubilación todo lo posible (24 meses) o que quienes están solo a unos meses de la edad ordinaria esperaran a esta barrera de acceso.
Para ello, se pasó a aplicar coeficientes reductores mensuales y se penalizó más los dos primeros meses en los que es posible la jubilación anticipada voluntaria (es decir, el mes 24 de anticipo y el mes 23), en los que se retiraba el grueso de la gente que se decanta por esta opción, explicaba el Ministerio en el momento de aprobar la norma. También los últimos antes de la edad ordinaria, pero a cambio se reducían las penalizaciones en el resto de meses.
Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social sostienen que estos desincentivos “están modificando el comportamiento de quienes solicitan esta modalidad, reduciéndose los que anticipan el máximo posible”. Aunque aún los datos son muy iniciales, desde el departamento de Escrivá destacan que quienes anticipan 24 meses la salida del mercado laboral de forma voluntaria han descendido y se sitúan en lo que va de año en el 18%, “frente al 46% en 2021 y el 26% en 2022”.
Por otro lado, se acabó también con las penalizaciones más reducidas que se aplican en la práctica a los trabajadores con salarios más altos, pero en este caso la medida se aplicará a partir de 2024, a lo largo de diez años.
El Ministerio considera que ya se está viendo un primer paso en el buscado retraso en las salidas de quienes se retiran de manera anticipada, algo que a nivel individual es un retraso que se nota poco, pero en términos agregados sí tiene efecto en las arcas de la Seguridad Social, según el Ministerio. No obstante, de cara a 2050, la Seguridad Social ha estimado que la medida tiene un efecto neutro en el gasto total en pensiones, al igual que la AIReF.
En cambio, la Seguridad Social tiene muchas más esperanzas situadas en la reducción del gasto que supondrá la expansión de la jubilación demorada, que estima que para 2050 reducirá el coste de las pensiones en 1,4 puntos del PIB. La AIReF es menos optimista, con una proyección de una merma del gasto de 0,8 puntos.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.