La batalla por la subida salarial en España ya estaba servida ante las resistencias empresariales y el contexto de escalada de precios, pero ahora se suma un nuevo ingrediente con la guerra en Ucrania. El desastre humanitario y militar que vive la población ucraniana por la invasión ordenada por el presidente ruso tiene muchas derivadas, también fuera del país dado el mundo globalizado en el que vivimos. No se escapará por tanto la economía española, aunque su impacto aún está por determinar y dependerá del desarrollo de la guerra. Ya hay un coletazo que se prevé seguro, según los expertos: la inflación no se moderará como estaba previsto, más bien al contrario, y la contienda supone un nuevo foco de incertidumbre para las empresas. Ambas cuestiones son claves para el debate sobre las subidas salariales que abordan esta semana los sindicatos y patronales mayoritarios.
Así, junto a la recuperación económica tras la pandemia, la guerra en Ucrania se ha convertido en un factor de primera línea más –e inesperado– sobre la mesa de las patronales (CEOE y Cepyme) y las centrales sindicales (CCOO y UGT) el próximo jueves, 3 de marzo. Ese día está prevista la primera reunión con propuestas concretas para empezar a negociar el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un acuerdo a nivel estatal entre los agentes sociales que sienta las bases de la negociación en los diferentes sectores y empresas del país para los próximos años. El último pacto extendió su vigencia hasta 2020 y ahora, pasado lo peor de la pandemia, los agentes sociales afrontan el reto de volver a pactar una hoja de ruta para los próximos dos o tres años.
Los AENC abarcan muchos elementos laborales, pero los salarios destacan sobre el resto como uno de los más determinantes. Siempre es así, al ser las remuneraciones un punto fundamental de la relación laboral entre las empresas y las personas empleadas, pero especialmente en el contexto actual dado el gran auge de los precios y el arrastre de pérdida de poder adquisitivo del pasado año. En 2021, las subidas salariales pactadas en convenio alcanzaron el 1,47%, mientras que el IPC interanual cerró diciembre en el 6,5%, con una inflación media del 3,1%.
Precios disparados y alertas por inflación de “segunda vuelta”
En el arranque de 2022, la situación se ha visto alterada por una guerra en Europa que pocos esperaban. El IPC cayó al 6,1% en enero, pero se disparó en febrero hasta el 7,4%, su tasa más alta en 33 años. Y lo más relevante es que el conflicto en Ucrania ha echado por tierra las previsiones de moderación de los precios que había para primavera. La guerra tiene consecuencias muy importantes en el mercado energético por las sanciones a Rusia que está planteando la UE, por las que se espera el encarecimiento de la energía, que es lo que más está disparando la inflación.
Ante este aumento sostenido de los precios, muchas compañías y sectores empresariales deberán enfrentarse a la decisión de qué subidas salariales acordar para este año y los que vienen. Las patronales CEOE y Cepyme ya tenían resistencias a incrementos notables de sueldos debido a los daños que ha provocado la pandemia de coronavirus y ahora estas se refuerzan por la incertidumbre desatada por el conflicto armado y las sanciones derivadas. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha llamado a la “moderación salarial”.
Hay otro riesgo por el que varias entidades, como el Banco de España y el Consejo General de Economistas, piden evitar fuertes subidas generalizadas de salarios similares a la inflación. Se trata de la generación de inflación de “segunda vuelta”, un bucle de precios al alza por el que se contagiara desde los focos concretos ahora afectados (energía y ciertas materias primas) a otros componentes de la economía, lo que supondría un problema para el país.
“Una subida salarial para toda la economía que compense la inflación de manera automática sería probablemente perjudicial por el riesgo que comporta de iniciar una espiral salarios-inflación, algo que en España vivimos durante muchos años y que nos hace perder bastante competitividad”, recuerda Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics.
Para evitar estos contagios inflacionistas, algunas voces apuestan por no tener en cuenta los precios energéticos en el debate para la subida salarial. Es decir, que se tome como referencia la inflación subyacente, del 3% en febrero, y no el IPC interanual. Los sindicatos advierten de que los trabajadores también sienten en su bolsillo el incremento del coste de los carburantes y de otras fuentes de energía, como la electricidad.
Cláusulas de garantía de poder adquisitivo
CCOO y UGT rechazan el foco que se ha puesto sobre los salarios en el debate contra el incremento de la inflación, ya que estos no son “generadores” del problema, argumentan. Los sindicatos insisten en la necesidad de controlar los precios del sector energético, fuente de la mayor parte de la escalada de la inflación, algo por lo que cada vez se está inclinando más el Gobierno de España dentro de la UE.
Las centrales sindicales apuestas por pactar incrementos salariales más elevados –eran del 2% en los convenios pactados en enero– para que la ciudadanía no vea tan deteriorado su poder de compra y pueda consumir. Sin embargo, para evitar los bucles inflacionistas, están dispuestos a pactar incrementos en las remuneraciones inferiores al IPC del momento. Eso sí, a cambio de fijar una senda en el corto plazo, en los próximos dos o tres años, en los que se firmen “cláusulas de garantía del poder adquisitivo”. Al final del periodo, los trabajadores tendrían al menos garantizado su poder de compra.
Carlos Martín Urriza, responsable del Gabinete económico de CCOO, sostiene además que hay que tener en cuenta “de dónde venimos”. Se refiere a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios desde la pasada crisis financiera y “el aumento de los márgenes empresariales” que alentaron las pasadas reformas laborales. “No se puede hacer tabla rasa, eso hay que tenerlo en cuenta”, considera Martín Urriza.
Ángel Talavera advierte también de que “pedir que los trabajadores sufran todo el ajuste de poder adquisitivo tampoco es justo ni deseable a nivel macroeconómico, entre otras cosas por el impacto en el consumo”. Debilitar la demanda interna en este clima de incertidumbre internacional es otro riesgo para la economía y las empresas nacionales, por lo que en los sindicatos reiteran que mejorar el poder adquisitivo de las plantillas también debe valorarse como “una oportunidad” para el tejido empresarial del país.
“Una subida más gradual ahora y que luego se garantice el poder adquisitivo es mejor solución que un ajuste automático de salarios, pero sigue presentando el problema que supone un incremento de salarios que no se ajusta a la productividad”, considera Talavera. “Ante un shock externo de esta magnitud, cualquier solución debería suponer que todas las partes aguanten parte del coste: los trabajadores pierden algo de poder adquisitivo, las empresas no trasladan todo el incremento a los precios y ven caer algo sus márgenes de beneficios y el Gobierno usa sus recursos para proteger a los consumidores de parte de la subida de costes a través de medidas fiscales”, como limitando la subida del precio de la energía al consumidor, con transferencias directas, etc., argumenta el economista jefe para Europa de Oxford Economics.
Sobre todo, Talavera pone el foco en “las rentas más bajas, donde sí tiene mucho más sentido económico y de equidad el que mantengan el poder adquisitivo”. Para ellas, el Gobierno ha elevado el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,6% este 2022, hasta los 1.000 euros mensuales, después de fuertes alzas (del 30%) en los últimos años.
Carlos Martín Urriza se aferra a las posibilidades en lugar de a las dificultades. Es decir, a “las oportunidades” que puede crear Europa a nivel interno gracias al Plan para la Recuperación y la Resiliencia. “Europa debe cambiar su modelo de crecimiento económico. Pasar de un modelo en el que todas las economías están enfocadas a exportación, a competir entre ellas para quitarse el trozo de queso, y acelerar la transición a una política basada en la inversión y en concreto en la inversión verde”.
El próximo jueves se iniciarán las conversaciones entre patronales y sindicatos, que buscan concluir con un acuerdo en el primer semestre del año. Los que más prisa tienen son los representantes de los trabajadores, pero los sindicatos han advertido de que, en caso de congelaciones de sueldos e incrementos reducidos que ignoren las reivindicaciones sindicales, se desatarán conflictos en las empresas y sectores que harán que los empresarios también quieran consensuar incrementos pactados.