Que la corrupción está más presente que nunca en nuestra sociedad es un hecho innegable. Los continuos escándalos afectan a todos los ámbitos económicos. La corrupción azota también a la industria de la extracción (petróleo, gas y minería) que no vive sus mejores tiempos sobre todo por la caída en el precio del petróleo y el fracaso del fracking. Sobre esta industria recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recoge en un extenso informe los puntos de la cadena de negocio en los que las prácticas ilegales puedan tener presencia, poniendo el foco en cuatro grandes apartados y sus particulares riesgos de corrupción.
En la valoración del proyecto
Cuando se trata de proyectos de extracción referentes a petróleo, gas y minería, en su mayoría propiedad de los estados, estos ceden los derechos para su explotación de manera temporal a empresas privadas. Pero antes de ello, los gobiernos analizan los posibles beneficios que pueden obtener y visibilizan los riesgos a los que se pueden enfrentar, buscando un equilibrio entre el uso de los terrenos, el cuidado del medio ambiente y la protección de culturas y personas residentes en estos territorios. En ese proceso, como destaca la OCDE, hay un alto riesgo de sobornos a cargos públicos, conspiración, tráfico de influencias y extorsión, incluso desde los gobiernos hacia la comunidad en la búsqueda de consentimiento para explotar un territorio.
Un caso reciente que ejemplifica esto fue el asesinato de Berta Cáceres, activista por el medio ambiente y defensora de los derechos de los indígenas, tras enfrentarse a las empresas trasnacionales y recibir multitud de presiones y amenazas. El caso de Cáceres llamativo por las formas y el desenlace fatal, pero en España las presiones y la corrupción también existen. Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, advierte que con la situación de crisis actual, “la presencia de la industria extractiva puede ir en aumento. Por ejemplo, hace poco se quiso abrir una mina de oro en Galicia, pero por suerte hubo movimientos en contra de un amplio espectro social, hasta que la Xunta de Galicia retiró la licencia”.
Kucharz achaca los casos de corrupción, sobre todo hacia activistas, a “los procesos de la economía global, ya que buena parte del funcionamiento de la se basa en la violación sistemática de los derechos humanos. Y por ejemplo, la resistencia a proyectos de la industria extractiva les ataca directamente, al ser piedras que harían tambalear todo el sistema”.
En la negociación de los contratos
Una vez valorada y aprobada la viabilidad del proyecto, el siguiente punto es la cesión de la explotación a una empresa, ya sea negociando el contrato con las empresas interesadas o abriendo un proceso de puja por el proyecto. Sin una regulación y vigilancia adecuadas, este proceso puede esconder actividades ilegales. La OCDE ve al tráfico de influencias, la interferencia en los asuntos políticos, el favoritismo hacia algunas empresas con vínculos personales o la apropiación indebida de fondos públicos como las caras de la corrupción más habituales en esta parte de la cadena.
La petrolera mexicana Pemex ha tenido recientemente un caso importante de corrupción en esta fase. Tal y como destapó Reuters, más de 11.000 millones de dólares firmados en contratos entre 2003 y 2012 eran fraudulentos. Las causas fueron desde la creación de contratos inflados por empleos de mala calidad hasta el fraude en su máxima expresión.
A la hora de negociar, una de las quejas es la opacidad y el escaso papel asignado a la sociedad civil. Tom Kucharz apunta que “estos negocios se hacen en restaurantes, despachos, sedes sin que nadie sepa bien lo que hacen. Eso hoy España sea uno de los países más conocidos por la corrupción, ya no solo de la industria extractiva, sino en general. Además hay veces que incluso hay connivencia entre las empresas y el estado, lo cual complica mucho más las cosas”.
En las operaciones de extracción
La concesión del contrato a una o varias empresas no implica el fin de la corrupción en el proceso. Durante la fase de actividades extractivas hay varios comportamientos que escapan de la legalidad. Desde la corrupción en la obtención de bienes y servicios a la violación de normas reguladoras, pasando por ilegalidades en las operaciones diarias o cuando se realizan subcontrataciones.
Domingo Martínez, director de normativa del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC), pone de ejemplo “un pozo de petróleo, donde es difícil controlar desde la perspectiva de los impuestos la cantidad que se produce, ya que es el dueño quien la determina. La única vía legal para justificarla es por los costes o por las ventas, pero siempre se puede extraer posteriormente vender en la economía sumergida, por lo tanto ahí se pierde completamente el rastro”.
En la gestión de los beneficios
La última fase está relacionada con la gestión de la venta y los beneficios obtenidos de la explotación. Para la OCDE, los agujeros por los que se cuela la corrupción son amplios y serían los siguientes: el cobro de intereses, la redistribución de la riqueza, las subvenciones a las actividades o la ocultación de los beneficios en lugares como paraísos fiscales.
Martínez considera que la industria extractiva tiene una serie de características que facilitan la corrupción en todas sus fases. Se refiere a que “en las minas se sabe que producto vas a encontrar, pero no la cantidad exacta, por lo que es difícil de cuantificar por las autoridades y depende todo de la empresa. Solo quien opera en ellos tiene la objetividad para determinar las características del negocio”.
Entre los métodos usados para la ocultación de los beneficios obtenidos, Domingo Martínez explica que va desde “la persona que directamente coge los bienes sin justificarlo, los que retiran beneficios y lo ocultan en partidas de difícil valoración en el balance de cuentas o con la creación de entramados societarios, como se ha visto recientemente en los Papeles de Panamá.