La denominada solución ibérica ha recibido este jueves el aval del Congreso de los Diputados –con las abstenciones de PP y Vox y los únicos votos en contra de Foro Asturias y Nueva Canarias–. La Cámara Baja le ha dado su visto bueno un día después de que el mecanismo pactado por España y Portugal recibiera la luz verde definitiva de la Comisión Europea, que ha tardado más de lo esperado en aprobarla, tras las aclaraciones publicadas hace unos días por el regulador energético luso.
Aquí te resumimos las claves de esta medida, calificada de “histórica” por el Gobierno y que pretende ser una suerte de escudo para proteger a los consumidores de lo que pueda ocurrir en los próximos meses con la cotización del gas natural, como consecuencia de la guerra en Ucrania.
¿Cómo funciona?
El mecanismo pretende evitar, durante un periodo de un año (hasta el 31 de mayo de 2023) que el precio del gas siga contaminando los precios del mercado mayorista de electricidad. Por imperativo de la UE (que ya reconoce abiertamente las carencias de este diseño), el denominado pool funciona en base al modelo denominado marginalista: la última tecnología es la que marca el precio cada hora. Y este suele estar determinado por la cotización del gas natural, que se ha disparado en el último año.
Con el tope al gas, se va a limitar el precio al que pueden ofertar las centrales de ciclo combinado, cogeneración y carbón (ya muy residual en España). En un principio (en los primeros seis meses), el tope será de 40 euros por megavatio hora (MWh), con lo que el precio del mercado mayorista se situará en torno a los 130 euros/MWh, frente a los 182 euros de este jueves, los más de 200 de las últimas semanas o los 700 euros que puntualmente llegó a alcanzar en marzo.
Ese límite irá subiendo luego progresivamente, a razón de 5 euros por mes, con lo que el efecto de la medida se irá diluyendo a partir del próximo enero. En la media de los doce meses en los que estará vigente, el tope al gas se situará en 48,8 euros, frente a los 71 euros en los que cotiza ahora esa materia prima en el mercado ibérico Mibgas.
Eso no significa que las centrales de gas tengan que operar a pérdidas: la diferencia entre el precio real de la materia prima y el tope ibérico se cargará contra el sistema eléctrico. La compensación la pagarán los consumidores, que sin embargo notarán un ahorro neto en su factura. Bruselas calcula que la medida tendrá un coste de 8.400 millones de euros, de los que 6.300 millones corresponderán a España y 2.100 millones, a Portugal.
¿Cuál va a ser el ahorro?
Dependerá de cuál sea la cotización del gas natural en los próximos meses y de otros factores como la aportación de las renovables, que abaratan el mercado mayorista. Pero el Gobierno afirma que la rebaja para los consumidores españoles será de entre un 15% y un 20% con respecto a los precios actuales, inferior al 30% calculado inicialmente. El motivo es que, en la negociación con Portugal y con Bruselas, se acordó que los contratos no vinculados al mercado mayorista no tuvieran que financiar en un primer momento la compensación a las eléctricas por el coste del gas, y que lo hagan según vayan venciendo esos contratos.
¿Cuándo se va a reflejar en la factura?
El mecanismo se va a empezar a aplicar en la subasta diaria del próximo martes, dado que el próximo lunes es festivo en Lisboa. Con ello, empezará a tener efecto en el precio del denominado pool a partir del miércoles. Y, ya en las facturas que reciban los consumidores en julio, se reflejará primero en los clientes domésticos y pymes que están acogidos a la tarifa regulada, el denominado PVPC, en la que el precio de la energía está directamente vinculado al mercado mayorista: los “tontos”, en desafortunada expresión del presidente de Iberdrola. A esa modalidad había acogidos en diciembre algo menos de 10 millones de suministros. Y también se beneficiarán de manera directa desde el primer momento los clientes industriales, que cubren el 70% de su demanda de electricidad acudiendo directamente al pool. Posteriormente, se irá extendiendo a los clientes en el mercado libre, que tienen contratos con una vigencia de un año, a medida que estos venzan.
¿Va a tener efecto en la inflación?
Sí, y de manera inmediata, porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) se deja fuera en la medición del índice de precios al consumo (IPC) a los contratos de electricidad que están en el mercado libre, aunque prepara cambios en su metodología. Y esa forma de medir el IPC explica que España haya estado en la avanzadilla de la rampante subida de la inflación en Europa, con un pico del 9,8% en marzo, tras la invasión en Ucrania. Ahora, al afectar en primer término a los contratos en PVPC, el efecto en el IPC será inmediato. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha estimado este jueves que el tope contribuirá a reducir la inflación en España “alrededor de ocho décimas ó un punto” en los próximos meses.
¿Va a implicar cambios para los consumidores?
Sí, para una parte importante de los hogares. España ha prometido a Bruselas (y así se refleja en el Real Decreto-Ley convalidado este jueves) cambiar la tarifa regulada de electricidad y hacerla menos volátil, una vieja petición de las compañías eléctricas: “Una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)”, indica el texto.
Así, desde 2023, se cambiará la forma de calcular esta tarifa para reducir su vinculación a la cotización horaria del mercado mayorista y vincularlo a referencias más estables, como se hace en Portugal, incluyendo referencias a plazo: anuales, trimestrales y mensuales.
¿Cómo va a afectar el mecanismo a las interconexiones con Francia?
Previsiblemente, va a espolear las exportaciones al norte de los Pirineos. Inicialmente, España y Portugal preveían una doble subasta para evitar subvencionar la energía que se exporta a Francia. Pero, tras la negociación con las autoridades comunitarios, ambos países van a tener que vender la electricidad al precio resultante de ese tope, lo que implica que los consumidores ibéricos subsidiarán a los franceses.
El decreto establece una salvaguardia, un mecanismo para corregir en parte ese efecto denominado renta de congestión, que va a contribuir a financiar la compensación a las eléctricas. Pero es previsible que las exportaciones de electricidad se disparen, dados los problemas técnicos que arrastra cerca de la mitad del potente parque nuclear francés. No obstante, hay que recordar la limitada interconexión de la Península con Francia, que no llega al 3% y que es el principal argumento que han puesto sobre la mesa Madrid y Lisboa para que la Comisión Europea dé su brazo a torcer y acepte este mecanismo excepcional.