José, Raúl, Tomás, Enrique, Rodolfo, Edgar, Armando, Jerónimo. Son ocho trabajadores de la empresa Airbus, hasta ahora anónimos, pero involucrados en el que ya es el caso judicial de más relevancia para los sindicatos desde el proceso contra la cúpula de CCOO en 1972.
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para cada uno de ellos por participar en un piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 en el que se produjeron altercados y una carga policial en la que los antidisturbios llegaron a disparar al aire. Es la mayor pena que se ha solicitado nunca en España por hechos similares desde que llegó la democracia. Con un matiz significativo: todos los acusados están, o lo estaban en el momento de los hechos, involucrados en la actividad sindical dentro su empresa. Los sindicatos ven detrás de este caso un intento de amedrentar a la clase trabajadora, desinflar las movilizaciones y criminalizar a los sindicatos.
Si por algo se caracteriza Airbus es por su paz social: en la empresa -que tiene una participación de más del 4% del Estado- no recuerdan una huelga en años. Sin embargo, en los paros generales la movilización es intensa. Eran las primeras horas de la huelga del 29S de 2010 contra la reforma laboral de Zapatero cuando, como en otras ocasiones, varios centenares de trabajadores y de personas llegadas de otros puntos del polígono industrial de Getafe se concentraron frente a la factoría de Airbus.
Fue en la concentración de la puerta sur, una explanada grande que termina en una rotonda, donde se produjeron los altercados por los que ahora se pide ocho años de cárcel para los ocho trabajadores.
“Llegamos por separado, y ya vimos que había policía nacional y una o dos brigadas de antidisturbios”, recuerda José Alcázar, que en ese momento era presidente del comité intercentros y que, con 63 años, ha trabajado durante 50 en Airbus. “Un trabajador intentó entrar a la empresa, la propia policía le dijo que no era el momento de hacerlo”, continúa Alcázar, que se identificó ante la policía y habló con ellos para intentar rebajar una tensión que aumentaba por momentos. Es Enrique Gil, 31 años, once en la empresa, quien sigue el relato: “Al final, este trabajador corrió hacia la gente que estábamos concentrada, se tropezó y se cayó. La policía pensó que le habíamos pegado, pero no le tocamos”.
Fue entonces cuando los antidisturbios se prepararon para cargar. “Primero intentamos mediar, ponernos delante para expresar que esa carga no era necesaria”, dice Rodolfo Malo, 54 años y 27 en la empresa. “La gente empezó a correr hacia dentro de la factoría y ya la policía les siguió”, señala Tomás García, que lleva 44 de sus 60 años trabajando para Airbus.
La carga acabó con decenas de heridos y con disparos al aire de la policía. “Entre las vallas que hay en la entrada se acumuló mucha gente y hubo una situación de enfrentamiento. Hubo policías que se descolgaron y que se quedaron dentro de la empresa, es cuando vimos que sacaban las armas y disparaban, parecía que tenían miedo de que les hiciéramos algo. Ahí comenzaron a retroceder”, explican entre todos.
Raúl Fernández, otro de los trabajadores acusados, con 35 años y diez en Airbus, recuerda una carga caótica: “No había ningún tipo de organización ni de control, lo hicieron todo precipitadamente”.
En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que los acusados actuaron “de común acuerdo con ánimo de menoscabar la integridad ajena y con claro conocimiento del derecho de los trabajadores de acudir a su centro de trabajo” y les acusa de intimidar, tirar petardos debajo de los coches de trabajadores que querían entrar, empujar, escupir, dar collejas y agredirles. Dice también que los trabajadores insultaron a los agentes y “comenzaron a acorralarles” y agredirles “lanzándoles todo tipo de objetos como conos reforzados con hierro o mochilas pesadas”, “llegando incluso a encerrarles a algunos de ellos en el interior del recinto al cerrar bruscamente la puerta corredera de uno de los accesos”. “Los conos volaron, pero los de siempre, los que tienen los de seguridad, desde luego nadie se entretuvo en rellenarlos con nada ni en llenar mochilas con plomo, como dice la fiscalía”, señala Rodolfo.
Además de los ocho años y dos meses de cárcel, la fiscalía les pide cuantiosas multas por las lesiones a los policías. “Es ridículo que piensen que nosotros ocho pudimos causar tantas lesiones a diez antidisturbios preparados para la batalla”, dice Tomás. El escrito de acusación no diferencia sobre qué hizo quién: todos son culpables de lo mismo, no se les atribuye una conducta concreta, un hecho que la defensa de los trabajadores considera “una barbaridad jurídica”. El fiscal tampoco menciona la carga policial: “Nuestras agresiones han quedado impunes”, afirma Rodolfo.
Pasar por el botiquín
Al día siguiente del 29S, José Alcázar recibió una citación judicial. Varias de las personas que le acompañaron al juzgado fueron identificadas y posteriormente imputadas. Además, el juez instructor pidió los datos de las personas que esa noche habían pasado por el botiquín de la empresa y les incluyó dentro de la imputación.
“Los imputados posteriormente a los hechos lo son por su condición de heridos, es decir, que, si la policía les pegó, ya son considerados sujetos de delito”, subraya el abogado de CCOO que representa a los trabajadores, Antonio González. Los trabajadores cuentan con el testimonio de un guardia de seguridad de la empresa y de un responsable de recursos humanos, que no reconocen a ninguno de los acusados como autores de agresiones. Aunque la fiscalía no les ha tenido en cuenta en su escrito, irán a declarar una vez que el juicio tenga fecha.
La secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Madrid, Mercedes González, expresa lo que ven los sindicatos detrás de este caso: “No podemos evitar pensar que se trata de una decisión política. Durante estos años nos hemos movido a todos los niveles y ha sido después de estos contactos y a pesar de ellos cuando la fiscalía ha salido con este escrito de acusación, con algo que no había pasado desde el proceso 1001 [el proceso contra la cúpula de CCOO en 1972]”. Los contactos incluyeron a la Delegación del Gobierno en Madrid y al propio Ministerio de Justicia.
CCOO pide a Airbus que se pronuncie sobre lo sucedido. Los sindicatos preparan asambleas y concentraciones en las plantas que la empresa tiene en España y Europa. eldiario.es se ha puesto en contacto con la compañía, que no quiere hacer declaraciones al respecto. Tampoco la policía ha querido dar su versión de los hechos y se ha circunscrito al auto de la Fiscalía.
Las centrales buscan también internacionalizar el caso. De momento, el sindicato IndustriALL Global Union ya se ha dirigido al fiscal general del Estado para denunciar “las falsas imputaciones” y “la desproporcionada petición del fiscal”.
Los ocho trabajadores continúan con su rutina, preocupados y aún sorprendidos por la petición del fiscal. “Tenemos una preocupación lógica, esto va en serio. Sería un error pensar que esto no va a llegar a ningún lado o tomárselo a cachondeo. Quieren criminalizar a los sindicatos y a los trabajadores que se manifiestan”, sentencia José Alcázar.