El Gobierno aprobará este jueves una bajada temporal del IVA de la luz del 21% al 10%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el organismo que fiscaliza las cuentas públicas, estima que esta medida tiene un coste anual de unos 1.300 millones de euros, que se podrían ver aminorados si supone un aumento del consumo eléctrico. Puesto que la intención del Gobierno es que la vigencia de esta medida sea semestral, serían unos 650 millones de euros el coste estimado por el organismo, según ha informado este martes su presidenta, Cristina Herrero.
Herrero ha matizado que se trata de una primera estimación, puesto que todavía es “prematuro” tras el reciente anuncio. Si bien, ha señalado que al tratarse de una medida temporal, no necesitará de otra herramienta para compensar la pérdida de recaudación. A esos 1.300 millones anuales se sumarían otros 1.000 millones por la pérdida de recaudación vinculada al impuesto a la generación eléctrica, aunque en principio su suspensión solo tendrá una vigencia trimestral.
Herrero ha desgranado la situación de las cuentas públicas en el arranque de la segunda jornada de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizadas por la APIE, que se celebran durante esta semana en Santander. La presidenta de la AIReF ha planteado diversas críticas sobre los planes fiscales que el Gobierno ha presentado y sus previsiones para los próximos ejercicios tras la crisis sanitaria que se ha transformado en crisis económica. “No hay una referencia concreta a los efectos del plan de recuperación”, ha advertido Herrero durante su discurso en la capital cántabra.
La responsable de la autoridad independiente ha expuesto que una de las principales incertidumbres a la hora de hacer previsiones sobre la economía española es la de prever los impactos del plan de recuperación. En concreto, ha señalado que existen ciertos riesgos que se deben tener en cuenta, como el retraso de la llegada de los fondos, el retraso en la implementación de las reformas, o una selección inapropiada de los proyectos para estos fondos.
Herrero hecha en falta que la senda de sostenibilidad que el Gobierno envió a Bruselas en abril no haya ido acompañado de una información más extensa sobre el impacto del fondo de recuperación, así como un plan a medio plazo para la consolidación fiscal. En concreto, ha lamentado que “la vaguedad caracteriza este plan”. La presidenta de la AIReF ha recordado la situación de “vulnerabilidad” de las cuentas públicas que ha dejado la crisis sanitaria, que harán necesaria una consolidación fiscal para reducir los niveles de deuda y de déficit público.
En concreto, Herrero ha apuntado que el Gobierno debe tener en cuenta que tanto en sus previsiones como en las que ha hecho la propia AIReF, al final del periodo de vigencia del plan de recuperación, en 2024, España superaría el nivel máximo permitido de déficit por las reglas fiscales de Bruselas, si bien todavía no está claro que no se vayan a cambiar estas exigencias tras la pandemia.
Por todo ello, Herrero ha insistido en una idea reivindicada en repetidas ocasiones por el organismo que preside y que obligaría a una mejora de los planes de estabilidad y de la estrategia fiscal del Gobierno y del resto de las administraciones del Estado, incluyendo a las Comunidades y los ayuntamientos. “Tarde o temprano esta será una exigencia de Europa”, ha señalado, poniendo como ejemplo a otros países como Italia, Francia o Alemania que han acompañado sus planes de recuperación con una planificación de la deuda y el déficit hasta 2027, frente al plan español que llega a 2024.
Google asegura que llevaba “años” reclamando el impuesto mínimo de Sociedades
Durante las jornadas en las que ha participado Herrero, ha estado también Fuencisla Clemares, presidenta de Google en España y Portugal. La directiva ha valorado positivamente el acuerdo del G7 sobre una tributación mínima a nivel global sobre los beneficios de las empresas y que afectará, principalmente, a la compañía tecnológica y sus competidoras. Clemares ha asegurado que todavía no tienen una previsión de cuál será la factura fiscal de Google en España porque está por ver como se implanta este acuerdo. “Estamos encantados de que esa conversación esté avanzando en el G7 y que permita reformar el sistema fiscal actual, más homogéneo y equitativo en los países, independientemente de los impuestos que acabemos pagando”. “Llevamos años pidiendo una reforma fiscal, pero de nosotros no dependía”, ha enfatizado.
Clemares ha sido cuestionada por los numerosos conflictos judiciales que tiene abierta la compañía en Europa por su posición de dominio. La directiva ha negado que Google tenga una posición de “monopolio”. “Internet no puede ser más competitivo y dinámico”, ha asegurado. “Lo que sí que vemos es que Google cada vez es más grande, tiene éxito y eso hace que se nos mire con mayor nivel de detalle y escrutinio”, ha zanjado.