La Autoridad Fiscal pide equiparar el pago de medicamentos entre activos y pensionistas según su renta
La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) considera que el actual esquema de subvención de medicamentos en España penaliza a los trabajadores activos con bajos ingresos que por sus circunstancias de salud están abocados a consumir mayor cantidad de fármacos. Esta discriminación, señalan, se produce frente a pensionistas de ingresos similares o incluso superiores. En la actualidad a un trabajador con una renta de menos de 18.000 euros anuales se le subvenciona un 59% de los medicamentos que se le dispensan, mientras que un pensionista con ingresos de hasta 100.000 euros anuales tiene un 91% del precio pagado por la administración pública.
Para la Autoridad Fiscal, a este respecto debe haber una mayor estratificación por niveles de renta, tanto para población activa como jubilada. En estos momentos, a efectos de copago farmacéutico se distingue entre activos y pensionistas y entre rentas de jubilados a partir de 18.000 euros anuales y a partir de 100.000. Lo que opina la AIReF es que deberían tenerse en cuenta otros tramos, tanto de rentas por debajo de los 18.000 como por encima, en aras de una mayor progresividad a la hora de pagar los medicamentos.
Estas recomendaciones de la AIReF se encuentran dentro del segundo informe que emiten sobre eficiencia del gasto público en España, en esta ocasión dedicado al gasto farmacéutico, que asciende a 10.000 millones anuales, un 16% del gasto sanitario en España. Según la Autoridad Fiscal, España es un país eficiente en su gasto sanitario en términos comparativos con otros países similares, pero en el gasto farmacéutico tiene margen de mejora: en concreto creen que una gestión más eficiente del gasto farmacéutico podría liberar más de 1.000 millones de euros anuales (hablan de hasta 2.000). Esto implicaría que España se aproximase al 0,80% del PIB de gasto, media de los países comparables de la OCDE frente al 0,98% del PIB actual.
Entre los motivos observados para un mayor gasto no se encuentra el precio de los medicamentos, similar al de otros países, pero sí un elevado consumo por habitante y un porcentaje de medicamentos genéricos que es creciente, pero que no llega a los niveles de otros países. Por ejemplo, se consume una cantidad de antibióticos mucho mayor en España que en el resto de los países de la UE, con los problemas adicionales de resistencia bacteriana que ello genera.
Éxito de las subastas que quiere quitar ahora Andalucía
Entre las propuestas de la AIReF para una mayor eficiencia se encuentra un esquema de subastas de medicamentos similar al andaluz. Este sistema, que aprobó la Junta en 2011, supone comprar a gran escala aquellos medicamentos que más suelen ser prescritos en la red sanitaria pública para conseguir reducir el gasto farmacéutico, ajustando el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión. El nuevo gobierno andaluz, presidido por el PP con apoyo de Ciudadanos y Vox, quiere acabar con este sistema.
Según la AIReF, Andalucía ha ahorrado 560 millones de euros con este sistema entre 2012 y 2017, un 5,6% del gasto en medicamentos con receta dispensada por el sistema andaluz de salud en esos cinco años, que asciende a 10.020 millones de euros.
En cuanto al impacto en el beneficio de las farmacias, según sus cálculos los márgenes de rentabilidad se han estrechado en las farmacias andaluzas frente a las del resto de España donde no se producen subastas, pero solo en el 20% de las farmacias con un mayor margen, es decir, las más grandes. Estas farmacias con más rentabilidad la han visto reducida en un 15%. Según la AIReF, no ha habido más porcentajes de cierres de farmacias en Andalucía que en otras comunidades autónomas. También en relación con las farmacias, la AIReF cree que estos establecimientos deberían empezar a tener un papel más activo a la hora de asesorar a los pacientes por cuestiones médicas.
Diferencias entre CCAA: 23 recetas/año por extremeño
La AIReF hace hincapié en las diferencias entre comunidades autónomas a la hora de afrontar el gasto sanitario. Así, por ejemplo, Extremadura es la región que más recetas por habitante dispensa al año (23), ocho más que la comunidad en la que menos se receta, que son las Islas Baleares. Estas cuentas se hacen con población ajustada, no real.
Este fenómeno puede deberse, entre otras cosas, a una menor renta que lleve a la población a tener menos seguros privados, donde no se subvencionan los medicamentos y a los niveles de envejecimiento. No obstante, han calculado que estos motivos no explican por sí mismos las diferencias entre comunidades, en las que observan una gran heterogeneidad.
Por otro lado, entre los márgenes de mejora que observa la autoridad fiscal se encuentra la fijación de los precios de referencia. En la actualidad solo considera la equivalencia en términos de principio activo y no de indicación terapéutica. Esto es: si un medicamento tiene el mismo efecto sobre una enfermedad no se recetará salvo que cuente con el mismo principio activo que el establecido como referencia para tratar una dolencia.
