Para medir la sostenibilidad de la deuda de un país es más importante evaluar si se pueden pagar cada año los intereses que están comprometidos que quedarse en si se eleva o no la cantidad del dinero que hay que devolver.
La deuda total de España no ha parado de incrementarse desde 2020, desde 1,23 billones hasta alcanzar el récord de 1,57 billones en noviembre, según el Banco de España. Igualmente, ha ido ascendiendo la factura de intereses que nuestro país paga cada año por esta deuda, hasta enfilarse hacia los 40.000 millones en 2023, desde los cerca de 25.000 millones de 2020. Sin embargo, esta carga solo se ha elevado tres décimas desde el mínimo de los últimos años si se relaciona con el PIB, del 2,1% de 2021 al 2,4% actual. Es decir, sigue siendo asumible, y todas las previsiones (del Gobierno, del FMI o de la OCDE) confían en que continuará siendo así.
El aumento de la deuda total mes a mes de los últimos años no es una situación ideal para ningún Estado, ni mucho menos. Significa que los ingresos públicos no pueden cubrir todos los gastos (el déficit se cubre con deuda). Pero este incremento dice muy poco de su sostenibilidad.
De hecho, si endeudarse es muy barato o asumible, no hacerlo puede significar perder una oportunidad para realizar inversiones importantes que garanticen el crecimiento futuro, la reducción de la desigualdad u otros retos ineludibles como la transición 'verde'. Ante el shock de la pandemia, tanto el Gobierno de coalición de España como el conjunto de la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE) asumieron esta realidad, favoreciendo unas condiciones inmejorables de financiación, suspendiendo el corsé fiscal y mutualizando el coste del Plan de Recuperación.
El escenario ha cambiado con el regreso de las reglas fiscales a la UE y con la austeridad monetaria del BCE para luchar contra la inflación. La deuda ha vuelto al centro de las preocupaciones económicas ,y tanto la derecha política como los economistas más ortodoxos han aprovechado la ocasión para alarmar con el aumento de la cantidad de dinero que el Estado español se va comprometiendo a devolver en un futuro.
Habitualmente, la primera medida de sostenibilidad de la deuda pública es la ratio que la relaciona directamente con el PIB. Se la conoce como el endeudamiento, y en España alcanzó el 125,3% en el primer trimestre de 2021. En 2023, el Gobierno estima que se redujo hasta el 108,1%, y para este año espera que baje al 106%. Serían casi 20 puntos de reducción, gracias a la progresiva disminución del déficit y, sobre todo, al crecimiento económico.
Pese a esta reducción, la deuda sigue en niveles históricamente altos respecto al PIB. Aunque en el mundo, y en concreto en la UE, más tolerante con estos desequilibrios. “El crecimiento de España es responsable puesto que seguimos reduciendo tanto la ratio de deuda con respecto a PIB como la ratio de déficit con respecto a PIB. Este elemento de responsabilidad fiscal es también una de las dimensiones clave de los compromisos de este Gobierno”, defendió esta misma semana el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados.
“Estamos reconstruyendo ese colchón que hemos utilizado para responder a la crisis de covid y también para ayudar a familias y empresas ante el incremento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania”, recalcó Carlos Cuerpo.
La tolerancia de la UE y las afirmaciones del ministro serían demasiado ingenuas si no fuera por el verdadero dato que hay que mirar sobre la deuda, y que apenas ha empeorado desde la pandemia: la carga que supone cada año sobre las cuentas públicas en relación con toda la actividad de nuestro país.
El 2,4% del PIB que supone la factura de intereses anual a la que hace frente el Estado es sostenible en términos históricos y las previsiones apuntan a que lo será también a futuro. Esta carga llegó a dispararse al 3,7% en 2013. Un nivel del que están cerca actualmente Italia o Grecia, según se puede observar en el primer gráfico de esta información.
España ha logrado contener la factura de la deuda porque el Tesoro Público aprovechó los tipos de interés en mínimos históricos que favoreció el BCE durante años, hasta la escalada de la inflación en 2022, para reducir el coste medio de la deuda y alargar los vencimientos.
“En los años previos a la llegada de la guerra de Ucrania, de la inflación y del incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para combatir la inflación, España había hecho un esfuerzo, el Tesoro había hecho un esfuerzo muy grande para aumentar la vida media de nuestra cartera, de nuestra cartera de deuda”, explicó Carlos Cuerpo.
“Esta vida media llegó y se mantiene en el entorno de los ocho años. Por qué es tan importante precisamente conseguir que la cartera tenga una vida media más larga. Pues esto significa que cada año tenemos que refinanciar una parte más pequeña del total de nuestra deuda. Es decir, cada año en torno al 12%-14% del total de la deuda tiene que ser refinanciado y esto nos permite ir a amortiguando la subida de los tipos de interés del BCE”, continuó.
“El coste medio de nuestra deuda apenas ha aumentado 40 puntos básicos, frente al incremento de los tipos oficiales que ha sido de 450”, añadió.
“Otro elemento importante también en cuanto a la cartera de nuestra deuda es la diversificación de las tenencias de esta deuda, donde ha adquirido cada vez mayor importancia la presencia de inversores no residentes, de inversores extranjeros. De nuevo, una señal de fortaleza y de confianza en nuestras emisiones y por lo tanto en nuestra economía, llegando a tener en torno al 40% de nuestra deuda los inversores extranjeros. Esto se está manteniendo también en un entorno en el cual de manera progresiva y gradual el Banco Central Europeo se está retirando también de los mercados de deudas soberana, de los mercados de deuda pública”, concluyó el ministro de Economía.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.