Los países del sur se unen frente a Alemania y Holanda para pedir a Bruselas un fondo de recuperación de 1,5 billones para septiembre

El fondo de recuperación no puede esperar. Y tiene que ser de 1,5 billones de euros, con transferencias incluidas. Así se lo han hecho saber los sherpas –representantes diplomáticos de los jefes de Gobierno– de España, Francia, Italia, Grecia, Portugal y Chipre a las autoridades comunitarias, tal y como ha adelantado La Stampa.

El último Consejo Europeo acordó pedir a la Comisión Europea un plan de recuperación. Estaba previsto que la presidenta, Ursula von der Leyen, lo entregara el 6 de mayo, pero nadie en Bruselas lo espera para antes del 20 de mayo; incluso hay quien desliza la fecha del 6 de junio.

Pero, mientras, las cifras de contagios y fallecimientos siguen sumándose, y las previsiones de Bruselas son que la zona euro termine 2020 con una caída del PIB del 8%, si bien países como España o Italia podrían superar el 9% holgadamente.

En ese contexto, los países del sur se han aliado para apremiar a Bruselas: a que tenga listo el plan de recuperación, a que la cifra sea de 1,5 billones, que haya transferencias –pagos directos– y a que entre en vigor en septiembre.

Enfrente, se encuentra el norte: Alemania y los llamados frugales, como Holanda, Austria, Dinamarca y Finlandia. Unos países que ni quieren que haya 1,5 de billones en dinero fresco, ni que sea una herramienta independiente; ni que ese dinero vaya de otra manera que no sean préstamos ni que esté listo en septiembre, sino cuando se hayan agotado los instrumentos que se están aprobando ahora: los 240.000 millones de crédito blando del fondo de rescates (MEDE); los 100.000 millones para ERTEs del SURE y los otros 200.000 para avales de empresas del Banco Europeo de Inversiones.

El problema para el sur es que hace apenas unas semanas se hablaba de un plan Marshall. De una hoja de ruta para la recuperación. De grandes sumas de dinero, de instrumentos “robustos”. España puso sobre la mesa una propuesta que alcanzaba los 1,5 billones de euros en transferencias durante la última cumbre de líderes europeos, el 23 de abril pasado.

Pero lo papeles que hacía circular la Comisión Europea, presidida por una ex ministra de Angela Merkel, Ursula von der Leyen, hablaban de 300.000 millones nuevos, de incluso 323.000 millones, que, mediante esas fórmulas que gusta emplear Berlaymont –la sede del Ejecutivo comunitario en Bruselas– como ya hizo con el plan Juncker, se apalancaban y multiplicaban hasta llegar a los dos billones de euros sin explicar muy bien cómo.

Los líderes emplazaron a la Comisión Europea a diseñar una propuesta para el 6 de mayo. Y, por el camino, en la era de los relatos, la narrativa y los marcos, Bruselas ha rebajado el peso del concepto. “Nosotros le llamamos ahora Iniciativa de Recuperación”, ha afirmado el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer: “Lo que la Comisión está trabajando ahora es una iniciativa de recuperación, porque es tanto sobre cómo se recogen los fondos y en cómo los gastas”.

Por el camino, se ha cruzado el Tribunal Constitucional alemán, que tenía que resolver sobre los conflictos constitucionales en su país en relación con los programas de compra de deuda del BCE extraordinarios lanzados en 2015 para contener las primas de riesgo de países como Grecia, España o Italia. La Justicia europea decidió en diciembre de 2018 que los programas del BCE se ajustaban a su mandato. Es decir, no había ultra vires, no estaba excediéndose de sus competencias.

Pero el Constitucional alemán ha sentenciado que no ve ilegal el programa del BCE, pero sí cuestiona que esté dentro de sus competencias, en contra de la decisión del TJUE, y da tres meses al BCE para que justifique sus decisiones de 2015, so pena de ordenar al Bundesbank que venda la deuda comprada y que deje de participar en el actual programa de deuda ante la crisis del coronavirus.

El Tribunal de Justicia de la UE ya ha dicho esta semana que él es la última autoridad jurisdiccional en la UE; y el BCE ha confirmado que seguirá con sus políticas “sin inmutarse”.

¿Y qué dice la Comisión Europea, guardiana de los tratados? La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una respuesta exprés a un eurodiputado verde alemán, Sven Giogold, ha abierto la puerta a expedientar a Alemania por la sentencia de su Tribunal Constitucional.