La nueva regulación del alquiler turístico en Palma frena a Airbnb

Tras el anuncio de la nueva normativa de alquiler turístico en Palma, mediante la cual se prohibe este negocio en las viviendas plurifamiliares, el número de ofertas en Aibnb en la capital balear ha aumentado solo un 5'7%, a pesar de que el grueso de la temporada turística está cada vez más cerca.

Palma ha pasado de las 1.115 plazas que había el 26 de abril a las 1.179 existentes el pasado 17 de mayo, según los datos analizados por DataHippo para eldiario.es. Todo ello a pesar de que la tendencia es que, cuando más se acerca la temporada estival, mayor sea el número de plazas: por ejemplo, entre el 5 y el 26 de abril, la oferta aumentó un 55% (de 719 a 1.115).

El Ayuntamiento de Palma hizo pública la nueva regulación el pasado 24 de abril, desarrollando así las competencias que le otorga la Ley de Turismo de Baleares, aprobada en julio de 2017. El consistorio decidió que, cuando se apruebe la normativa este verano, solo podrán ser arrendadas las viviendas unifamiliares.

Menos plazas en 2017

La entidad Terraferida publicó un estudio el verano pasado, en el que comparaba el número de plazas ofertadas en Airbnb antes y después de la aprobación de la Ley de Turismo. Los datos reflejaban una caída: en Baleares, había 36.762 anuncios menos, un decrecimiento del 22%. Donde más se notó la bajada fue en la capital balear: los alquileres turísticos cayeron un 54%.

En una línea similar, la vicepresidenta del Govern balear, Bel Busquets, comenta que desde la aprobación de la nueva Ley de Turismo hasta el mes de enero, la oferta de viviendas de alquiler legal bajó un 1%. Actualmente, en el archipiélago se ofrecen en torno a 90.000 plazas de alquiler vacacional legal.

Marc Morell, antropólogo social e investigador de la Universitat de les Illes Balears, comenta que la línea que ha tomado el Ayuntamiento de Palma y el Govern puede sentar un precedente para el resto de de ciudades: “Quizás no es la única vía para combatir el problema, pero sí la más potente”.

“Es impensable que las casas donde viven la gente se conviertan en alquiler turístico”, comenta. Para él, es una problemática que debe abordarse también desde Europa, donde precisamente el lobby de Airbnb está presionando con fuerza para vetar las iniciativas regulatorias de las ciudades, y donde la Comisión Europea achacó a España prácticas “restrictivas” sobre alquiler turístico.

“Existe un mercado negro”

Jaume Adrover, miembro de Terraferida, denuncia que, pese a que está a favor de la Ley de Turismo, ésta presenta fallos que permiten la existencia de un “mercado negro”: “Los pisos se están alquilando por otras vías fuera de las grandes plataformas como Airbnb. Existe un proceso de migración masivo de plazas. La oferta se está yendo a canales más discretos, como Facebook o las inmobilarias”.

Y añade: “En Menorca o Palma, por ejemplo, mucha gente alquila su piso en vacaciones a través de Facebook. Si las administraciones públicas quieren luchar contra esta práctica, tendrán que ir contra esta red social, con la complicación que supone. A esto se une el hecho de que tendrían que ir contra los particulares en especial. Es un procedimiento totalmente nuevo. No es tan fácil”.

En este sentido, denuncia que la Ley de Turismo “es muy ambigua”: “Queda prohibida la comercialización del alquiler turístico que no esté registrado pero, sobre todo, lo prohibe en las grandes plataformas. La normativa deja la puerta abierta porque lo ilegal es la comercialización, no tanto el alquiler del piso. La ley no está pensada para quienes ofrecen su piso fuera de Airbnb o similares”.

Por su parte, Marc Morell advierte de que “el alquiler turístico continúa de manera ilegal” porque “existe gente que cree que puede hacer lo que sea con su piso”. En parte, uno de los motivos de la existencia de oferta ilegal es la falta de inspectores, unos 15 en total. El Govern reconoce que “hacen falta más”, pero señala a 'la ley Montoro' de estabilidad presupuestaria como el impedimento para aumentar el personal.

10.500€ al año en Ibiza

A pesar de que Airbnb no ha querido hacer declaraciones para eldiario.es y, por lo tanto, se desconoce el volumen de beneficio que obtiene en el archipiélago, Europa Press publicó recientemente que los particulares que ofrecen su piso en Ibiza pueden ganar hasta 10.500 euros al año si lo alquilan 49 noches. Los de Palma ganarían 6.898 euros si lo rentan 61 noches. Las islas son muy rentables, pues según los datos de Airbnb la media es de 3.572 euros por 38 noches a nivel estatal.

Aunque todavía es pronto para valorar una posible bajada en el precio del alquiler como consecuencia de la nueva regulación en Palma, Morell comenta que “parece lógico” que se produzca dicha disminución. “Si no puedes alquilar con fines turísticos, lo más probable es que baje el precio del alquiler”, comenta.

Según los datos del Ayuntamiento de Palma, el precio de la vivienda ha aumentado un 40% en los últimos cinco años, siendo éste uno de los motivos por los cuales ha decidido prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares. Además, creen que la ciudad acoge 11.000 plazas de alquiler turístico y que el 95% son ilegales.

Multas de 300.000 euros

La Ley de Turismo de Baleares prevé multas para aquellas plataformas que comercialicen o den publicidad a ofertas de alquiler turístico ilegal. Por ello, el Ejecutivo ha abierto un expediente sancionador a Airbnb, HomeAway y TripAdvisor, los cuales se enfrentan a multas de 300.000 euros cada uno.

Bel Busquets comenta que la normativa está pensada especialmente para las grandes plataformas porque “es donde se comercializa el grueso de la oferta”. Aún así, advierte que “siempre que se haga publicidad o comercialización ilegal se podrá sancionar”. “Es tan ilegal hacerlo en HomeAway como en Facebook si no cuentas con el numero de licencia”, advierte.

Además, comenta que los particulares y las inmobiliarias también pueden enfrentarse a multas. Por ejemplo, el Govern ha abierto 14 expedientes a las inmobiliarias por la comercialización de pisos turísticos ilegales. La suma de todas estas multas alcanza los 257.000 euros.