Agrupaciones de inquilinos, gestores políticos y profesionales relacionados con el ámbito de la vivienda han denunciado este jueves en Madrid lo que han considerado como una “nueva burbuja inmobiliaria” relacionada con el desorbitado incremento de los precios de los alquileres en las principales ciudades españolas. La mesa redonda ‘¿Qué está pasando en la ciudad? Vivienda, alquiler y democracia’ ha analizado el origen de esa burbuja y ha planteado posibles soluciones que, han coincidido, en todo caso están en manos de los gestores públicos.
La jornada, organizada por la Asociación Cultural Manuela Malasaña ha estado moderada por Marina Estévez, jefa de Economía de eldiario.es, que ha recordado alguna de las cifras que sustentan esa teoría de la burbuja de los alquileres. Ha mencionado, así, que el pasado año los precios de los alquileres se incrementaron hasta un 19% en ciudades como Madrid, que se han multiplicado los desahucios por impago de alquiler y que, por ejemplo, los mileuristas dedican de media un 75% de sus ingresos a pagar el alquiler.
Javier Gil, miembro del Sindicato de Inquilinas, ha rechazado la teoría que defiende que la subida de los precios de los alquileres se debe a una cuestión de mercado y ha asegurado que es “una burbuja inmobiliaria en toda regla que se ha generado políticamente”. Así, ha recalcado que el origen de la situación actual está en las políticas puestas en marcha por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy por promulgar la creación y crecimiento de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las conocidas como Socimis, así como por la normativa de arrendamientos urbanos que ha facilitado a los propietarios “expulsar” a los inquilinos en solo tres años firmando a continuación alquileres mucho más caros. Como medida inmediata ha planteado “dar estabilidad a los contratos y regular la subida de los precios de los alquileres”.
“Cada vez la población tiene más dificultades para pagar la vivienda”, ha defendido, antes de considerar que la situación es “insostenible” y asegurar que “se puede revertir” políticamente. A su juicio, las administraciones “tienen que declarar una situación de emergencia habitacional” y se debe impulsar una reforma de la ley de arrendamientos urbanos que corrija “la asimetría entre propietario e inquilino” y permita a lo segundos quedarse en las viviendas durante más años, manteniendo las rentas acordadas en sus contratos. A pesar de mostrarse compresivo con el hecho de que el de la vivienda sea un negocio, ha denunciado que, ante la situación actual “es un saqueo”.
Beatriz Corredor, exministra de vivienda y responsable del área del PSOE, ha argumentado que la subida de los alquileres se debe a que “ahora la mayoría de la gente no puede acceder a una hipoteca” para la compra de vivienda, en parte por el “empleo precario”, y opta por el alquiler. Pero como sigue habiendo “poca oferta” de viviendas en alquiler eso hace que se incrementen los precios. Además, ha criticado medidas puestas en marcha por el PP como la venta de viviendas sociales a fondos buitre, lo que ha calificado como una “barbaridad”.
A su juicio, “hace falta un mayor parque de viviendas en alquiler” pero también se debería “incentivar a los propietarios” a que alquilen sus casas con mayores deducciones fiscales que hagan que esos alquileres sean “más rentables”. La exministra ha reconocido que la responsabilidad de la situación actual es de las administraciones públicas, y ha defendido la propuesta de ley para reformar la normativa de arrendamientos urbanos presentada por los socialistas.
“Los problemas de vivienda y de especulación son la historia de las ciudades”, ha recordado, por su parte, Raquel Rodríguez, profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. “La situación actual no es casual sino fruto de las políticas de vivienda que se han puesto en marcha desde el franquismo con un doble objetivo: por un lado, garantizar el acceso de la población a la vivienda, pero, por otro, fomentar la construcción como motor económico”, ha señalado.
Así, Rodríguez ha explicado que ese segundo objetivo ha tenido que ver con el “efecto arrastre” que tiene la construcción sobre el resto de los sectores económicos que, en momentos de crisis, también afecta negativamente. A su juicio, que en el futuro se sigan generando las burbujas inmobiliarias tiene mucho que ver con que los ciudadanos, principalmente los propietarios que son también inversores, sean conscientes de su “responsabilidad” sobre el derecho a la vivienda. “Es un problema de todos los ciudadanos y de todos los partidos políticos, que deberían reflexionar al respecto”. Además, ha reivindicado una reforma de la ley de arrendamientos que garantice que el inquilino tiene “por lo menos los mismos derechos” que los propietarios y ha considerado que es necesario pensar cómo incrementar el parque de viviendas sociales.
Ante las alusiones de la mayoría de los intervinientes a los alquileres turísticos y a la influencia de estos en el incremento del precio del resto de los alquileres, Sergio Vinay, responsable de Políticas Públicas de Airbnb, ha querido insistir en que la responsabilidad del marco actual se debe a las políticas de las administraciones. Ha considerado, así, “prioritario” que se aborde la situación de los jóvenes, dado que el 40% está en riesgo de pobreza. Y también que se ponga en marcha una nueva política turística que trabaje en la “calidad turística” de otras zonas de las ciudades que hagan la demanda no se concentre únicamente en unos determinados barrios, lo que afecta directamente a la subida de los precios.
Partidario de la regulación, también se ha mostrado a favor de que los propietarios de viviendas se beneficien de “un turismo que no deja de crecer”.