La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones ANFAC ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern de las Islas Baleares, el cual está todavía en tramitación parlamentaria.
Esta norma, en avanzada fase de tramitación, incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel (coches y motos) que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea. A partir de 2035, se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad.
La Asociación entiende, en sus escritos dirigidos a estas autoridades, que estas medidas son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas”, “están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico” y suponen “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser “inéditas en toda Europa”.
La prohibición pretende “atajar un supuesto problema de calidad del aire”, asegura la denuncia, cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares. No puede ampararse así en la excepción de la protección del medio ambiente y la salud de las personas porque no concurren los requisitos necesarios.
ANFAC solicita a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además, se solicita al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.
Asimismo, la patronal del automóvil apunta que la prohibición contempla que se introducirán “excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma” que serían susceptibles de ser discriminatorias, en la medida que tratan de forma diferente a los vehículos de servicios públicos o a los radicados en las Islas Baleares con anterioridad.
“Es evidente así que las empresas y ciudadanos que no residan en las Islas no podrán, en términos generales, beneficiarse de esta excepción y circular con sus automóviles”, añade la denuncia. Tampoco los europeos propietarios de un vehículo diésel (a partir de 2025) o con motor de combustión (2035) podrán entrar con sus coches y circular libremente por las Islas a partir de estas fechas.
Efectos graves
La patronal del automóvil asegura que “pese a que restan aún seis años para la posible entrada en vigor de la prohibición, sus efectos graves se están haciendo notar ya. El anuncio de la tramitación del proyecto de Ley ha provocado que el mercado de venta de vehículos nuevos tenga un ritmo mucho menor en las islas Baleares, que tan solo ha crecido un 1,6% en 2018 frente a la media nacional, que lo ha hecho en un 7%”.
“Esta medida supone, en la práctica, una prohibición de compra de vehículos diésel desde su misma entrada en vigor porque nadie en esa Comunidad Autónoma va a adquirir un vehículo en medio de tal incertidumbre y menos aún un diésel nuevo sabiendo que a partir de enero de 2025, no va a poder circular”, denuncia.
Por otro lado, Anfac apunta que la futura normativa también “está afectando además al mercado de segunda mano, donde la comercialización de vehículos más modernos cae mientras que la venta de vehículos diésel antiguos, con más de 20 años, ha crecido un 14%” porque “nadie quiere invertir en vehículos nuevos o seminuevos ante la incertidumbre” de cuándo tendrán que prescindir de ellos.
“El golpe para el sector es durísimo mientras que el efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por los nuevos cada vez menos emisores”, detalla el escrito.
El Govern defiende su proyecto
Por su parte, el Govern balear dice que se “reafirma” en el contenido del proyecto de ley, que marca la reducción de las emisiones contaminantes en un 40% en 2020 y en un 90% en 2050. “La movilidad es una de las principales fuentes de contaminación y, por ello, la ley incluye medidas limitadoras para vehículos contaminantes”, han comentado fuentes del Ejecutivo autonómico a eldiario.es.
“Son medidas planificadas, no inmediatas, y planificadas de la manera menos perjudicial para la ciudadanía, porque afectan a la entrada de vehículos diésel y de gasolina a partir de 2025, en el primer caso, y de 2035, en el segundo caso, sin afectar a los vehículos ya existentes”, añaden estas fuentes.
El Govern sostiene que las medidas que incorpora la ley no están “aisladas”, sino que “van en la línea de lo que están decidiendo también los países de nuestro entorno”. Según el Ejecutivo autonómico, la ley que se está tramitando a nivel estatal fija 2040 como fecha para la limitación de los vehículos de combustión, mientras que otros países van más allá: Noruega, 2025; Escocia, 2032; Austria, 2020; Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Israel o India, 2030.