2021 ha sido un año loco en el mundo de la energía y, singularmente, en el mercado mayorista eléctrico. Tras 27 récords históricos desde julio, “megavatio” es candidata a palabra del año para la Fundación del Español Urgente (Fundeu), junto a “desabastecimiento”, “negacionista” o “variante”. Y las perspectivas para los precios de la electricidad en 2022 no son buenas.
A corto plazo, “nada tranquilizadoras”, decía en su última comparecencia parlamentaria la vicepresidenta Teresa Ribera. Justo antes de la Navidad, problemas en las centrales nucleares francesas y nuevos máximos en la cotización del gas natural llevaban a los futuros de la electricidad en España a marcar cotas nunca vistas: más de 400 euros por megavatio hora (MWh) para el primer trimestre y más de 300 euros MWh para el conjunto de 2022.
Por poner en contexto esas cifras, se estima que 2021 cerrará en unos 115 euros/MWh. El año que ahora acaba será, por amplia diferencia, el más caro hasta ahora. La media del pool en el periodo 2010-2020 fue de unos 50 euros. Y el anterior máximo, de 2018, fue de 64 euros.
2021 ha estado marcado también por una fuerte recuperación de los precios del petróleo, que durante la primera ola del coronavirus llegaron a cotizar en negativo por la paralización de la economía. Este año se han llegado a disparar un 50% en paralelo al despliegue de las vacunas y la rápida recuperación. Y en septiembre, el crudo Brent, de referencia para Europa, superó por primera vez en tres años la cota de los 80 dólares por barril.
La escalada se frenó a partir de octubre y la irrupción de la variante ómicron castigó luego la cotización de esta materia prima. Pero el repunte, unido a la depreciación del euro frente al dólar (la divisa de referencia en el mercado petrolero) ha tenido un claro reflejo en el precio de los carburantes. En noviembre, el litro de gasolina en España llegó situarse en 1,513 euros, a un céntimo del máximo histórico de 1,522 euros de septiembre de 2012.
En las últimas semanas, la gran preocupación ha estado en el gas, que en un año ha llegado a multiplicar su cotización por diez, con la consiguiente onda expansiva sobre la industria y el precio de la electricidad. La luz y los combustibles (en parte, por la forma de medir la evolución de la factura eléctrica del INE) han sido determinantes para que la inflación se haya disparado en España a su mayor tasa en tres décadas.
Y todo apunta a que a la mayor crisis energética en Europa en 40 años le quedan capítulos por escribir y a que su futuro dependerá en buena medida de los designios del presidente ruso, Vladimir Putin. Europa ha llegado al invierno con los almacenamientos en los niveles más bajos de la última década. Y Moscú utiliza la baza de ser el principal suministrador de gas a la UE en su pugna con Occidente. Como telón de fondo está la amenaza de una posible invasión de Ucrania y sus presiones para que Alemania autorice el gasoducto Nord Stream 2.
En España, paraíso europeo de las regasificadoras (que permiten descargar gas en barco), no hay un peso relevante de los suministros desde Rusia. Pero también está sufriendo por el contagio de los precios en el centro de Europa y su mayor dependencia del gas natural licuado (GNL), tras la decisión de Argelia de cerrar uno de los gasoductos que conectan ambos países en represalia contra Marruecos. La clausura de esa tubería alimentó las teorías de Vox sobre un gran apagón inminente que expertos y directivos del sector eléctrico consideran infundado.
Si en 2020 el mercado del gas sufrió el mayor shock de demanda de la historia por la pandemia, el año que ahora termina comenzó con un pequeño aperitivo de lo que vendría luego: la borrasca Filomena en España y un enero inusualmente frío en Asia, que ya puso de manifiesto tensiones en el mercado del gas, condicionado por el rápido rebote económico chino tras el primer zarpazo de la pandemia y el parón de la inversión en yacimientos e infraestructuras gasistas con la gran reclusión.
Después llegaron fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático que pusieron a prueba los sistemas eléctricos de Estados Unidos y Brasil: la tormenta Uri, en Texas, y una sequía histórica que drenó el maná hidroeléctrico del gigante suramericano. Y en mayo, el Gobierno estadounidense declaraba el estado de emergencia por un ciberataque a la mayor red de oleoductos del país.
En verano comenzó en España la sucesión de récords en el mercado mayorista de electricidad, impulsado por la subida del gas y de los derechos de emisión de CO2, cuya cotización se ha duplicado este año por la mayor ambición climática de la UE. La escalada llevó al Gobierno a aprobar, entre otras medidas, un proyecto de ley para recortar los ingresos extra de las centrales hidroeléctricas y nucleares por los derechos de emisión que, según ha reconocido este mes, no estará en vigor hasta el segundo semestre de 2022; y a plantearse en agosto por primera vez que una empresa pública asuma las concesiones hidroeléctricas caducadas.
Fue en agosto cuando la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estimaba que el precio del gas no alcanzaría los 60 euros/MWh a finales de diciembre. Este mes, la referencia TTF, la más utilizada en Europa, ha llegado a superar los 180 euros/MWh. Y por cada euro que sube el gas, se encarece otros dos el MWh eléctrico.
A partir de septiembre, con el mercado eléctrico ya fuera de control, el Ejecutivo reforzó las rebajas fiscales de la factura que va a prorrogar hasta abril, aumentó las coberturas el denominado bono social, aprobó una drástica rebaja de los cargos (parte regulada de la factura) e intervino el mercado mediante un mecanismo de minoración de los ingresos extra por la subida del gas. La medida soliviantó a las eléctricas y, tras una escalada de tensión con las empresas, el Ejecutivo acabó rectificando eximiendo del recorte a los contratos a largo plazo.
El Gobierno afirma que con las medidas adoptadas se va a cumplir la promesa de Pedro Sánchez de que los consumidores domésticos paguen por la luz en 2021, descontada la inflación, los mismos precios que en el año más caro hasta ahora, 2018.
Los cálculos del Ejecutivo parten de que se compara el precio final de la electricidad la media de los consumidores domésticos en 2018 frente al precio final esperado en 2021 para ese mismo consumidor representativo del mercado tomando como referencia los datos de precios de la electricidad de Eurostat. Para llegar a esta conclusión se ha hecho una previsión de que el precio del kilovatio hora en 2021 será de 0,2451 euros, cuando en 2018 llegó a los 0,2430 euros. Aunque el precio del kilovatio hora no se sabrá hasta marzo de 2022, cuando Eurostat ofrezca el dato, fuentes del mercado apuntan a que los cálculos del Gobierno son bastante bajos y el año terminará muy por encima.
Así el precio medio que van a pagar el conjunto de los consumidores en 2021 va a ser de 613 euros, teniendo en cuenta que el Gobierno calcula que la factura media final de 2021 sería de 696 euros y las medidas puestas en marcha (reducción de impuestos y cargos sobre la electricidad) restarían 84 euros. Para hacer la comparativa han calculado que la factura estimada de 2018 (608 euros) en términos reales, teniendo en cuenta una inflación de, 5,1% hasta 2021, es de 635 euros.
Aunque la promesa del Gobierno se pudiera cumplir para el conjunto de los ciudadanos (los clientes del mercado libre sí que habrán visto caer sus facturas por las medidas del Gobierno, ya que se suelen revisar anualmente), no se va a hacer realidad para los más de 10 millones de consumidores acogidos al precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Tradicionalmente esta tarifa ha sido la más competitiva que el conocido como mercado libre. En ella el precio de la energía se indexa al del llamado pool, un sistema que el Gobierno ha planteado modificar.
El consultor Francisco Valverde, de la comercializadora Menta Energía, estima que un consumidor medio en PVPC va a pagar en el conjunto de 2021 unos 939 euros, frente a los 784 euros de 2018, el año más caro hasta ahora. Calcula que sin las medidas del Gobierno, la cifra se habría disparado hasta unos 1.047 euros.
Un experto en el mundo energético vinculado a una de las mayores compañías del país, que pide el anonimato, se pregunta si la actual situación en los mercados energéticos no es “la nueva normalidad”, vinculada a “un mal gobierno de la transición energética”, que a su juicio está priorizando el medio ambiente sobre la economía y la seguridad del suministro. Y advierte de que estas subidas podrían no ser coyunturales.
“No estamos yendo al fondo de las cuestiones”, critica: “Los precios del CO2 se van a mantener al alza, por lo menos en Europa, porque forma parte de la política energética, con todo lo que eso conlleva”. La UE quiere ir “muy deprisa” en renovables cuando no hay todavía soluciones en almacenamiento. Y en gas y petróleo “no se está invirtiendo lo suficiente, porque están demonizados”, cuando, recuerda, los combustibles fósiles aportan todavía el 84% del mix energético global.
Otros observadores sostienen que los precios eléctricos de los últimos meses, que han llevado a resucitar la quema de carbón en algunos países para cubrir la demanda, pueden amenazar la transición energética y desincentivar la electrificación. La lectura del Gobierno es otra: la de que es necesario acelerar la transformación del sistema energético hacia las renovables, que desde hace tiempo son la fuente de generación más barata.
Además de revelar las contradicciones y costes que puede llevar aparejado el proceso de descarbonización en el que se ha embarcado la UE para combatir el cambio climático, el impacto de la espectacular escalada del gas ha puesto en el centro del debate al actual sistema de fijación de precios de la electricidad, en el que la tecnología más cara marca el precio que cobra el resto.
Sin éxito hasta ahora, España ha unido fuerzas ante la Comisión Europea junto a un grupo de países (Francia e Italia entre ellos) que representan más del 45% de la población europea para intentar cambiar ese sistema y desacoplar los precios del gas del pool. Porque el problema no es solo español. Como destacaba Ribera en su última comparecencia en el Congreso, hace unos días el precio medio del pool en diciembre alcanzaba en España ya los 253 euros/MWh, un nivel “horroroso” y con un impacto “tremendo” sobre familias y empresas, pero inferior al de Francia (306 euros), Italia (298 euros); Reino Unido (311) o Países Bajos (261).
“No estamos solos. Europa es compleja, va a su ritmo, a veces mucho más despacio de lo que nos gustaría”, según la ministra de Transición Ecológica, que cree que hay “mucho margen” para que la Comisión “dé respuestas” a esta situación.
En los últimos meses, varias voces se han alzado en España contra el actual sistema de formación de precios de la luz, que vienen criticando desde hace años diversos expertos y las asociaciones de consumidores: de la patronal siderúrgica Unesid a responsables de grandes empresas como el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, o académicos de distinto signo.
Hace unos días, se sumaba a ese coro el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), que abogaba en un informe por la retirada de las centrales nucleares y de las hidráulicas sin bombeo del mercado marginalista eléctrico para corregir las “claras disfunciones” de un sistema “en el que la demanda es muy rígida, la oferta está controlada por unos pocos grupos empresariales, la entrada al mercado de ofertantes no es libre y las tecnologías implicadas tienen características muy dispares”. Se da la circunstancia de que Ignacio Sánchez Galán y José Bogas, los dos principales ejecutivos de Iberdrola y Endesa, son ingenieros industriales.
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