Arturo Fernández podría acabar en un banquillo como su concuñado, amigo, y anterior presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. La deuda de más de tres millones de euros que el empresario generó en 2005, como informó el viernes eldiario.es, con la sociedad estatal Turespaña, puede tener orígenes delictivos. Según han relatado fuentes jurídicas a este medio, un juez ha reabierto la causa este mismo 13 de febrero para continuar con las investigaciones por la vía penal del caso.
La historia se remonta a 2003, cuando Fernández se quedó con la concesión de la cafetería del Palacio de Congresos de Madrid en un régimen de explotación que exigía un canon. Ya en 2005 comenzó a no atender a las facturas que le remitia la dirección del Palacio y la Abogacía del Estado entró a actuar. En aquel momento, no se vieron indicios suficientes de sospechas como para derivar el proceso por la vía penal y el caso se quedó en una reclamación administrativa. Sin embargo, en 2012, el juzgado número 15 de Madrid reabrió la causa porque la Fiscalía sospechaba que el empresario llevaba una doble contabilidad para evitar el pago de esta deuda.
El posible delito radica en que Fernández no lleva una contabilidad limpia de sus ingresos, con el fin de no tener que atender las obligaciones contraídas con Turespaña, que gestiona el edificio que forma parte de Patrimonio del Estado. Turespaña pidió un canon fijo de 1,2 millones de euros para los cuatro años de la contrata con un variable del 10% sobre la facturación anual. En total, el importe de adjudicación fue de casi 2,2 millones de euros, prácticamente toda la deuda que Fernández terminó por endosar al organismo, que se eleva hasta 2,7 millones de euros pero con los intereses de demora puede superar los 3 millones de euros. Esta adjudicación se la llevó la sociedad “Arturo Grupo Cantoblanco”.
Aunque el empresario madrileño, amigo del rey y de Esperanza Aguirre, llevaba con la concesión desde al menos 1997, aunque en diferente régimen de explotación y con otra de sus sociedades, no se entendió con los gestores y en 2008 la cafetería volvió a salir a concurso. En este caso se la llevó su amigo, rival y también vicepresidente de CEOE, Joan Gaspart.
Sin embargo, la reclamación administrativa siguió su curso y la deuda aparece reflejada en las últimas cuentas publicadas por la sociedad, las del ejercicio 2011, como adelantó hace días El Economista. La causa entró en la vía penal en 2012, casi siete años después de que se generara la deuda. Llama la atención de que coincide en el tiempo con la filtración de las informaciones de que el grupo Cantoblanco, con otra de sus sociedades, debía a la Seguridad Social más de 400.000 euros.
El juez reabre ahora la causa para que la Abogacía del Estado en nombre de Turespaña aclare si quiere personarse en el proceso.
Cabe recordar que el anterior presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, está en la cárcel por un posible delito de ocultación de bienes para no hacer frente a las deudas de sus acreedores tras la quiebra de sus empresas.