Rechazo unánime de las patronales de empresarios a la subida del salario mínimo a 1.000 euros al mes. El Comité Ejecutivo de la CEOE, celebrado este martes con carácter extraordinario para analizar el tema, ha rechazado por unanimindad la propuesta del Gobierno de elevar el SMI a esa cantidad desde el 1 de enero de este año. Si se sumaban los empresarios a un posible pacto, el Ejecutivo se abría a moderar el aumento este 2022 y abordar también el incremento para 2023, explican fuentes del diálogo social. Finalmente, la patronal ha dicho 'no' al Gobierno.
Los órganos de gobierno de CEOE y CEPYME han rechazado la medida, pese al crecimiento económico previsto para este año dado que consideran que el contexto económico está marcado por la “incertidumbre”. “En el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad”, indican las patronales en un comunicado.
La CEOE destina además una crítica al Ejecutivo en clave política. Dicen que el incremento “parece responder más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica”. La organización de empresarios ha recibido fuertes presiones, internas y externas en el último año, por pactar en numerosas ocasiones con el Gobierno de coalición. Por ejemplo, la reforma de pensiones y la laboral.
La asociación de autónomos ATA, parte de la patronal, había criticado esta mañana con dureza el alza del SMI, que en palabras de su presidente supone “un daño terrible a los autónomos y a las pequeñas empresas, ha afirmado Lorenzo Amor en un acto organizado por el Consejo General de Economistas.
El Ejecutivo pretende aumentar el salario mínimo 35 euros al mes, de los 965 euros actuales a los 1.000 euros al mes en 14 pagas, en línea con la senda intermedia recomendada del informe del comité de expertos sobre el SMI que encargó el Gobierno el año pasado. Se trata además de la cantidad que habían reclamado los sindicatos CCOO y UGT, por lo que los representantes de los trabajadores respaldarán el incremento. Según el gabinete económico de CCOO, el alza del SMI beneficiará a algo unas 1,8 millones de personas, de las cuales 1,5 millones trabajan a tiempo completo y “290.000 trabajan a tiempo parcial”.
Los empresarios argumentan que “una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”.
Critica por la subida a cuidadoras y empleadas de hogar
La CEOE ha sostenido que “la propuesta del Gobierno es inasumible para sectores especialmente vulnerables como el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etc.), que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo”.
“El SMI no está en las grandes empresas”, ha destacado Lorenzo Amor esta mañana, por lo que un salario mínimo de 1.000 euros al mes “es un planteamiento que daña aún más la situación de las pequeñas empresas y de los autónomos empleadores”. El líder de ATA ha reconocido que “el Gobierno tiene la capacidad de tomar esta decisión”, que solo debe consultar con los agentes sociales, pero ha indicado que subir los costes laborales en estos momentos supone “un daño terrible a los autónomos y a las pequeñas empresas”.
Amor ha destacado especialmente su crítica al aumento del salario mínimo por las repercusiones que tendrá en los empleadores de trabajadoras del hogar y cuidadoras. En su opinión, el incremento del SMI supone un daño también “para miles de pensionistas” que recurren a estos servicios en sus hogares.
“Luego que no nos extrañemos de un aumento de las jornadas parciales y empecemos a mandar cartas”, ha añadido Amor, en referencia a la campaña de la Inspección de Trabajo para evitar que haya empleadas del hogar con remuneraciones por debajo del salario mínimo legal.
Por último, las patronales se han referido en su comunicado sobre el SMI a su “disposición” a abordar con los sindicatos en el ámbito bipartito “la que debería ser la senda de actualización de los salarios razonable para los próximos años en el marco de las negociaciones del próximo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), que ofrezca tranquilidad a empresas y trabajadores y, en general, al país”.
La asociación ATA es la única de las más representativas (UATAE y UPTA) que defiende que se mantenga el actual sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos, por el que los trabajadores pueden elegir por cuánto cotizan, frente al compromiso del Gobierno de tranformar el sistema para que coticen en función de sus “ingresos reales” (rendimientos netos). Se trata también de una recomendación del Pacto de Toledo, que suscribió la gran mayoría del Parlamento.
El Ministerio de la Seguridad Social está negociando la transformación del sistema con los colectivos de autónomos y los agentes sociales, con varias reclamaciones de las organizaciones progresistas y un rechazo frontal por parte de ATA. El ministro José Luis Escrivá ha asegurado que dos tercios de los trabajadores pagarán los mismo o menos que ahora, mientras que otro tercio cotizará más dado que tiene ganancias por encima de la base mínima por la que cotiza ahora la inmensa mayoría del colectivo.
El líder de ATA ha apuntado este martes que tendría que haber un giro de “180 grados” para que los empresarios y su asociación respalden este nuevo sistema planteado por el Ejecutivo, y ha advertido de que según sus cálculos hay más trabajadores que pagarán más a la Seguridad Social.
Lorenzo Amor ha aceptado que se aumente la base mínima de cotización en los próximos años, y por tanto las cuotas que pagan los autónomos, para adecuarse al salario mínimo de los asalariados. La razón: que los autónomos perciben la misma pensión mínima que los asalariados pese a que cotizan menos al sistema, lo que ha considerado injusto.
Sin embargo, también ha defendido que los autónomos que tienen pérdidas o “ingresos cero” tengan “cuota cero” a la Seguridad Social. Preguntado sobre si no cotizar implicaría la desprotección social de estos trabajadores( sin prestaciones por enfermedad o permiso de maternidad, por ejemplo), Lorenzo Amor ha sostenido que no. En su opinión, el Estado podría pagar la cotización de estos autónomos con dinero público, a través de bonificaciones, y que mantuvieran su derecho a prestaciones sociales pese a que no aportaran al sistema.