El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado este jueves al primer representante de Iberdrola que va a tener que declarar ante esa instancia tras aceptar este juez en mayo pasado la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra la compañía por el ‘tarifazo’ eléctrico de finales de 2013.
El jueves debe comparecer ante el juez Francisco de Borja García Ruiz, directivo del área jurídica de Iberdrola, que no está imputado en el caso. Preguntada por este asunto, la eléctrica señala que “se trata de la fase de diligencias previas”. García comparece como persona física representante de Iberdrola Generación España, la filial contra la que iba dirigida la denuncia de Anticorrupción.
García trabajaba en 2013 en los servicios jurídicos del área de Desarrollo Corporativo de la eléctrica y es el actual secretario del consejo de administración de Iberdrola Ingeniería, una de las filiales de la multinacional que tiene en su máximo órgano de gestión al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Según la denuncia del fiscal Antonio Romeral, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013, en plena ola de frío, “Iberdrola, con la finalidad de lucrarse ilícitamente ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”.
Causa compleja
En la causa está personada como acusación particular la asociación de consumidores Facua y fue declarada compleja por el juez el pasado 3 de octubre, como avanzó la Cadena Ser. La decisión supone ampliar 18 meses la investigación contra los directivos y empleados de Iberdrola. Se adoptó a petición de Anticorrupción dadas las numerosas actuaciones pendientes, incluyendo el análisis de la documentación incautada en las sedes de la eléctrica en Madrid y Bilbao registradas el pasado 10 de mayo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La primera eléctrica española, primera compañía del sector investigada por los tribunales penales en España, está acusada por la Fiscalía de obtener “un lucro ilícito de 20 millones” con esa manipulación de precios y de un “delito contra el mercado y los consumidores del artículo 281 del Código Penal”. Este artículo castiga con penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses al que “detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores”.
Por estos mismos hechos, Iberdrola ya fue multada el 24 de noviembre de 2015 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que apreció una infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico. Iberdrola recurrió la sanción ante la Audiencia Nacional y logró suspender la ejecución de la multa, que fue de 25 millones de euros.
En sus cuentas de 2016, Iberdrola dice que “considera que su actuación fue siempre correcta y ajustada a Derecho por lo que no ha dotado provisión alguna en el ejercicio”.
Esa práctica fraudulenta tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador, que cifró el beneficio para la empresa en 21,5 millones con un “artificio”, en expresión de la Fiscalía, que coincidió con un contexto de escalada de precios en el denominado 'pool' eléctrico.
El repunte forzó la anulación de la subasta trimestral (Cesur) con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica, que fue sustituida por el sistema actual, basado en el precio horario del mercado (PVPC). El pasado lunes, este precio regulado marcó el precio más elevado de este año. En un día de escasa demanda, la baja producción hidroeléctrica derivada de la sequía obligó a utilizar producción de centrales de gas y carbón (las más caras) con un algoritmo de ajuste que disparó los precios, un hecho “excepcional y puntual”, según el Gobierno, que la CNMC dice que analiza “con atención”.
La práctica que investiga la Audiencia Nacional consistió en elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.
En circunstancias normales, la generación hidroeléctrica (cero coste variable) coloca toda su producción en el mercado mayorista de electricidad porque oferta a precios muy bajos, aunque acabe cobrando el precio que marca la última central que permite casar oferta y demanda. Iberdrola es líder destacado en hidroeléctrica en España, con en torno al 40% de la producción de esta tecnología en 2013. Las centrales de Duero, Sil y Tajo suponen el 50% de la potencia hidráulica de España y el 86% de la de Iberdrola.