Una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano de fiscalización del Ministerio de Hacienda, revela el descontrol de adjudicaciones en Correos, la mayor empresa pública de España, durante la etapa de Mariano Rajoy y, en concreto, en el ejercicio 2016.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento y Operativa de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, al que ha tenido acceso elDiario.es, detecta “incumplimientos graves” de la normativa de contratación en una muestra de 36 contratos adjudicados por Correos en 2016.
La revisión, incluida en el Plan de Auditoría de 2017, es un documento con más de cien páginas, que firman dos auditores del Estado, que recomiendan a Correos “una reforma en los sistemas de gestión y control de la Sociedad ya que se han detectado incumplimientos graves en la muestra analizada”.
La lista de incumplimientos es larga: “inclusión de cláusulas contrarias a la legislación española”, “vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación” de los licitadores, “modificando los porcentajes de los criterios técnicos y económicos regulados como normales en las instrucciones”; “ausencia de motivación suficiente” de las adjudicaciones, “cláusulas discriminatorias” en los pliegos, “confundiéndose criterios de valoración con criterios de solvencia”...
La IGAE critica asimismo el “establecimiento de criterios de valoración vagos e imprecisos que fomentan y potencian la discrecionalidad en la adjudicación”; la “denegación al acceso de expedientes a los licitadores previo a la interposición del oportuno recurso” ante los tribunales administrativos; la “vulneración del principio de transparencia” al no justificar debidamente las excepciones que establecen las Instrucciones de contratación; inexistencia de “parámetros o coeficientes que permitan determinar la forma de evaluación o valoración de las mejoras por terceros, quedando al completo arbitrio de los técnicos que las estiman”...
También “se ha observado que en algunos contratos se tramitan prórrogas una vez concluidos los plazos de ejecución de los mismos”.
En el caso de los Acuerdos Marco de contratación, estos se adjudican “sin cobertura legal suficiente”. Y la existencia de cláusulas discriminatorias en los pliegos es uno de los aspectos “más vulnerables”, al modificarse los objetos e incluir variables nuevas durante el procedimiento.
La “deficiente gestión y redacción de los pliegos” es “una de las mayores debilidades del proceso contractual” y algo “que va a condicionar no solo la adjudicación, sino toda la ejecución del contrato”, advierte la IGAE, que ha sido designada como la Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Plan de Reconstrucción que acaba de presentar el Gobierno.
Criterios “vagos e imprecisos”
Otros aspectos detectados en los Acuerdos de Marco son el “establecimiento de criterios de valoración vagos e imprecisos que fomentan y potencian la discrecionalidad en la adjudicación”; “incumplimiento de los principios de transparencia, de igualdad de trato y de no discriminación, al modificar los objetos del contrato”; “ausencia de motivación suficiente en los acuerdos de adjudicación al dictarse por órgano incompetente”, la propia Correos, y no la Dirección General de Racionalización de la Contratación del Ministerio de Hacienda. Es “un error sistémico en la falta de competencia en la adjudicación de los contratos, hecho que da lugar a la nulidad de los mismos”.
Ante este panorama, el documento advierte de “la necesidad de racionalizar y mejorar la gestión, ya que se han identificado incumplimientos y situaciones de malas prácticas en la misma que impiden garantizar que se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”.
Esto “hace necesario una mejora en la gestión presupuestaria y control de la contratación, así como una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.
“En consecuencia, se considera necesario mejorar el sistema de determinación de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, debiendo ser estas determinadas con precisión por parte de los órganos rectores de la Sociedad, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”.
“Asimismo, se considera necesario reforzar los mecanismos de control sobre los procedimientos de gestión contractual. Por último, se ha de velar por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favoreciéndose la agilización de trámites en la organización”.
Situación financiera
El informe también analiza la situación financiera de la compañía, que este martes anunciaba la vuelta a los beneficios en el primer trimestre (4,7 millones) frente a las pérdidas de 30,3 millones que se anotó en el mismo periodo de 2020, tras el “complejo” ejercicio 2020 en el que la pandemia aceleró el desplome del negocio postal, que supone el 65% de sus ingresos de Correos, con una caída de 560 millones de cartas menos que en 2019.
La IGAE advierte del corsé que supone la dependencia de las asignaciones del Estado para cubrir el Servicio Postal Universal (SPU), situación que “puede verse agravada” por el expediente que la Comisión Europea abrió a la empresa estatal en 2016 y por el que acabaría obligándole a devolver 167 millones en 2018 por ayudas públicas ilegales y exenciones fiscales incompatibles con las normas europeas que fueron concedidas por la prestación del servicio postal universal obligatorio entre 2004 y 2010.
En el ejercicio analizado por el informe de la IGAE, la empresa postal celebró su 300 aniversario con las mayores pérdidas registradas hasta entonces por los recortes de la asignación del Ministerio de Fomento para prestar servicio en todos los rincones del país. Su máximo responsable entonces era Javier Cuesta, nombrado en 2012. Cuesta fue el directivo del sector público que más cobró durante los años de Rajoy en Moncloa. Recibió cerca de 1,2 millones de euros de sueldo acumulado.