Un mercado tensionado, donde gran parte de la población no puede pagar los precios que se exigen, hay un alto número de casas vacías y un volumen de inmuebles convertidos en apartamentos turísticos. El problema de la vivienda se repite en distintos puntos del planeta, especialmente en grandes ciudades, con las mismas características. Sin embargo, también hay soluciones que se van replicando en diferentes países. Una de ellas, poner trabas o, incluso, prohibir, la compra de casas por inversores extranjeros que, sobre todo, buscan la rentabilidad como si se tratase de activos financieros.
Uno de los últimos movimientos llega de las antípodas. El gobierno australiano ha decidido incrementar las tasas que tienen que pagar los inversores foráneos que compran pisos y casas en ese país. En concreto, va a implementar a estos propietarios “tasas más altas para la compra de viviendas” ya existentes y “sanciones para quienes dejen propiedades desocupadas”, según ha comunicado este pasado fin de semana el responsable del Tesoro del gobierno australiano, Jim Chalmers.
En cambio, bajará esas tasas cuando se trate de inversores que quieren invertir en viviendas que se destinen al alquiler social. “Estos ajustes tienen como objetivo garantizar que la inversión extranjera se alinee con la agenda del Gobierno para aumentar la oferta nacional de viviendas asequibles”, aseguró el ministro laborista a través de un comunicado.
Actualmente, los extranjeros pueden comprar viviendas en Australia y, también, se les permite pagar un tipo de tasa para mantener sus casas vacías en caso de que no estén viviendo en ellas y quieran dejarlas fuera del mercado del alquiler. Una política que cambiará a partir del próximo año.
Esta nueva estrategia busca frenar los precios en un país que lleva tiempo tensionado. En ciudades como Brisbane, Adelaida o Perth, la vivienda en propiedad se ha encarecido más de un 15% en el último año, mientras en Sydney, la subida supera el 7,5%. En el alquiler no es mejor, con incrementos de rentas que en las principales ciudades rondan el 10%.
De momento, Australia habla de subidas de tasas y de penalizar a aquellos inversores que compren y dejen sus casas sin habitar, pero en otros países se ha ido un paso más allá. Uno de ellos, Nueva Zelanda, que prohibió la compra por extranjeros hace cinco años, con Jacinda Ardern como primera ministra.
Ese mismo paso lo ha dado, este año, Canadá. El Ejecutivo de Justin Trudeau vetó en enero la compra de viviendas por inversores foráneos, pero de forma temporal, durante dos ejercicios. De nuevo, para intentar que baje la presión inmobiliaria.
De momento, los precios y la demanda ya apuntan a una bajada en ese mercado norteamericano, en un contexto con tipos de interés al alza en los últimos meses, hasta alcanzar el 5%. Para el próximo año, la entidad financiera Toronto-Dominion Bank apunta a una caída de precios de la vivienda en el entorno del 10% que, sobre todo, está relacionada con las tensiones en el mercado hipotecario.
Más cerca de España, Andorra también ha vetado temporalmente la compra de casas por extranjeros para evitar la especulación en un Estado que no llega a los 85.000 habitantes. En este caso, la idea del Gobierno pasaba por mantener la limitación hasta que esté en marcha un impuesto específico para este tipo de inversores, cuyos ingresos se destinarán a aumentar el parque de viviendas en alquiler asequible.
Prohibir la compra de vivienda en territorio de la Unión Europea no es tan sencillo, aunque hay excepciones. Por ejemplo, las islas Åland, en Finlandia, donde la falta de suelo llevó a garantizar el acceso a la vivienda solo a los ciudadanos nativos de ese territorio. Un modelo que se planteó seguir en la anterior legislatura en Illes Balears.
Las restricciones finlandesas no son las únicas. En Dinamarca, como regla general, cualquier extranjero que quiera comprar una vivienda tiene que tener la residencia o haber vivido en ese país durante cinco años seguidos y el Ministerio de Justicia tiene que otorgar un permiso. Sin embargo, hay excepciones para los ciudadanos de la UE que se otorgan en determinadas circunstancias, que el Ministerio danés no explica en su web. Y en Malta también se requieren permisos. Por un lado, para comprar si no se ha vivido cinco años en el archipiélago, se sea o no maltés. Y, “las personas que no sean ciudadanos de un Estado miembro [de la UE] no podrán adquirir ningún bien inmuebles a menos que se les conceda un permiso” en virtud de la legislación maltesa.
Al margen de la compra en sí de inmuebles por parte de grandes o de pequeños inversores internacionales están las golden visa, la concesión de permisos de residencia a cambio de realizar inversiones, por ejemplo, en pisos y casas.
Portugal eliminó las golden visa a principios de año, al mismo tiempo que limitó las opciones para poner en marcha apartamentos turísticos. En Portugal, como España, la concesión de este tipo de privilegios ligados a la inversión se pusieron en marcha después de la crisis financiera de 2008, en un intento de revitalizar el ladrillo y atraer capitales. En España, el permiso de residencia está ligado a la compra de inmuebles por un valor que supere los 500.000 euros. También, a la adquisición de deuda pública por más de 2 millones de euros; o más de un millón, en el caso de los depósitos bancarios o acciones de empresas.
De momento, el mecanismo de concesión del golden visa en España sigue activo, aunque con limitaciones para los ciudadanos rusos, impuestas tras la invasión de Ucrania.
“Hace algo más de una década, las transacciones llevadas a cabo por extranjeros, en España, representaban tan sólo el 6,75% del total, mientras que en el segundo trimestre de 2023 este porcentaje se ha situado en el 19,7%, lo que da cuenta de su incremento en el transcurso de los últimos diez años”, explica el último Observatorio de Vivienda y Suelo publicado por el, hasta hace unas semanas, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De los 33.718 inmuebles que adquirieron personas extranjeras en el segundo trimestre de 2023 -los últimos datos disponibles- más del 45% los compraron no residentes.
Quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de eliminar este tipo de concesiones para inversores es la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz. “Hay que acabar con las golden visa”, aseguró Díaz durante su intervención en el Congreso en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Colocó su eliminación en el mismo nivel de otras prioridades en materia de vivienda, como limitar los alquileres por temporada o poner en marcha un parque público en alquiler asequible que llegue a ser el 20% del total. Sin embargo, su eliminación no está dentro del acuerdo de Gobierno sellado por Sumar y PSOE.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.