La aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) supuso un hito en las políticas contra la pobreza en España, pero podría quedar deslucido –entre otros motivos– por la actuación de algunas Comunidades Autónomas. Cada Autonomía tenía ya su propia renta mínima dirigida a personas de muy escasos recursos y ahora llega la prueba del encaje de estas ayudas con la nueva la renta estatal. Las reacciones de los gobiernos regionales está siendo diferente: desde la suspensión de las rentas mínimas de inserción a algunas familias en la Comunidad de Madrid denunciados por varias ONG y que se han justificado como “errores”, pasando por el archivo de todas las peticiones pendientes de la renta mínima de Castilla-La Mancha, hasta el incremento de la cuantía de la Renta Social Garantizada (RESOGA) de Baleares para equipararla a los umbrales del ingreso mínimo vital.
Aunque estamos ante los primeros pasos de la adaptación de ambos sistemas de protección social, el estatal y el autonómico, ya hay varias respuestas de gobiernos regionales que inquietan a las ONG especializadas en la lucha contra la pobreza. Los colectivos sociales y los investigadores en la materia insisten en el “peligro” de que lo que ha sido un avance en las políticas públicas contra la exclusión social a nivel estatal, el establecimiento de un “suelo” mínimo de renta garantizada en todo el país, quede finalmente diluido si las Comunidades Autónomas retiran el dinero que invertían hasta el momento en sus rentas mínimas. Piden que no se ganen fondos por un lado, pero se pierdan por otro.
Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, Graciela Malgesini, recuerda a las Comunidades Autónomas que son las que ostentan la competencia de asistencia social, por lo que exige que los Gobiernos regionales no mermen los fondos que han destinado hasta ahora para la población más vulnerable. “Reclamamos firmemente que ese dinero dedicado al capitulo social no se vayan a otras partidas y que sirva para complementar al IMV por ejemplo en temas de vivienda o en otros aspectos que la CCAA decidan según las características sociales de las personas que viven ahí”. El problema de pobreza y exclusión no está ni mucho menos resuelto, con niveles medios que colocan a España a la cabeza de Europa, y con grandes diferencias entre Comunidades.
El ingreso mínimo vital no resolverá por sí solo la magnitud de la pobreza en España, ya que se dirige a los hogares en situación más vulnerable, en situación de pobreza muy severa. Las organizaciones sociales recuerdan además que la pandemia no es un momento para reducir la inversión en protección social. ya que la pobreza previsiblemente aumentará debido esta nueva crisis. España enfrenta esta emergencia sanitaria con una enorme 'bolsa' de población muy precaria que puede empeorar muy rápido su situación: la mitad de los ciudadanos aseguran que tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes.
A continuación, repasamos qué están haciendo los gobiernos de cada Comunidad Autónoma con sus rentas mínimas tras la aprobación del ingreso mínimo vital.
Galicia
La Renta de Inclusión Social de Galicia, conocida como RISGA, fue una de las primeras rentas mínimas en aprobarse en España, en octubre de 1991, impulsada en su día por el presidente Manuel Fraga Iribarne, del PP. La ley que rige la renta autonómica, de la que se beneficiaban más de 10.000 familias antes de la aprobación del IMV, no permite compatibilizarla con otros ingresos o ayudas similares. Así, cualquier receptor de la RISGA que se quiera apuntar al IMV tendrá que elegir entre una de las dos prestaciones, informa Gonzalo Cortizo.
Tras el anuncio por parte del Gobierno de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, la Xunta dirigida por Alberto Núñez Feijóo (PP) ha estado insistiendo en reclamar la gestión de la renta estatal en Galicia. De hacerlo, la Xunta tendría margen para recentralizar un servicio que se prestaba con cargo a los fondos autonómicos, al gestionar las concesiones de acuerdo con sus criterios. En la EAPN son escépticos ante las peticiones de las CCAA de gestionar el IMV y temen que la iniciativa, que parte de la intención equiparar la protección social de los ciudadanos en el país, “acaba generando nuevas diferencias”, recela Graciela Malgesini.
Aunque ya se está produciendo el traspaso de beneficiarios de la RISGA al ingreso mínimo vital, Feijóo aseguró a comienzos de octubre que la Xunta está atendiendo a unas “20.000 personas más” en el ámbito de la inclusión social respecto a la situación previa al coronavirus, debido a aumentos en las solicitudes de la RISGA, pero también a la creación de una tarjeta familiar para comprar alimentos y a otros recursos de inclusión.
Asturias
La Comunidad cuenta con el “Salario Social Básico” (SSB) desde el año 2005, que recibían unos 22.300 hogares antes de la llegada del IMV. La ayuda tiene un carácter “subsidiario” a otras prestaciones similares, por lo que todos aquellos beneficiarios de la ayuda menores de 65 años están obligados a solicitar el ingreso mínimo vital. Los hogares saldrán beneficiados, ya que las rentas garantizadas del IMV son superiores a las del SSB, con mejoras que van desde los 13 a los 275 euros al mes según el tipo de hogar. El Gobierno que dirige el socialista Adrián Barbón ha colgado bastante información en su web sobre la adaptación de la ayuda autonómica a la estatal, con varias guías al respecto.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar fue reuniendo de oficio el consentimiento de muchos de sus beneficiarios (14.700) para traspasar sus datos a la Seguridad Social en septiembre y que se agilizara la tramitación del ingreso estatal, aunque cualquier interesado podía pedirlo por su cuenta. Si una persona que recibe el SSB no da su consentimiento ni tramita por su cuenta el ingreso mínimo vital, recibirá un requerimiento formal de la Comunidad “para que en el plazo de 3 meses preste su consentimiento o solicite el IMV” y, si no acredita haber hecho ninguna de las dos, “podrá ver suspendido el cobro del SSB”.
Asturias apuesta por centrar su SSB en las personas que no tienen derecho al ingreso mínimo vital, con dos colectivos que destacan de manera automática que sí entran en los supuestos de la ayuda regional, pero no de la estatal: “Vivir solo y tener más de 65 años” y “llevar conviviendo entre 6 meses y un año con el resto de personas de su unidad de convivencia”.
Cantabria
En Cantabria, presidida por Miguel Ángel Revilla, los beneficiarios de la Renta Social Básica (RSB) están obligados a presentar la solicitud del ingreso mínimo vital, al tratarse de una renta subsidiaria, es decir, que solo se puede pedir si se deniegan otras ayudas del mismo carácter. Así todo, la Consejería de Política Social sigue tramitando la RSB como lo hacía hasta la aprobación del IMV y no ha cambiado ningún requisito, salvo que ahora hay que presentar una copia de la solicitud de la renta mínima estatal, informa Rubén Alonso. El mes de junio se produjo el pico con más beneficiarios de la RSB cántabra, con 5.998, y en los meses sucesivos el número ha ido decreciendo hasta situarse en cifras similares a las de comienzos de año, algo menos 5.400, según explican en el Ejecutivo regional.
Como la tramitación de este último está siendo lenta, Cantabria gestiona la RSB para no dejar desprotegidas a esas personas hasta que se resuelva si tienen derecho o no al IMV. En el momento en el que se les reconoce el derecho al IMV dejan de cobrar la RSB, salvo que la cuantía del primero sea inferior a lo que cobraban por derecho en la segunda. En tal caso, cobrarían la diferencia de la RSB, porque además de subsidiaria es complementaria. El Gobierno cántabro ha anunciado además que este mes de octubre aprobará una ayuda extraordinaria de 130.000 euros para reforzar la atención a familias vulnerables afectadas por la crisis de la COVID-19.
Euskadi
En el caso vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (conocida como RGI) suele ser destacada como un buen ejemplo en la lucha contra la pobreza entre las rentas autonómicas previas al ingreso estatal, tanto por su cuantía como por registrar el mayor alcance sobre las personas en riesgo de pobreza. En Euskadi hay 54.933 titulares de la RGI, según explican en el Gobierno vasco a este medio, de los que 12.986 son pensionistas que reciben complementos, 15.475 perceptores son extranjeros y 9.071 corresponden a familias monoparentales, informa Iker Rioja.
El acuerdo político entre el PNV y el Gobierno de España fue que Euskadi (y también Navarra) gestionara esta nueva prestación, pero que el Estado cubriera financieramente la parte correspondiente al IMV como en cualquier Comunidad Autónoma y que Euskadi atendiera las coberturas adicionales que se pudieran prever. En casi todos los supuestos, la RGI es más elevada que el ingreso mínimo vital. A falta de la transferencia definitiva de la gestión, desde el 1 de septiembre es efectiva una “encomienda de gestión” por la cual Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) ya tramita el IMV junto a la RGI.
Desde ese momento, apenas 296 personas han solicitado la nueva prestación. Algunas fuentes apuntan a 10.000 solicitudes recibidas directamente en la Seguridad Social desde Euskadi antes del cambio de gestor. No obstante, desde el Gobierno vasco apuntan que la mayoría quedaría cubierta por la RGI por lo que no creen que haya una gran bolsa de solicitantes sin haber cobrado las ayudas. Lanbide, que cuenta con una plantilla de 938 efectivos, ha reforzado su estructura con un centenar de personas de apoyo para “agilizar” todos los trámites, según el Gobierno.
Navarra
En Navarra la gestión del ingreso mínimo vital también se va a transferir al Gobierno foral, dirigido por la socialista María Chivite, en principio se debería formalizar este mismo mes de octubre. La Comunidad cuenta desde 2016 con un sistema propio de Renta Garantizada que da cobertura a más familias de aquellas a las que alcanzaría el IMV y con mayor cuantía económica. Al igual que en Euskadi, es de las rentas autonómicas más garantista. De las alrededor de 14.000 unidades familiares que cobran en Navarra la Renta Garantizada, unas 5.000 cumplen los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital, por lo que el Gobierno foral ya ha iniciado los trámites previstos con la Seguridad Social para que estas familias pasen a cobrar el IMV, informa Rodrigo Saiz.
Así, si los beneficiarios tenían una Renta Garantizada superior al IMV, recibirán un complemento hasta cobrar lo que vienen percibiendo hasta ahora. Cuando alguien solicita la prestación, automáticamente se le deriva a la Renta Garantizada, luego el Departamento de Derechos Sociales es quien se encarga de ver si parte de la Renta la puede pagar el Estado porque cumple también los requisitos del IMV.
La Rioja
La Rioja, gobernada por la socialista Concha Andreu Rodríguez, cuenta con la Renta de Ciudadanía de la Rioja, que es compatible con la nueva ayuda del ingreso mínimo vital. “La Renta de Ciudadanía que se seguirá manteniendo para quienes no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital, como son las personas de 18 años que han estado bajo la tutela del Gobierno de La Rioja, huérfanos/as de padre y madre, menores de 23 años que hayan vivido de forma independiente al menos durante dos años, mayores de 65 años hasta la percepción de una pensión no contributiva, mujeres embarazadas en situación de riesgo social menores de 23 años y solicitantes de asilo y refugio que no cumplan con el año de residencia legal en España”, explica el Gobierno regional.
elDiario.es ha preguntado a la Consejería de Servicios Sociales y Ciudadanía información sobre el número de beneficiarios de esta renta mínima y de el encaje con la nueva ayuda estatal, pero al cierre de este artículo no ha obtenido respuesta. Las últimas cifras publicadas por medios regionales apuntan que 2.413 hogares percibían la Renta de Ciudadanía antes de la pandemia. Hasta el pasado viernes, la Seguridad Social había reconocido el IMV a 855 hogares en la Comunidad.
Aragón
Aragón reguló a finales de junio mediante decreto la conversión de su renta mínima el IAI (Ingreso Aragonés de Inserción) en la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, para adaptarse a la renta mínima estatal. Esta es subsidiaria, es decir, que los beneficiarios de la IAI deben pedir en primer lugar el IMV, para lo que tienen un plazo hasta el 15 de septiembre. En caso de que la cuantía que les corresponda sea inferior a la que percibían con el IAI, “se les abonará un complemento por la diferencia”, recoge la normativa. El Gobierno de Francisco Javier Lambán (PSOE), especifica en la norma que “los actuales titulares del Ingreso Aragonés de Inserción van a continuar percibiéndolo en tanto no se resuelvan sus solicitudes de IMV”, para que no se produzcan situaciones de desprotección por falta de ingresos.
La Prestación Complementaria, que sigue en su cuantía los umbrales fijados por el ingreso mínimo vital, pretende beneficiar además a “las personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad económica, no cumplan todos los requisitos para ser titulares del IMV”, para lo que está pendiente un desarrollo reglamentario. En cualquier caso, el decreto ya establece a dos colectivos de beneficiarios: las personas de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo la guarda o tutela de la Entidad Pública como medida protectora en programas de emancipación y las personas sin hogar en programas de promoción e inclusión social, “que figuren empadronados en la fecha de solicitud y acrediten una antigüedad en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón por un tiempo igual o superior a 1 año de los 3 últimos años”.
En septiembre, había 6.468 perceptores del IAI y 2.509 de las ayudas de integración familiar, que también deben transitar al IMV. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Inclusión, 3.417 tienen ya aprobado el ingreso mínimo vital del total de 23.547 hogares aragoneses que han solicitado. Se han rechazado 5.120 y otras 733 se han depurado porque estaban duplicadas o vacías, informa Candela Canales.
Catalunya
La prestación del Estado avanza en Catalunya a marchas muy forzadas por falta de capacidad administrativa para tramitar las solicitudes, según denuncian los sindicatos, y por la descoordinación entre la Administración central y la Generalitat, que mantiene desde 2017 su Renta Garantizada de Ciudadanía. Esta, que alcanza los 664 euros al mes, ha pasado a ser complementaria del IMV, informa Pau Rodríguez. Hasta el pasado viernes, 10.067 hogares catalanes ya tienen aprobado la renta estatal, según las últimas cifras territorializadas difundidas por el Ministerio de Inclusión.
A la espera de aprobar un protocolo común entre ambas administraciones, la Generalitat trató de aprobar un decreto en agosto para adaptar su renta a la nueva realidad. Sin embargo, la oposición en pleno lo tumbó al sospechar que el nuevo marco legal podía dejar a las familias sin recibir la Renta Garantizada mientras se resolvía el trámite del IMV, un extremo que desde el Departamento de Asuntos Sociales niegan que fuese a pasar.
A todo ello hay que añadir que el principal temor de los sindicatos y entidades sociales es que las familias que reciben ahora los importes máximos de la RGC obtengan el IMV dentro de varios meses –porque es la prestación base– y tengan que devolver parte de la primera. “Si el INSS les reconoce ese derecho tres meses más tarde, entrarán en cobros indebidos de la RGC y, por lo tanto, la Generalitat les tendrá que requerir que los devuelvan”, valoran fuentes del Ejecutivo catalán. Pero las entidades advierten que esto puede ser un problema para familias que viven al día y que muy probablemente ya se hayan gastado esos ingresos. En cualquier caso, el Gobierno central aprobó que el IMV se pagará con efectos retroactivos desde el 1 de junio a todas las solicitudes registradas hasta final de año para compensar los retrasos en su tramitación.
Castilla y León
Castilla y León, gobernada por PP y Ciudadanos, tiene su Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que tiene carácter subsidiario y que además es incompatible con la percepción del IMV. El Ejecutivo autonómico mandó cartas a los beneficiarios de la renta mínima regional en julio en las que les daba un mes para solicitar la nueva renta estatal o les retiraba la ayuda. Ahora, ha iniciado la tramitación de una Ley con carácter de urgencia para modificar la normativa actual, “con el fin de permitir que aquellos beneficiarios de RGC a quienes se les reconozca el Ingreso Mínimo Vital por un importe inferior a lo que percibían de RGC puedan compatibilizar ambas prestaciones siempre que cumplan con el resto de los requisitos exigidos en la normativa reguladora de esta prestación”, explica la Junta.
El borrador del anteproyecto se publicó en Gobierno Abierto el pasado 9 de agosto, pero hasta que se apruebe definitivamente por las Cortes de Castilla y León y permita compatibilizar la percepción de ambas prestaciones, la Junta ha suspendido la RGC a las unidades familiares a las que se ha reconocido el ingreso mínimo vital. El Gobierno autonómico dirigido por Alfonso Fernández Mañueco ha concedido no obstante algunas subvenciones directas para compensar caídas de ingresos en estos hogares vulnerables. Hasta el 24 de septiembre, se había compensado a 68 familias. Los datos del Ministerio de Inclusión apuntan que hasta la semana pasada se había reconocido el IMV a 6.660 hogares en la Comunidad. En la nómina del mes de julio recibieron la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunidad 9.184 familias.
Comunidad de Madrid
En la Comunidad de Madrid, los usuarios de su Renta Mínima de Inserción (RMI) están obligados a solicitar el ingreso mínimo vital “puesto que la Ley que regula la RMI establece que dicha prestación es subsidiaria del resto de prestaciones del Estado”, recuerdan desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia. La Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, al frente del Gobierno de PP y Ciudadanos, deja en suspenso las solicitudes de la renta madrileña que estaban pendientes de resolución: “El expediente queda abierto hasta que la Seguridad Social no resuelva la solicitud del IMV. En el caso de los usuarios a los que se les ha denegado el IMV, si previamente habían solicitado la RMI, se reanuda la tramitación del expediente de oficio por parte de Servicios Sociales o a solicitud del interesado”. Pendiente está por el momento la revisión legislativa de la renta mínima, que es “una oportunidad para que la RMI pueda atender, en similares condiciones, a personas a las que no alcanza el IMV, pero que se encuentran igualmente en situación de pobreza y exclusión”.
En organizaciones sociales como la EAPN y RMI Tu Derecho denuncian sobre todo la suspensión de RMI a familias beneficiarias por la supuesta percepción del IMV. “Hay gente a la que le han quitado la RMI, que han solicitado el IMV pero que todavía no lo están cobrando. Es verdad que no es una situación generalizada, pero tenemos varios casos que en Servicios Sociales nos justifican como errores”, explica a este medio Roberto Borda, miembro de RMI Tu Derecho. Desde la Consejería de Políticas Sociales apuntan que “en ningún caso” se retira la RMI por solicitar el ingreso estatal: “Todo lo contrario, desde la Comunidad de Madrid se ha trabajado precisamente para que no haya suspensiones, tratando de llevar a cabo una transición ordenada y que no deje a ninguna familia en el camino”.
Borda reitera que hay familias que se han quedado sin su RMI y sin ingresos por estos “errores”: “Tenemos el caso de una familia que les extinguieron la RMI porque pensaban que les habían dado el IMV. No era así, presentamos el recurso en el mes de junio y aún no ha recibido respuesta”. Desde RMI Tu Derecho exigen al Gobierno madrileño que antes de retirar una renta mínima exista un procedimiento de audiencia con la familia afectada, “para que se pueda comprobar la situación y si hay un error se detecte sin llegar a cancelar la renta porque luego es muy lento el proceso para recuperarla”. Desde la aprobación del IMV, ha descendido notablemente el número de perceptores de la RMI madrileña, desde las 22.500 familias en junio a las 18.000 del mes de septiembre.
Extremadura
Extremadura es la comunidad con más pobreza de España. La tasa alcanza el 31,5%. Casi uno de cada tres ciudadanos están en riesgo de pobreza, es decir, vive con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana del país. Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas por Extremadura han consensuado una iniciativa sobre la renta básica extremeña, apoyada en el pleno de la Asamblea de Extremadura por unanimidad, para que la Renta Extremeña Garantizada mantenga su tramitación de manera normalizada hasta que se despliegue por completo el ingreso mínimo vital. Hasta el pasado viernes, la Seguridad Social había reconocido el IMV a un total de 5.017 hogares extremeños.
El Gobierno extremeño, liderado por el socialista Guillermo Fernández Vara, aprobó la prórroga automática de la renta básica extremeña que vencieran en el periodo del estado de alarma y ha asegurado que la tramitación de la renta extremeña garantizada, que es “subsidiario y complementaria” al IMV, se mantiene pese a la aprobación de la nueva ayuda estatal. El Ejecutivo regional se ha abierto a modificar la ley de la renta extremeña para que complemente a la estatal, como por ejemplo los jóvenes que provienen del sistema de protección de menores de la Comunidad.
Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, el Ejecutivo autonómico ha sustituido desde la semana pasada su renta mínima autonómica con 25 años de antigüedad, el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), por el nuevo ingreso mínimo vital a nivel estatal, en una maniobra criticada tanto desde la oposición, como en entidades como el Colegio Oficial de Trabajo Social, entre otros. Desde que esta disposición se publicó en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM), se mantienen las ayudas regionales del IMS ya reconocidas, pero se han archivado todas las solicitudes pendientes de resolver y no se permite tramitar nuevas peticiones, informa Alicia Avilés.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de esta comunidad considera que se trata de una decisión “precipitada” debido a que el ingreso mínimo estatal se encuentra en un “atasco mayúsculo” y, por lo tanto, no puede garantizarse que todas las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad estén percibiendo una renta de inserción en la región. El “profundo desacuerdo” de este colectivo profesional se basa igualmente en otra serie de motivos, como en que al ser su anulación retroactiva –archivando expedientes ya iniciados– “deja en un mal lugar a las y los profesionales del trabajo social que en sus seguimientos de las unidades familiares susceptibles de solicitarlo habían llegado a un acuerdo para su tramitación”.
Ante las críticas de desprotección, la Consejería de Bienestar Social asegura que, en caso de que un hogar no cumpla los requisitos del IMV, tendrá a su disposición tanto las Ayudas de Emergencia Social (AES) que el Ejecutivo regional convoca de forma permanente, como las prestaciones extraordinarias aprobadas el pasado mes de mayo para situaciones sobrevenidas por la pandemia de COVID-19, para lo que se dio luz verde a un gasto de 15 millones de euros. En Castilla-La Mancha, el año pasado se beneficiaron de la renta mínima regional un total de 4.132 familias, el punto más alto de resoluciones en toda su historia. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Inclusión informó de que ya había un total de 5.385 expedientes aprobados del IMV en esta Comunidad.
Comunidad Valenciana
La Generalitat Valenciana aprobó el 26 de julio un decreto para compatibilizar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), prestación incorporada en 2018, con el ingreso mínimo vital, a falta de un acuerdo entre administraciones para compartir datos y recursos. El Gobierno central ha impugnado el decreto al considerar que la Generalitat Valenciana se extralimita en sus competencias, aunque aún no ha interpuesto ningún recurso ante el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo confía en acordar el encaje de esta regulación a través de una comisión bilateral, explican en el Ministerio de Inclusión.
Dadas las diferencias en los importes de ambas ayudas, el decreto valenciano establece que si un beneficiario o destinatario percibe el IMV, se le restará este de la cuantía a percibir correspondiente a la RVI. En el caso en el que el importe del IMV sea mayor que el de RVI el importe reconocido será cero, pero se mantendrá a la persona como titular de la Renta Valenciana de Inclusión para que mantenga el derecho a la prestación profesional de los itinerarios de inclusión. Con carácter general, las prestaciones del Gobierno autonómico son más elevadas que las que prevé el central, contando el complemento de vivienda, informa Laura Martínez.
En mayo de 2020 y después de la segunda ampliación de crédito de la Generalitat Valenciana, el sistema de Renta Valenciana de Inclusión llegaba a 55.000 personas beneficiarias. Los últimos datos del Ministerio de Inclusión indican que el IMV ya ha sido reconocido a 17.187 hogares, con fecha del pasado viernes.
Andalucía
La Junta de Andalucía ha apostado por la complementariedad de su Renta Mínima de Inserción de Andalucía y el ingreso mínimo vital, que regulará mediante un decreto que está “muy avanzado”. Aunque la administración autonómica entiende que la ayuda andaluza debe tener un “carácter subsidiario”, no termina de reconfigurarla y arguye los “retrasos” del ingreso estatal en el actual periodo transitorio. En cualquier caso, asegura hasta que no se percibe el IMV, independientemente de que se haya solicitado, se puede solicitar y seguir percibiendo la renta mínima de la Comunidad, informa Javier Ramajo.
El Gobierno andaluz, gobernado por PP y Ciudadanos con Juanma Moreno a la cabeza, denuncia que el ingreso mínimo estatal está teniendo importantes retrasos en su gestión, y ello está ocasionando que una familia andaluza pudiera percibir antes la renta mínima regional que el ingreso estatal, sobre todo, en las provincias que llevan una gestión con menos retraso. En cualquier caso, la Junta por su parte también acumula importantes retrasos en la tramitación de su ayuda autonómica.
En la adaptación de la RMI andaluza por decreto, el Gobierno andaluz prevé “incrementar la dotación económica a las familias con hijas e hijos menores de edad” a través de su renta regional así como “llegar a las personas vulnerables que no tienen acceso al ingreso mínimo”. Hasta el pasado viernes, el Ministerio de Inclusión había aprobado el IMV a 44.190 hogares en Andalucía.
Murcia
En la Región de Murcia, la cuarta Comunidad con una mayor tasa de pobreza (27,7%), la Renta Básica de Inserción (RBI) permite percibir una ayuda mensual de 430,27 euros como mínimo para las familias de escasos recursos y que se concede por dos años prorrogables. La renta autonómica es compatible con la actividad laboral esporádica, con un máximo de 31 días en un periodo de seis meses, y es complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV), de manera que puede percibirse junto a renta estatal siempre que su cuantía sea inferior a la RBI máxima establecida para la unidad de convivencia (806,76 euros mensuales), informa Santiago Cabrera.
Desde el Gobierno regional, liderado por Fernando López Mirás (PP), señalan que a día de hoy son “muchos los supuestos protegidos por la Renta Básica que no tienen cabida en el IMV”. La administración murciana no cierra la puerta a hacer modificaciones para compatibilizar mejor ambas ayudas, pero considera que es demasiado “prematuro” ya que el Ingreso Mínimo Vital “no quedará articulado hasta la publicación de su desarrollo reglamentario”. Hasta abril del presente año percibían la RBI 3.918 familias. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, la Seguridad Social ya ha reconocido el IMV a 5.313 hogares en la Comunidad.
Baleares
El Govern de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, aprobó a mediados de junio un decreto para compatibilizar las ayudas sociales en las islas al nuevo ingreso mínimo vital. Fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes explican que se ha modificado la Renta Social Garantizada (RESOGA) de la Comunidad, aprobada en 2016 y que alcanza a unos 8.500 hogares, ampliando los perfiles actuales de los perceptores y aumentando las cuantías que tenía hasta el momento la renta isleña para “adaptarla a las de la prestación estatal”. El incremento en la ayuda regional se aplica “desde julio”, indican en la Consellería, y supone en algunos casos importantes aumentos para los hogares vulnerables. Por ejemplo, hasta el momento la renta garantizada para un hogar con un adulto y un menor a cargo era de 596,88 euros al mes y desde julio alcanza los 701,53 euros mensuales. En el caso de las familias formadas por dos adultos y tres menores, las cuantías pasan de los 780,53 euros al mes a los 1.015,37.
El Govern dio hasta el 30 de agosto para que los perceptores de la RESOGA solicitaran el Ingreso Mínimo Vital a la Seguridad Social, lo que determinará si pasan a recibir la prestación estatal o mantienen la balear. Ambas prestaciones son incompatibles. Según el Govern, las ayudas autonómicas no se retiran hasta que no se recibe la nueva renta estatal. Hasta el pasado viernes, la Seguridad Social había reconocido el IMV a 1.276 hogares en las islas.
Además, Baleares garantiza el complemento de las pensiones no contributivas (PNC) este decreto, “con el máximo legal posible que permite la legislación estatal, un 24,91% sobre la pensión, que equivale a un complemento máximo de 115 euros mensuales”, ha legislado la Renta de Emancipación que reciben los extutelados por la administración y ha creado una comisión interdepartamental que analizará cada año si se deben complementar y cómo las rentas más bajas por vía presupuestaria.
Canarias
Canarias es la tercera Comunidad con mayor tasa de pobreza, del 28,5%. El Gobierno canario ha incrementado el número de beneficiarios de su Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante los últimos meses hasta alcanzar las 8.184 familias, frente a las 5.000 que se beneficiaban en agosto del año anterior. El Ejecutivo dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres ha realizado recientes modificaciones en el decreto que la regula para que las familias que han solicitado la PCI o tenían que renovarla no tengan que esperar a la resolución del IMV. También las que cobren actualmente la prestación canaria y estén esperando por el ingreso estatal, no tendrán que devolver la cuantía abonada por el Gobierno de Canarias cuando reciban la aprobación del IMV. En el Gobierno de Canarias consideran que el IMV dará cobertura a unas 50.000 familias, pero hasta el pasado viernes, la Seguridad Social solo había aprobado el ingreso estatal a 5.863 hogares, informa Jennifer Jiménez.
La Prestación Canaria de Inserción sólo puede cobrarse durante 24 meses y en casos excepcionales ser ampliada a seis meses. Desde el 1 de enero de este año las familias con menores a cargo que cumplan los requisitos, y de forma también excepcional, podrán continuar cobrando esta ayuda sin duración determinada. Se trata de una situación a la que ya se han acogido 453 familias (1.400 beneficiarios y 784 menores). Desde la Consejería de Derechos Sociales aseguran que su prestación canaria de inserción se mantendrá mientras arranca el Ingreso Mínimo Vital y además trabaja –ya desde el año pasado– en desarrollar su propia Renta de Ciudadanía de Canarias, que el Ejecutivo canario pretende que sirva como complemento al IMV, con ayudas a la vivienda, a la escolarización de cero a tres años, complementos a las rentas del trabajo, etc.
Además, un mes antes de que se aprobara el IMV, Canarias aprobó su propio Ingreso Canario de Emergencia (ICE), de un solo pago y que llega a colectivos más amplios que el IMV, como personas migrantes y población sin cuenta bancaria. Lo han cobrado 16.000 familias canarias, pero hay unas 1.300 solicitudes que se encuentran en limbo burocrático porque correspondían principalmente a personas que no tenían cuenta bancaria y la burocracia no ha permitido aún que se pueda firmar un convenio con una entidad bancaria para facilitar este ingreso con una tarjeta prepago. Está previsto que en las próximas semanas se abone un segundo pago de este ingreso.