Las ayudas a la contratación de mujeres víctimas de violencia de género apenas se usan: solo mil en un año

Las empresas pueden desempeñar un papel clave en la lucha contra la violencia de género. En su poder tienen una llave que para muchas mujeres supone poder salir del círculo de violencia en el que viven: el empleo. Tener un trabajo que les brinde la autosuficiencia económica es fundamental, dado que es frecuente que las víctimas se hayan desvinculado del mercado laboral, señalan los expertos. Los sindicatos llaman la atención sobre que algunas herramientas específicas para la impulsar la inserción laboral de este colectivo, como las bonificaciones a las empresas para su contratación, se usan muy poco: solo hubo alrededor de mil contratos de este tipo en 2018.

La ayuda en las cuotas a la Seguridad Social de las compañías que contraten a víctimas de violencia de género –de 1.500 euros anuales durante cuatro años para los contratos indefinidos y de 600 euros al año en los temporales– es una de las medidas del programa de integración laboral para mujeres maltratadas reguladas por decreto en 2008, entre las que figuran también ayudas para la movilidad geográfica y el acceso a itinerarios individualizados.

El dato concreto de contratos bonificados en 2018 registrados en el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es 1.075. De ellos, la inmensa mayoría son de víctimas por violencia de género aunque puede haber algunos por algún otro tipo de violencia, explican en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Este dato, el más alto registrado hasta la fecha, no implica que sea el total de contratos suscritos a víctimas de violencia de género, porque en algunos casos no se declara esta circunstancia de la trabajadora. Incluye solo aquellos acogidos a esta ayuda específica.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT y responsable de Igualdad del sindicato, considera que la cifra aún es “muy insuficiente” y urge a compararla con otros datos, como las denuncias presentadas cada año por mujeres –que solo reflejan una parte de la violencia, ya que muchas mujeres no denuncian– así como el número de contratos totales que suscriben mujeres.

En 2018, hubo 166.961 denuncias por violencia de género y 39.176 órdenes de protección acordadas, por ejemplo. En cuanto a los contratos, las mujeres suscribieron un total de 9.567.113 contratos a lo largo de 2018.

Otra de las críticas de los sindicatos es que –como sucede en general con la contratación en España– la gran mayoría de los contratos bonificados suscritos a víctimas de violencia de género son temporales, lo que resta seguridad a estos empleos. El último desglose disponible, de 2016, cifra los contratos temporales en un 75,5% del total.

Las ayudas no se están utilizando, lamenta Antoñanzas, pese a que muchas mujeres necesitan engancharse al mercado laboral. UGT remite al reciente proyecto europeo WeGo! de la UE que destaca que el “82,5% de las mujeres que han sufrido violencia son poco independientes económicamente” y que apunta que un “59,1% están desempleadas”.

En la Federación de Mujeres de CCOO subrayan también que “tenemos datos de muy pocos contratos por sustitución, concretamente en 2018 fueron 313, lo cual pone de manifiesto que se trata de una medida que no está funcionando adecuadamente”. Estos contratos están bonificados al 100% para las empresas que contraten a un interino que sustituye a la mujer víctima que haya suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo.

eldiario.es ha preguntado a la CEOE por estos contratos bonificados para víctimas, pero no ha obtenido respuesta.

Desconocimiento de las ayudas tras una década

Detrás del escaso uso de estas ayudas empresariales a la contratación hay varios motivos, pero uno de los más repetidos por las fuentes consultadas es “el desconocimiento”. Tras más de diez años en vigor, “hay mucho desconocimiento en las empresas que contactamos, que no saben que existe o cómo se hace este trámite”, explica Nines Jordán, psicóloga y orientadora laboral de Federación de Mujeres Progresistas, que trabaja en la inserción al mercado de trabajo de víctimas de violencia de género.

Otra de las barreras, que encuentra Nines Jordán y también Javier José Pérez de Cruz Roja, son los “estereotipos de las empresas”. Los intermediadores laborales explican que algunas compañías tienen prejuicios sobre la contratación de víctimas de violencia de género, como “que se va a presentar el agresor en la oficina, que las víctimas son personas débiles, que la violencia solo afecta a personas que baja cualificación...”, explica Pérez. El técnico de Empleo de Cruz Roja sostiene que, aunque aún queda trabajo por hacer en este sentido, las tareas de sensibilización han reducido mucho estos estereotipos en España. Y a veces, señalan los orientadores, son las propias víctimas las que no quieren identificarse como tal al buscar empleo.

Ambos mediadores laborales señalan la importancia de concienciar a las empresas el papel social que pueden jugar para combatir la violencia de género, “que es un problema social muy grave, de todos”, afirma Nines Jordán. “Se sabe que el trabajo permite salir en muchas ocasiones de esta situación. Eso ya debería ser un motivo para contratar a una víctima de violencia de género”, valora la orientadora laboral.

Los especialistas explican que cuando muchas mujeres logran salir de la violencia –o están el proceso– se encuentran en paro y con currículos con grandes lagunas en sus carreras profesionales, ya que una de las vías de aislamiento de las víctimas por parte de sus agresores es el trabajo, recuerda Javier José Pérez. El mediador de Cruz Roja reclama que las compañías tengan en cuenta “las competencias y el talento de estas mujeres”, más que su experiencia previa, “porque son cribas que puede que no superen en muchos casos y hay una explicación que lo justifica”.

A veces, las dificultades radican en los trámites administrativos. Antes, se exigía que las mujeres acreditaran su condición de víctimas con sentencias que condenaran a sus agresores, órdenes de protección y escasas posibilidades más. Tras el Pacto de Estado por la Violencia de Género, “se ha ampliado el número de organismos habilitantes de la condición de víctimas”, recuerda Carmen Menéndez, subdirectora general de Políticas Activas de Empleo del SEPE, que incluyen también informes de asistentes sociales acreditados, por ejemplo, sin la necesidad de que exista denuncia.

Otra novedad en los últimos años es que los hijos que son considerados víctimas de violencia de género, desde que así se permitiera desde 2015, también pueden acogerse a esta bonificación a su contratación.

Javier José Pérez destaca que estas ampliaciones que hacen más accesibles las ayudas aún están sobre el papel, pero no sobre la mesa de muchas empresas. “Todavía te preguntan si hay denuncia u orden de protección”, sostiene. Por ello, todas las voces consultadas reclaman más publicidad para estas ayudas al empleo y los derechos laborales de las víctimas. Una encuesta de Adecco entre 160 mujeres víctimas que acudieron a la empresa de recursos humanos, “el 80,6% no se ha acogido a ninguno de los derechos profesionales por ser víctima de violencia de género dado que casi la mitad desconocía incluso disponer de dichos derechos”.

Nines Jordán subraya también no quedarse en el paso de la contratación y olvidar las circunstancias de esa empleada. “Los mayores problemas que encontramos son de conciliación. Muchas son mujeres con hijos y sin ninguna red para apoyarse y necesitan conciliar el ciudado para poder trabajar”.